Israel y Líbano no firmaron la paz, no establecieron relaciones diplomáticas y todavía se observan con la desconfianza acumulada durante casi ocho décadas. Sin embargo, sobre el terreno empieza a ocurrir algo que hasta hace poco parecía improbable: ambos países coordinan movimientos militares y comparten un objetivo inmediato. Hezbollah debe perder sus armas, sus posiciones y la capacidad de decidir por cuenta propia cuándo Líbano entra en guerra.

El cambio adquirió una forma concreta el martes, cuando el Ejército libanés ingresó en Zawtar al-Gharbiyeh, una localidad del sur del país de la que las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse. Fue la primera aplicación práctica del acuerdo negociado con mediación estadounidense.

El mecanismo es simple en el papel y complejo en la práctica. Israel abandona de manera gradual sectores determinados del sur del Líbano. El Ejército libanés entra en esas zonas, inspecciona el terreno, retira explosivos, confisca armas y desmonta infraestructura militar. Solo después pueden regresar los habitantes y comenzar las tareas de reconstrucción.

La fórmula diplomática habla de “zonas piloto”. Su significado político es más profundo: por primera vez, la retirada israelí está vinculada directamente con el ingreso efectivo del Ejército libanés y con la obligación de impedir que Hezbollah vuelva a utilizar esas localidades como bases militares.

No existe todavía una alianza entre Israel y Líbano. Tampoco una coordinación bilateral abierta, comparable con la que mantienen dos países que se reconocen y tienen relaciones diplomáticas. Estados Unidos continúa actuando como intermediario, supervisor y garante. Pero esa cautela formal no cambia el hecho central: los dos ejércitos empiezan a ordenar sus movimientos para evitar enfrentarse entre sí y para impedir que Hezbollah recupere el terreno.

Las delegaciones israelí y libanesa ya completaron seis rondas de conversaciones. La última tuvo lugar en Roma y avanzó sobre las reglas que deben regir las zonas piloto. Antes, representantes de ambos países habían firmado en Washington un acuerdo marco que vincula la retirada israelí con el despliegue del Ejército libanés y el desarme de Hezbollah.

El proceso sigue siendo frágil. Israel conserva fuerzas en otros sectores del sur libanés y duda públicamente de que Beirut tenga la capacidad política y militar necesaria para desarmar a Hezbollah. El gobierno libanés, por su parte, reclama una retirada israelí completa y necesita demostrar ante su población que no está legitimando una ocupación a cambio de promesas.

Aun así, las diferencias ya no impiden una coordinación práctica. Equipos militares israelíes, estadounidenses y libaneses participan en el mecanismo. Israel informa cuándo y dónde se retira. El Ejército libanés se prepara para ocupar el área, revisar caminos y neutralizar armas o explosivos. Washington acompaña el traspaso e intenta evitar que un error, una emboscada o una provocación derrumbe el proceso.

Hezbollah rechaza el acuerdo porque entiende lo que está en juego. Durante décadas construyó su poder sobre una anomalía aceptada como si fuera una característica inevitable del Líbano: un partido político podía mantener un ejército propio, recibir armas de una potencia extranjera, controlar territorios, almacenar misiles entre viviendas y decidir cuándo abrir fuego contra otro país.

El Estado libanés conservaba la bandera, los ministerios y el asiento en las Naciones Unidas. Hezbollah conservaba una parte decisiva del poder real.

Esa estructura permitió que la organización sobreviviera a guerras, resoluciones internacionales, acuerdos de alto el fuego y sucesivas promesas de desarme. Cada vez que Israel se retiraba, Hezbollah regresaba. Cada vez que el Ejército libanés prometía extender su autoridad, aparecía un límite que no podía atravesar. Los uniformes del Estado llegaban hasta donde comenzaban las armas del llamado “Estado dentro del Estado”.

Ahora ese límite empieza a retroceder.

La diferencia no se explica solo por la presión militar israelí. Dentro del propio Líbano creció la convicción de que Hezbollah ya no protege al país, sino que lo expone. La organización volvió a atacar Israel en apoyo de Irán y arrastró otra vez a la población libanesa a una guerra que el gobierno no había decidido, el Parlamento no había autorizado y el Ejército nacional no controlaba.

El costo de esa autonomía armada dejó de ser una discusión abstracta. Se mide en muertos, ciudades destruidas, desplazados y territorios convertidos en campos de batalla.

El 18 de julio, el sargento primero Ahmad Sami Khalil murió cuando un objeto sospechoso explotó contra un vehículo del Ejército libanés en la localidad de Mansouri. Un oficial y otro soldado resultaron heridos. Israel atribuyó el explosivo a Hezbollah; el Ejército libanés confirmó la muerte y las circunstancias generales, pero no identificó públicamente al responsable.

La diferencia entre ambas versiones debe mantenerse. Lo que no admite discusión es que un militar libanés murió en el sur mientras el Ejército intentaba recuperar el control de una región saturada de armas, explosivos e infraestructura clandestina.

Ese episodio resume la nueva realidad. Los soldados libaneses ya no están desplegados únicamente para observar desde lejos una guerra entre Israel y Hezbollah. Empiezan a entrar en los lugares donde la organización construyó su poder y encuentran allí el resultado material de décadas de soberanía cedida: túneles, depósitos, municiones, explosivos y posiciones preparadas dentro o junto a poblaciones civiles.

Israel tampoco actúa por generosidad. Su objetivo es impedir que el sur del Líbano vuelva a convertirse en una plataforma para atacar Galilea. Mantendrá tropas y capacidad de respuesta mientras considere que el Ejército libanés no puede garantizarlo. La confianza entre ambos países no existe. Lo que existe es una coincidencia de intereses que se prueba pueblo por pueblo.

Para Líbano, la cuestión es todavía más decisiva. Desarmar a Hezbollah no significa prestar un servicio a Israel. Significa recuperar una función elemental de cualquier Estado: que solo sus instituciones puedan disponer de las armas y decidir sobre la guerra y la paz.

Israel y Líbano no se han convertido en amigos. Ni siquiera dejaron de ser formalmente enemigos. Pero empiezan a descubrir que entre ambos se interpone una organización que necesita perpetuar esa enemistad para justificar su ejército privado.

La paz sigue lejos. La asociación de hecho contra Hezbollah, en cambio, ya comenzó.