Cada vez que estalla un episodio de violencia en Cisjordania, alguien en algún timeline reflota la misma comparación: esto es un pogromo, dice, como si la palabra flotara libre de contexto, disponible para cualquier imagen de una aldea en llamas. Y la palabra pesa, porque no es cualquier palabra. Kishinev, 1903. Cuarenta y nueve muertos, cientos de mujeres violadas, una turba azuzada por la prensa local y tolerada por la policía del zar mientras los judíos de la ciudad no tenían adónde correr, ni con qué defenderse, ni a quién apelar. De ese horror, Jabotinsky sacó una conclusión que marcaría el sionismo para siempre: los judíos de Odesa armaron unidades de autodefensa, y ese giro —de la indefensión absoluta a la capacidad organizada de repeler el ataque— fue, en sus palabras, una revolución psicológica. Un siglo después, esa revolución tiene nombre: es el Estado de Israel.
Malditos colonos, entonces. Así arranca esta nota, y así la va a leer buena parte de la gente que llegue hasta acá. Pero antes de darle la razón al título, conviene mirar de qué colono estamos hablando, porque la palabra tapa más de lo que muestra.
Hay violencia de colonos judíos contra palestinos, documentada, en aumento, y muchas veces impune. Datos de seguridad israelíes difundidos por el Jerusalem Post muestran un salto del 63% en delitos nacionalistas graves en Cisjordania durante el primer semestre de 2026 (el 50% de aumento corresponde, específicamente, a los ataques contra fuerzas de seguridad israelíes). Yesh Din calcula que el 93,8% de las investigaciones concluidas que monitoreó entre 2005 y 2024 terminaron sin acusación. Hay incendios de olivares, ataques a aldeas, y episodios como el del 24 de julio en la localidad de Tal, donde una serie de ataques de colonos —según documentó Human Rights Watch— derivó en un choque con seis muertos: cuatro palestinos y dos soldados israelíes. Nada de esto se puede barrer bajo la alfombra sin que el resto del artículo pierda toda credibilidad.
Pero también hay violencia palestina contra civiles israelíes, y esa parte suele quedar afuera de la nota cuando la nota viene con la palabra “pogromo” ya elegida de antemano. Atropellos deliberados contra peatones —dos adolescentes israelíes de 17 y 15 años atropelladas y heridas en Gush Etzion el 31 de mayo—, apuñalamientos a colonos, ataques armados contra excursionistas. Y detrás de esos ataques hay algo que no tiene equivalente del otro lado: una estructura que los paga. En febrero de 2025, Mahmoud Abbas anunció formalmente la abolición del viejo sistema de pagos vinculados a la condición de preso o “mártir”. El Departamento de Estado estadounidense informó al Congreso en 2026 que esos pagos continuaron pese a la reforma, apenas reformulados bajo otro nombre. La conclusión no admite eufemismo: la Autoridad Palestina paga por matar judíos. Cuanto más sangriento el atentado, mayor el salario al preso y la pensión a su familia. Eso no es impunidad ni negligencia institucional. Es una política de Estado, legislada y presupuestada.
Y conviene no quedarse ahí, porque el aparato de seguridad palestino no solo financia esa violencia hacia afuera: también reprime hacia adentro. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el 22 de julio de 2026 la continuidad de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos por parte de las autoridades palestinas contra su propia población. Amnistía Internacional documenta el mismo patrón: periodistas y disidentes detenidos sin garantías, leyes heredadas del mandato británico usadas para silenciar críticas internas. La Autoridad Palestina no es más benigna con los suyos de lo que es generosa con quienes atacan israelíes.
Del lado israelí, la novedad más reciente matiza —sin borrar— el cuadro de impunidad. El 6 de agosto de 2026, la fiscalía israelí acusó al colono Yinon Levi de homicidio imprudente por la muerte del activista palestino Awdah Hathaleen, que murió tras recibir un disparo en julio de 2025 en Umm al-Khair. Reuters describió la acusación como la primera de ese tipo en más de siete años; B’Tselem, por su parte, señaló que es la primera desde el 7 de octubre de 2023 —dos marcos temporales distintos, ambos ciertos según su propia métrica—. Vale la pena separar lo que se suele mezclar: de los cerca de 1.100 palestinos muertos en Cisjordania en el mismo período, la ONU atribuye a colonos actuando solos 19 casos, y a colonos actuando junto al ejército otros 14 —estos últimos habría que analizarlos caso por caso, porque la presencia de tropas regulares no equivale automáticamente a un linchamiento civil; puede tratarse de un operativo con participación de colonos armados en la reserva. El resto de los 1.100 murió mayormente en operativos militares contra células armadas, donde el ejército sostiene que la mayoría eran combatientes y la ONU y B’Tselem documentan también víctimas civiles sin amenaza verificable —un punto en disputa entre las fuentes, no un hecho establecido.
Cada una de esas muertes, guste o no el resultado, pasó o debía pasar por la Justicia israelí: eso es justamente lo que audita Yesh Din cuando denuncia el 93,8% de investigaciones sin acusación —una crítica al desempeño del sistema, no a su existencia. Puede leerse esa cifra como encubrimiento o como una fiscalía lenta e ineficaz; ambas lecturas son legítimas y esta nota no pretende zanjarlas. Lo que sí puede afirmarse sin ambigüedad es la diferencia estructural con el otro lado: falle como falle en condenar, ningún israelí cobra un salario del Estado por matar a un palestino. La Autoridad Palestina, en cambio, paga por matar judíos. Esa es la asimetría que de verdad importa, y la que casi nunca aparece cuando se agita la palabra “pogromo”.
Ahora, la otra mitad que suele faltar, y que el título de esta nota da por descontada: no todo el que vive en un asentamiento de Cisjordania es un colono armado del ala más dura. De los cerca de 500.000 israelíes que viven ahí, la enorme mayoría está en los grandes bloques pegados a la Línea Verde —Modi’in Illit, Ma’ale Adumim, Beitar Illit— por vivienda accesible y calidad de vida, no por mesianismo territorial. La violencia que documentan Yesh Din y B’Tselem se concentra en un sector con nombre propio: el “Hilltop Youth”, los jóvenes de las colinas, asentamientos ilegales ni siquiera autorizados por Israel. El propio Netanyahu, tras un ataque de colonos contra las FDI, los llamó “una pequeña minoría que no representa a la gran mayoría”. Cuando hasta el gobierno israelí hace esa distinción, no hay motivo para que el periodismo la borre en un solo sustantivo.
Tampoco es tan simple llamarlos, sin más, “conquistadores” o “desplazadores”. El estatus legal de Cisjordania sigue siendo, siete décadas después de 1967, materia de disputa internacional no resuelta: Israel nunca la anexó formalmente —salvo Jerusalén Este—, y la comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí sobre el territorio, pero tampoco existe un Estado palestino que la ejerza. Calificar de antemano a cada residente judío de esa zona como ocupante ilegítimo presupone una resolución del conflicto que, en los hechos, sigue pendiente. Hay además casos puntuales y documentados de propiedad legítima previa a 1948 —Gush Etzion es el ejemplo más citado, reconstruido sobre tierra que comunidades judías poseían legalmente antes de ser expulsadas en la guerra de independencia— que sostienen, para esas comunidades específicas, un reclamo de continuidad y no de conquista. Lo que no se sostiene, y ahí hay que ser honestos, es extender ese argumento al conjunto del fenómeno: organizaciones israelíes como Peace Now y B’Tselem, cruzando datos de la propia Administración Civil militar, documentan que una porción significativa del área construida de los asentamientos —hasta un 86% en el caso de Ma’ale Adumim— está sobre tierra que el propio registro israelí reconoce como propiedad privada palestina. “Colono” no es una categoría homogénea ni en su violencia ni en la legitimidad de su reclamo: hay de todo, y meterlos a todos en la misma palabra —”conquistador” tanto como “pogromista”— es la misma pereza intelectual, solo que aplicada en direcciones opuestas.
Uno de los que sí usó la palabra “pogromo” para el conjunto fue el periodista uruguayo Leonardo Haberkorn, que en un video publicado en sus redes describió los ataques de colonos en Cisjordania —quema de olivares, matanza de animales, expulsión de familias palestinas de sus casas— con ese término, y trazó una línea directa con lo que sufrieron sus propios abuelos escapando de los pogromos en Rusia, Ucrania y Polonia. Es un testimonio genuino, y la memoria familiar que invoca es real y respetable. Haberkorn no está solo en el uso de la palabra: el propio Ehud Olmert, siendo primer ministro, calificó en 2008 un ataque de colonos en Hebrón exactamente con el mismo término —”no hay otra definición que pogromo”, dijo, “avergonzado como judío”. De modo que no se puede argumentar que la palabra sea, por definición, inaplicable a violencia judía contra palestinos: un ex primer ministro israelí ya la usó, para un episodio bastante más acotado que el actual.
Pero ahí es donde conviene mirar con más cuidado, no menos. Olmert usó la palabra para un ataque puntual, de unas horas, con seis heridos, no para caracterizar el conjunto de un conflicto de décadas. Haberkorn la usa para algo mucho más amplio: para toda la violencia de colonos en Cisjordania, como fenómeno global, mientras la memoria que invoca —Kishinev, los pogromos rusos y ucranianos— describe algo categóricamente distinto en su estructura: una minoría sin Estado, sin capacidad organizada de repeler el ataque ni de exigir justicia después, atacada por una mayoría con el respaldo tácito o explícito del poder estatal. Cisjordania hoy tiene estructuras políticas palestinas, fuerzas de seguridad, organizaciones armadas, población israelí protegida por un Estado soberano, y violencia documentada en ambas direcciones —incluida una Autoridad Palestina que paga por matar judíos, algo que ningún relato sobre los pogromos de Europa del Este necesitó nunca para explicar la violencia que sufrieron los judíos. El problema no es que un ataque puntual de colonos no pueda, por sí solo, ser unilateral —lo es, y ocurre—. El problema es usar la palabra “pogromo” para insertar ese ataque puntual dentro de un cuadro que se presenta como un fenómeno unilateral y aislado, cuando en realidad se lo está insertando en un conflicto donde existe violencia documentada en ambas direcciones, y donde uno de los dos bandos, a diferencia de cualquier judío de Kishinev, tiene ejército, tribunales y una fiscalía —imperfecta, lenta, pero real.
Entonces la pregunta para Haberkorn es directa: si va a invocar la memoria de sus abuelos para describir lo que pasa hoy, ¿por qué no menciona nunca a la Autoridad Palestina que paga por matar judíos, ni los atropellos y apuñalamientos contra civiles israelíes, ni la distancia entre el colono de Modi’in Illit y el pistolero de Umm al-Khair? Usar la palabra “pogromo” no es el problema en sí; el problema es usarla como si describiera un fenómeno unilateral, cuando la realidad que describe es, con toda su gravedad, un conflicto bilateral y disputado. Esa selección no honra la memoria de Kishinev. La vacía de contenido para que sirva de arma en una discusión distinta.
