El 19 de julio de 2026, en el acto que conmemoraba el 47º aniversario de la revolución que derrocó a Anastasio Somoza, Daniel Ortega tomó el micrófono en Managua y dijo la frase que cierra cualquier posibilidad de matiz: “aquí no volverá a haber elecciones”. La remató así: “nunca, nunca, nunca”. El hombre que empuñó un fusil para que Nicaragua dejara de vivir bajo una dinastía sin urnas, anunció en el aniversario de esa gesta que su país no volverá a tener urnas mientras él decida lo contrario. No hizo falta que nadie se lo atribuyera; lo dijo con nombre y fecha, ante una multitud convocada para aplaudirlo.
La frase no salió de la nada. Llegó después de una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que ya había postergado las elecciones previstas para noviembre de este año hasta 2027, extendido el mandato presidencial y elevado a su esposa, Rosario Murillo, de vicepresidenta a “copresidenta”. Ortega y Murillo gobiernan hoy Nicaragua como una pareja con rango constitucional compartido, algo sin precedentes en el hemisferio, con una oposición que él mismo describió esa noche como gente “agazapada” que “ya quisiera ganar elecciones para hacer reales con las escuelas”.
Murillo merece su propio párrafo, porque no es un personaje secundario del régimen sino su arquitecta simbólica. En 1990, cuando el sandinismo perdió el poder por primera vez, ella tenía organizado un Congreso Mundial de Brujería en Managua que nunca llegó a celebrarse porque las elecciones se lo impidieron. Desde entonces construyó una estética pública inconfundible: anillos y amuletos de lapislázuli y turquesa en cada dedo, símbolos esotéricos en los actos oficiales, un pentagrama invertido erigido en la Plaza de la Revolución, y testimonios periodísticos recientes que describen reuniones de gobierno con presencia de santeros. Un sacerdote costarricense la definió públicamente como “la segunda bruja más importante del mundo”. No hace falta compartir esa lectura para notar algo más verificable: la mujer que hoy comparte la presidencia formal de un país llegó ahí sin que ningún nicaragüense la votara para ese cargo específico. Si algo la elevó al poder, no fue una boleta.
El costo de sostener ese poder se mide mejor en lo que le pasó a la gente que ayudó a construirlo. La revolución de 1979 tuvo una Dirección Nacional de nueve comandantes. Hoy, de esos nueve, solo Ortega sigue en el poder. Dos están presos: Bayardo Arce y Henry Ruiz. El primero es casi una fábula moral resumida en una frase: durante años fue señalado como el único de los nueve que seguía respaldando abiertamente a Ortega y Murillo. Terminó preso de todos modos. Un tercero, Humberto Ortega, hermano del presidente, murió bajo custodia del régimen en condición de preso político, después de que su propio hermano lo acusara públicamente de “traición a la patria” por cuestionar la sucesión dinástica hacia Murillo y sus hijos. De los seis restantes, dos murieron leales antes de que la represión alcanzara este punto, uno vive exiliado, y los últimos dos se retiraron de la vida pública sin hacer ruido. Edén Pastora, “Comandante Cero” y líder del asalto al Palacio Nacional en 1978, siguió un camino propio: rompió con el sandinismo, combatió contra Ortega financiado por la CIA, y terminó reconciliado con él décadas después, aceptando un cargo de gobierno en 2008. Murió en 2020.
Pero hay una historia dentro de esta historia que la izquierda latinoamericana rara vez cuenta, porque no encaja con el relato heroico que construyó sobre 1979. Brooklyn Rivera Bryan, líder del pueblo indígena miskito, murió el 30 de mayo de este año, a los 73 años, bajo custodia del mismo régimen sandinista. Lo habían detenido mediante engaño el 29 de septiembre de 2023; recién en noviembre de 2024 le formularon una acusación formal —”traición, conspiración y socavamiento de la integridad nacional”, la fórmula genérica que el régimen reserva para cualquiera que le incomode—. Durante casi tres años de reclusión ilegal jamás se le permitió recibir visitas de su familia. Cuando murió, su hija, exiliada, pidió autorización para despedirlo según las tradiciones miskitas. El régimen ignoró el pedido y lo enterró en Managua sin ella.
Lo que hace de este caso algo más que una represión más es su origen. Rivera no era un disidente reciente: fundó Misurasata, la organización miskita, y se enfrentó al gobierno sandinista desde el primer año de la revolución. Entre diciembre de 1981 y enero de 1982 —con el sandinismo apenas dos años en el poder, en la cima de su prestigio internacional— ese gobierno ejecutó lo que en Nicaragua se conoce como la Navidad Roja: la masacre y el desplazamiento forzado de miles de indígenas miskitos, mujeres y niños incluidos. Rivera presentó la primera denuncia formal por esos hechos. En 1985 negoció la paz con los mismos sandinistas a cambio de que la autonomía de la Costa Caribe quedara escrita en la Constitución, algo que efectivamente ocurrió en 1987. Ese acuerdo, la única concesión duradera que el sandinismo le hizo a un pueblo originario, terminó de romperse en 2023, cuando el régimen le revocó a YATAMA —el partido que Rivera fundó hace 36 años— su personería jurídica, y militarizó los territorios indígenas del Caribe nicaragüense.
Reed Brody, abogado y miembro de un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, respondió con una frase que no necesita ningún adorno editorial: “Se lo llevaron con vida y, después de negarse a decirle a su familia, a su abogado, al mundo, cualquier cosa sobre su paradero, entonces lo llaman hermano”. El régimen que se dice heredero de una revolución popular no solo desapareció durante tres años a un líder indígena. Antes, en 1981, ya había masacrado al pueblo que ese líder representaba. Ninguna de las dos cosas ocupó jamás un lugar central en el relato que la izquierda continental hizo de la revolución sandinista.
Los números actuales, mientras tanto, no son estimaciones de un observatorio distante; los llevan organizaciones nicaragüenses caso por caso, con nombre y familia autorizante. Al 31 de julio de 2026, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua contaba al menos 60 presos políticos —51 hombres y nueve mujeres—, aclarando que se trata de “un número mínimo verificable”, porque solo incluye los casos que las propias familias autorizaron a hacer públicos. De esos 60, 23 están en condición de desaparición forzada: ni reconocidos en el sistema penitenciario, ni con acceso familiar o legal. La cifra era de 11 en marzo; para agosto se había más que duplicado, a medida que más familias se animaban a romper el silencio que el miedo les había impuesto. Al menos ocho personas murieron bajo custodia estatal desde 2019. Y más de 935.000 nicaragüenses viven hoy en el exilio, sobre una población total de 6,8 millones, perseguidos incluso fuera del país por lo que organismos internacionales describen como una red transnacional de vigilancia e intimidación.
Nada de esto es nuevo para quien quiera mirarlo, y ahí está el nervio real de esta historia. En 1977, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la Nicaragua de Somoza, resultado de una misión enviada el año anterior, documentando la represión de esa dictadura. Ese informe terminó archivado por el propio Frente Sandinista como parte de su acervo de denuncia contra el somocismo —hoy se conserva en el Centro de Historia Militar de Managua, junto a los testimonios que los sandinistas llevaron al Congreso de Estados Unidos para presionar contra Somoza—. Lo usaron como munición. Les sirvió.
Hoy Amnistía documenta contra el gobierno de Ortega y Murillo el mismo tipo de abusos que documentó contra Somoza, y contra Rivera el mismo tipo de violencia que ese gobierno ejerció desde 1981 contra su propio pueblo. La diferencia no está en la gravedad de los hechos ni en el rigor de quien los denuncia. Está en quién decide escuchar.
La izquierda latinoamericana construyó buena parte de su identidad política citando informes como el de 1977 contra dictaduras de derecha, y tiene toda la razón histórica para hacerlo. Pero la palabra que más repite ese espacio político —solidaridad— no aparece en ningún comunicado, marcha ni discurso relevante sobre Nicaragua. No hay pancartas por los 60 presos políticos, ni consignas por los 23 desaparecidos, ni columnas de opinión exigiendo la autodeterminación de un pueblo que salió a la calle en 2018 y fue recibido a tiros por su propio gobierno. Tampoco las hubo, cuatro décadas antes, por los miskitos de la Navidad Roja. La misma tradición política que interrumpía actos culturales para leer comunicados de Amnistía contra Pinochet guarda, ante Nicaragua, un silencio que no es ignorancia. Es elección.
Quizás la explicación esté a la vista y no haga falta buscarla más lejos: cuando el represor se presenta con la bandera correcta, deja de ser un dictador y pasa a ser, simplemente, un compañero con problemas de comunicación. Da lo mismo cuántos presos, desaparecidos, exiliados o pueblos originarios masacrados acumule mientras tanto. La solidaridad, al parecer, también tiene código de vestimenta.
