Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones porque existe el riesgo de que la oposición llegue al poder.

La frase parece escrita para una sátira sobre un dictador incapaz de reconocerse frente al espejo. Sería cómica si no estuviera sostenida por cárceles, exilios, confiscaciones, vigilancia y muertos. Ortega no canceló las elecciones porque sospeche que alguien pretende manipularlas. Las canceló porque teme que funcionen.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista. También anunció nuevas leyes para levantar un “muro” contra los partidos opositores, a cuyos integrantes llamó “golpistas” y “vendepatrias”.

No fue un exabrupto. Fue una doctrina: el poder pertenece al régimen y cualquier mecanismo capaz de arrebatárselo debe desaparecer.

Ortega acaba de decir en voz alta lo que su gobierno practica desde hace años. Las elecciones son aceptables mientras confirmen al gobernante. Cuando pueden producir alternancia, se convierten en una amenaza. Como el Estado, para Ortega, es Ortega, votar por otro pasa a ser una forma de traición.

El hombre que regresó al poder gracias a las urnas decidió clausurarlas para impedir que alguien pueda hacerle lo mismo.

La Revolución Sandinista derrotó en 1979 a la dinastía de los Somoza, que había gobernado Nicaragua durante más de cuatro décadas mediante fraude, corrupción, represión y control de la Guardia Nacional. Miles de nicaragüenses murieron creyendo que luchaban para terminar con un poder familiar que trataba al país como una propiedad privada.

La revolución acabó con aquella familia. No terminó con el principio dinástico.

Daniel Ortega convirtió al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la estructura de su permanencia y al Estado en la plataforma de un matrimonio. Rosario Murillo pasó de primera dama y vicepresidenta a copresidenta mediante una reforma constitucional aprobada por una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El poder ya no se presenta siquiera como la conducción de un partido. Tiene dos apellidos y una sucesión familiar en preparación.

No era ese el destino por el que murieron los combatientes sandinistas. Sus vidas no fueron entregadas para que Ortega heredara el lugar de Somoza ni para que Murillo recibiera rango constitucional dentro de un gobierno conyugal.

Pero eso ocurrió.

La revolución prometió devolver Nicaragua a los nicaragüenses. Ortega terminó utilizando la memoria de sus muertos como escritura de propiedad.

La historia moderna ofrece pocos ejemplos de revoluciones que hayan derrocado una dictadura y devuelto rápidamente el poder a los ciudadanos. El caso más limpio es Portugal. La Revolución de los Claveles puso fin en abril de 1974 a casi medio siglo de autoritarismo. Un año después, los portugueses eligieron libremente una Asamblea Constituyente. En 1976 aprobaron una Constitución democrática y celebraron elecciones legislativas y presidenciales.

Los militares portugueses hicieron una revolución para que su país pudiera votar. No declararon que la libertad les pertenecía por haber arriesgado la vida para conquistarla.

La mayoría de las grandes revoluciones siguió otro camino. La francesa derribó a un rey, atravesó el Terror y terminó coronando a Napoleón como emperador. La rusa acabó con el zarismo y construyó una dictadura de partido único. Muchas insurrecciones latinoamericanas sustituyeron a un caudillo por otro, cambiaron los retratos de los edificios públicos y conservaron intacta la idea de que el poder se conquista para poseerlo.

Nicaragua pertenece a esa tradición.

Ortega llegó por primera vez a la Presidencia como dirigente de la revolución. En 1990 convocó elecciones, las perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el gobierno. Ese episodio demuestra que alguna vez aceptó una regla democrática elemental: quien pierde debe irse.

Regresó al poder después de ganar las elecciones de 2006 y asumió en enero de 2007. Esta vez extrajo otra lección: impedir que las condiciones de 1990 pudieran repetirse.

Desde entonces, Nicaragua continuó celebrando votaciones, pero las elecciones fueron perdiendo aquello que las convierte en elecciones: oposición libre, justicia independiente, árbitros confiables, prensa sin censura, partidos capaces de competir y candidatos que no estuvieran presos, desterrados o inhabilitados.

Ortega no dejó de convocar elecciones de un día para otro. Las fue vaciando.

Controló los poderes del Estado, anuló partidos, persiguió dirigentes, cerró medios, universidades y organizaciones civiles, confiscó propiedades y despojó de la nacionalidad a críticos y opositores. En 2021, varios de los principales aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de poder competir.

Utilizó la democracia para regresar al poder y, una vez dentro, destruyó los mecanismos democráticos que podían expulsarlo.

Ahora completó el proceso. Ya no necesita organizar una ceremonia electoral sin competencia real. Puede prescindir de la ceremonia.

La dictadura de Ortega y Murillo utiliza métodos conocidos en América Latina. La ideología es distinta de la que invocaban los regímenes militares de los años setenta; los instrumentos resultan inquietantemente familiares.

La Policía, los servicios de inteligencia, grupos armados vinculados al oficialismo, fiscales, jueces y autoridades administrativas funcionan como partes de un mismo dispositivo de control. El adversario político es tratado como delincuente. La crítica se convierte en conspiración. El periodismo independiente es presentado como una operación extranjera. El exilio deja de ser una consecuencia de la persecución y pasa a ser una política de Estado.

El Ejército no encabeza formalmente una junta militar, pero el régimen reforzó su subordinación al poder presidencial y concentró el mando sobre las instituciones armadas y policiales. No es una copia exacta de las dictaduras del Cono Sur. Es una dictadura familiar que incorporó el aparato de seguridad, los tribunales, la administración pública y las fuerzas armadas a su sistema de supervivencia.

La represión de las protestas de 2018 mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Organismos internacionales documentaron centenares de muertos, miles de heridos, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. Desde entonces, la maquinaria no se desmontó: se volvió más discreta, más legalista en apariencia y más extensa.

Las dictaduras de los años setenta hablaban de seguridad nacional. Ortega habla de revolución, soberanía y defensa frente al imperialismo. El vocabulario cambia. La celda, el interrogatorio y el miedo cumplen la misma función.

La declaración sobre las elecciones elimina la última coartada.

Hasta ahora, el régimen podía fingir que Nicaragua conservaba instituciones democráticas, aunque estuvieran bajo su control. Ortega decidió abandonar incluso esa ficción. Dijo que no permitirá elecciones porque la oposición podría ganar. No porque sus adversarios carezcan de apoyo, sino precisamente porque podrían tenerlo.

La sinceridad involuntaria resulta casi admirable.

Los dictadores suelen redactar constituciones, convocar plebiscitos, fabricar resultados y contratar juristas que expliquen por qué la voluntad del gobernante coincide con la voluntad popular. Ortega simplificó el trámite: el pueblo no votará porque podría elegir a alguien que no sea Ortega.

Ese es el principio de toda dictadura reducido a una sola oración.

La Revolución Sandinista prometió acabar con un régimen que impedía a los nicaragüenses decidir su futuro. Cuarenta y siete años después, uno de sus antiguos comandantes anuncia que los nicaragüenses no podrán decidirlo porque podrían decidir mal.

Somoza necesitaba impedir que el pueblo eligiera. Ortega ha terminado confesando que necesita exactamente lo mismo.

La revolución cambió los uniformes, los símbolos y los discursos. Cambió también el apellido de la familia instalada en el poder.

No cambió la dictadura por la democracia.

Cambió de dictador.