Hay una comunidad que llegó a este país hace más de un siglo y nunca le pidió a Uruguay que cambiara. Se instaló, trabajó, mandó a sus hijos a la escuela pública, aprendió a tomar mate, votó, hizo negocios, enterró a sus muertos en sus propios cementerios y celebró sus fiestas puertas adentro, sin pedirle al vecino que las entendiera ni que las compartiera. La colectividad judía uruguaya construyó sinagogas, escuelas, clubes, mutualistas —y del otro lado de esa puerta fue, sencillamente, uruguaya. Jugó al fútbol los domingos, curtió el carnaval, militó en los sindicatos, se mezcló, se casó para afuera, se disolvió en la trama común sin pedir nada a cambio salvo que la dejaran vivir en paz. No hay una sola instancia en la que haya intentado torcerle el brazo a la idiosincrasia local. No hay una mezquita reclamando que el Estado le ceda soberanía sobre una manzana, no hay una prédica que le exija al uruguayo adaptar su calendario, su vestimenta o su derecho a la vecina que pasa en bikini. El judío entra a su casa y ahí adentro es lo que quiera ser; sale a la calle y ahí afuera es uruguayo, sin condiciones ni reclamos. Compárenlo, si quieren, con la lógica inversa que trae consigo buena parte del islam político allí donde se asienta: no llega a integrarse a la sociedad que lo recibe, llega a corregirla, a empujarla hacia su propio molde —a convertir, si puede, el lugar que lo recibió en una versión del lugar del que buena parte de sus propios fieles tuvo que escapar. Uruguay nunca tuvo ese problema con sus judíos.
Elijo Uruguay porque es el país que conozco y puedo documentar con precisión, pero no hace falta ser uruguayo para reconocerse en esta nota: cualquier lector de Buenos Aires, de Asunción, de Brasil, de Chile, de México o de cualquier otro país del mundo donde exista una comunidad judía va a encontrar, con otros apellidos y otras siglas partidarias, exactamente el mismo mecanismo que voy a describir acá. Uruguay es el caso de estudio, no la excepción.
Y sin embargo, en este país que jamás recibió de la colectividad judía otra cosa que aportes, hay un Parlamento que lleva más de dos años sin poder declarar que Hamás —los mismos que el 7 de octubre entraron a un kibutz a degollar familias, violar mujeres y quemar bebés— es una organización terrorista. No hay ambigüedad posible sobre lo que es Hamás. La tiene la Unión Europea, la tiene Estados Unidos, la tiene Canadá, la tiene Japón, la tiene Paraguay, la tiene la propia Organización de Estados Americanos. Uruguay, no.
La historia de esa omisión tiene nombre y fecha, y vale la pena contarla despacio porque es la prueba de laboratorio de todo lo demás. En julio de 2024, todavía con Lacalle Pou en la presidencia, el senador colorado Andrés Ojeda —socio de la coalición de gobierno— empezó a mover la idea de crear un Registro Nacional de Entidades Terroristas que pusiera a Hamás y a Hezbollah a la cabeza de la lista. El propio gobierno de Lacalle Pou, ese que había recibido el Premio Jerusalén y abierto una oficina de innovación en la ciudad santa, se lo cajoneó. La excusa oficial, que le trasladaron después a la embajada de Estados Unidos: Uruguay se rige por el listado del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí no está Hamás. Cierto: no está, porque Rusia e Irán bloquean sistemáticamente su inclusión. Uruguay decidió, en ese momento, que prefería la comodidad de un veto ajeno antes que la incomodidad de nombrar las cosas por su nombre. Meses antes, en noviembre de 2023, la propia Cancillería había fundamentado una abstención en la ONU en el mismo argumento: la resolución no llamaba a Hamás organización terrorista, y sin esa palabra, Uruguay prefería no pronunciarse.
Después cambió el gobierno. Ganó el Frente Amplio, asumió Yamandú Orsi, y en septiembre de 2025 Ojeda —ahora en la oposición, junto a los senadores Silva y Zubía— presentó formalmente el proyecto en el Senado. Todavía no se aprobó. El senador frenteamplista Daniel Caggiani lo salió a cuestionar con el argumento heredado, textual, del gobierno anterior: que Uruguay tiene una “posición soberana” y debe regirse por lo que define el Consejo de Seguridad, no por listas propias. La embajada de Estados Unidos sigue esperando. Ojeda sigue diciendo que Uruguay está “atrasado en esta materia”. Y ahí sigue, empantanado, el mismo argumento institucional pasando de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda como si fuera una posta que nadie quiere soltar. La excusa es intercambiable. El resultado es idéntico. Dos gobiernos de signo contrario, dos mayorías parlamentarias distintas, y el mismo resultado: Hamás sigue sin ser, para el Estado uruguayo, lo que es.
Eso es la forma discreta, institucional, de mirar para el costado. Después está la forma que no se disimula.
Gustavo Salle Lorier tiene banca en el Parlamento uruguayo desde 2025. Es abogado penalista, fundó el partido Identidad Soberana, y desde su curul viene sosteniendo, con una regularidad que ya no sorprende a nadie, que existe una “cleptocorporatocracia judeo-sionista” que gobierna el mundo, que la Agenda 2030 es “judeo-sionista”, que para 2030 la humanidad estará bajo el control de “amos judeo-sionistas, esclavistas y supremacistas”, que la masonería es un “peón del judeosionismo” y la “cúspide” de B’nai B’rith, que hay que investigar cómo “el lobby judío” metió a un médico judío en el comité científico durante la pandemia. Dijo, en la radio, que la seguridad de Maldonado la maneja el Mossad y no el Ministerio del Interior. No hace falta que yo lo llame nazi para que quede establecido lo que es: alcanza con leer lo que ya dijeron, con nombre y cargo, dirigentes de otros partidos que lo escuchan todas las semanas en el recinto. La senadora nacionalista Graciela Bianchi calificó sus publicaciones de “ideología nazi” y “alto contenido antisemita”, pidió un llamado de atención formal invocando el artículo 115 de la Constitución, y recordó un antecedente que Salle debería tener tatuado: en julio de 1941, el Parlamento uruguayo desaforó al diputado colorado Alejandro Kayel por dirigir un semanario pronazi que llamaba a los judíos “monstruosos parásitos que buscan el control del Estado”. Era, dijo Bianchi, “un Parlamento formado, educado y culto”. El comunicador argentino Eduardo Feinmann, en un cruce radial que se hizo viral a los dos lados del río, lo acusó en vivo de un discurso “casi nazi” después de escucharlo hablar de la “banca judeo-sionista argentina e internacional”. Salle no lo negó con vergüenza: le devolvió la acusación llamando nazi a Netanyahu.
No es un neonazi. Un neonazi es un pibe con esvástica tatuada que descubrió el odio en un foro de internet la semana pasada. Salle es otra cosa, más vieja y más peligrosa: es el antijudaísmo europeo de antes de la guerra, calcado casi palabra por palabra —el judío que controla la banca, el judío que controla el poder oculto, la masonería como brazo ejecutor—, con el único maquillaje de reemplazar la palabra “judío” por “sionista” para poder decirlo en el recinto sin que salte la alarma. El disfraz es lo único nuevo. El contenido lo escuchó Europa entera hace noventa años.
Y acá viene lo incómodo, lo que no se puede escribir sin ensuciarse un poco las manos: Salle no está tan solo como el resto del sistema político quisiera hacer creer. No hace falta compartir su vocabulario para compartir su lógica, y no hace falta que alguien diga textualmente “soy antisemita” para que su discurso lo sea: alcanza con leer el patrón. El senador Daniel Caggiani, del MPP, es una de las voces frenteamplistas más duras contra Israel —habló de “sexo explícito” para describir la relación de la coalición anterior con el Estado israelí, cuestionó cada viaje de un legislador a Jerusalén como si fuera una traición. El PIT-CNT, con Marcelo Abdala a la cabeza, mantiene desde hace más de un año una sección entera de su portal dedicada a la palabra “genocidio”, y ahí adentro hay marchas, denuncias penales, citas de Amnistía Internacional y de la ONU, homenajes a la Flotilla Sumud, una causa judicial contra un militar uruguayo-israelí: trece piezas, sin una sola excepción, todas sobre Gaza. Ni una línea sobre Sudán, ni una sobre el Congo, ni una sobre Yemen. Y la senadora suplente Lilián Abracinskas, del Espacio 1001, viene publicando en su cuenta de X, con machacona regularidad, que el “gobierno racista y genocida de Israel” ejerce un “expansionismo sionista” que no tiene perdón, que es “oficialmente un genocidio” —sin esperar sentencia de ningún tribunal—, que toda visita parlamentaria a Israel es “una vergüenza”.
Ninguno de ellos usa la palabra “judío”. Ninguno habla de lobby, de banca, de masonería. Y sin embargo, si la variable que explicara esa indignación inagotable fuera, simplemente, la cantidad de muertos, la energía debería estar puesta en otro lado. En Sudán la ONU confirmó apenas este año “indicios de genocidio” en Darfur, con una ciudad entera sometida a un asedio de dieciocho meses hasta el hambre y la masacre final: la Corte Penal Internacional ya lo investiga como genocidio desde hace dos décadas, con nombre, con víctimas, con fecha. En el Congo, la guerra que no termina nunca se cuenta en millones de muertos, no en miles. Siria dejó, a lo largo de su guerra civil, una cifra de muertos que multiplica varias veces cualquier cálculo que se haga sobre Gaza, incluidos los más altos que circulan y que nadie audita con seriedad. De esa lista completa —Sudán, Congo, Siria, Yemen, Etiopía, los rohinyás en Myanmar— no salió del PIT-CNT una sola declaración con la vehemencia que le dedican a Israel, ni Caggiani, ni Abdala, ni Abracinskas encontraron ahí una causa que mereciera la misma indignación instantánea y sin matices. Si la escala no explica la desproporción, lo que la explica es otra cosa: no es el qué, es el quién. Y ese mecanismo —exigirle a un solo país, entre ciento noventa y cuatro, un nivel de condena que no se le exige ni remotamente a nadie más, aunque la cuenta de muertos ajena sea diez o veinte veces mayor— tiene nombre en el propio estándar internacional de referencia. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, adoptada por más de treinta y seis países, incluye entre sus ejemplos de antisemitismo contemporáneo “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. No lo escribió una ONG sionista para callar a nadie: es el estándar que ellos mismos, en teoría, deberían reconocer, y ahí adentro entran con comodidad.
El espejo internacional de ese mismo mecanismo tiene nombre propio y cargo en Naciones Unidas: Francesca Albanese, relatora especial para los territorios palestinos ocupados. En 2014, antes de asumir el cargo, escribió que Estados Unidos estaba “subyugado por el lobby judío”. Ella misma lo reconoció hace poco, en una entrevista, sin retractarse del todo: dijo que fue sacado de contexto. En febrero de este año, los cancilleres de Francia, Alemania, Italia y República Checa pidieron simultáneamente su renuncia por lo que definieron como discurso antisemita. Funcionarios estadounidenses la sancionaron. Y sin embargo sigue en su cargo, sigue hablando de genocidio con la misma certeza sin sentencia que Abracinskas, sigue siendo aplaudida en foros y universidades como una heroína de los derechos humanos. El “lobby judío” de 2014 no fue un desliz aislado: fue el momento en que se le cayó, por un segundo, el disfraz.
Porque de eso se trata, en el fondo, esta nota. El antijudaísmo no nació con Hitler ni murió con él. Nació mucho antes, con la sospecha medieval del prestamista y el profanador de hostias, y en 1894, con el caso Dreyfus —un capitán judío del ejército francés, acusado en falso de traición, condenado por una Francia que prefirió creer en el estereotipo antes que en la evidencia—, esa sospecha vieja adoptó un nombre nuevo y una pretensión científica: antisemitismo. Después vino la Shoá, y el mundo, avergonzado, tuvo que buscarle otro disfraz a la misma sospecha. Lo encontró en el antisionismo de posguerra: ya no se ataca al judío, se ataca al Estado que los judíos se dieron para no volver a ser cazados sin refugio. El objeto cambia de nombre cada generación. El prejuicio, no.
Escribo esto como uruguayo, y elegí a Uruguay como ejemplo porque es lo que puedo documentar con nombre, apellido y fecha. Pero esta nota podría estar escrita, prácticamente sin cambiar una coma de su estructura, por un colega en Buenos Aires, en Asunción, en San Pablo, en Santiago, en Ciudad de México o en cualquier otro punto del planeta donde exista una comunidad judía que se haya integrado sin pedir nada a cambio. Bastaría con sustituir “Andrés Ojeda” por el nombre del legislador local que también archivó un proyecto parecido con la misma excusa de la ONU, sustituir “Gustavo Salle” por el diputado o el influencer de turno que en ese país dice en voz alta lo que acá se dice en el recinto, sustituir “PIT-CNT” por la central sindical local, y “Caggiani” o “Abracinskas” por cualquiera de los tantos dirigentes que en cada Parlamento del continente —y del mundo— reservan su indignación más pura, más instantánea y más libre de matices para un solo país entre ciento noventa y cuatro. El mecanismo no es uruguayo. Es el mismo en todos lados, porque el prejuicio que lo mueve tampoco lo es.
Por eso este editorial no trata solamente de un diputado que no disimula, ni de un Parlamento que no vota, ni de una relatora de la ONU que perdió el pudor una vez y nunca terminó de pedir perdón. Trata de que el antijudaísmo, en Uruguay como en el resto del planeta, no tiene bandera. No es de derecha ni es de izquierda. Es hereditario: se hereda el prejuicio, se hereda la excusa institucional para no nombrarlo, se hereda el disfraz cada vez que el anterior se gasta. Uruguay le dio a la colectividad judía, durante más de un siglo, el privilegio de integrarse sin pedirle nada a cambio salvo que la dejaran vivir puertas adentro como quisiera. Lo mínimo que ese país le debe, hoy, es dejar de mirar para el costado cada vez que alguien —con esvástica o con corbata, con conspiración vieja o con comunicado de derechos humanos— vuelve a probar que el odio más antiguo de Europa sigue teniendo, en el Río de la Plata, hijos que no se avergüenzan de reconocerse.
