El video dura poco más de un minuto y ya circulaba por Telegram antes de que Amnistía Internacional terminara de verificarlo. Ocho hombres, esposados, con los ojos vendados, algunos medio desnudos, son arrastrados hasta un baldío de la calle Al-Thalathini, en Ciudad de Gaza. Los matan a corta distancia. Son los ocho miembros de la familia Dughmush, ejecutados el 13 de octubre de 2025 por hombres armados y enmascarados de Hamás, acusados de colaborar con Israel. Una pariente le contó a Amnistía que se habían entregado después de que les garantizaran un juicio justo. Los fusilaron dos horas más tarde. Cuando la familia recuperó los cuerpos encontró marcas de tortura; a uno de los hijos le habían roto las uñas. Días después, algunos parientes recibieron llamadas de miembros de Hamás disculpándose: parte de los hombres, les dijeron, habían sido ejecutados por error.
Ese episodio es el centro de un comunicado que Amnistía publicó el 21 de agosto pasado, titulado “Palestina: Hamás debe erradicar las ejecuciones extrajudiciales y garantizar la justicia para las víctimas”. No es una denuncia genérica: hubo verificación de video, entrevistas a once familiares y dos trabajadores sanitarios, revisión de declaraciones oficiales de Hamás y de canales de Telegram de su brazo armado. Mousa Abu Marzouk, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de Hamás, respondió que se abrió una investigación preliminar y que las fuerzas actuaron por su cuenta. Amnistía aclara que no tiene noticia de que nadie haya sido juzgado. En total documentó nueve ejecuciones extrajudiciales, la más reciente del 1° de julio de este año, anunciada por el llamado “Sistema de Seguridad de Resistencia” como el comienzo de una campaña de mayor escala. Una investigación de la ONU publicada en junio identificó 249 episodios de ejecuciones y violencia física grave en Gaza entre 2024 y 2025 —al menos 108 muertos— con fuerzas afines a Hamás en un mínimo de 60 de esos casos, y describió el gobierno interno de la organización como un régimen sostenido por el miedo, que filma sus propias ejecuciones para intimidar.
Nada de esto es nuevo, aunque conviene precisar cuánto no lo es. En octubre de 2007, meses después de que Hamás tomara Gaza por la fuerza, Amnistía publicó un informe sobre la guerra interna entre facciones palestinas —”Territorios Palestinos Ocupados: desgarrados por la lucha entre facciones”— que documentaba abusos de ambos bandos, Fatah y Hamás. Pero el antecedente puntual llega en abril de 2010: Hamás ejecutó a dos hombres acusados de colaborar con Israel, la primera ejecución formal desde que había tomado el poder. Amnistía calificó el proceso de injusto y dijo estar “gravemente preocupada” por la suerte de otros presos condenados a muerte. Dieciséis años antes de este agosto, Amnistía ya sabía con qué tipo de autoridad estaba tratando.
La serie no se corta desde entonces. En 2014, al menos 21 personas fusiladas en dos días. En 2015, el informe “Estrangular Cuellos”, sobre secuestros, torturas y 23 ejecuciones extrajudiciales durante la guerra de ese año. En 2017, más ejecuciones tras juicios que Amnistía calificó de manifiestamente injustos. En 2019, una represión masiva contra manifestantes que dejó cientos de golpeados y detenidos —entre ellos, una empleada de la propia Amnistía. Hind Khoudary, presentada por la organización como “asesora de investigación”, fue interrogada durante tres horas por el Ministerio del Interior de Hamás y amenazada con ser procesada como espía. Amnistía lo denunció ese mismo mes, con nombre y apellido.
Un año más tarde esa historia da un giro incómodo. En abril de 2020, la misma Khoudary etiquetó en Facebook a tres funcionarios de Hamás para señalar a un activista palestino, Rami Aman, que había organizado una videollamada de paz con israelíes. Hamás lo detuvo horas después por “traición”. La persona a la que Hamás había interrogado un año antes por trabajar para Amnistía usó, esta vez, su propia posición dentro de Amnistía para entregarle a otro palestino al mismo aparato de seguridad. Cuando el caso se conoció, Amnistía no abrió ninguna investigación interna. Lo que hizo fue otra cosa: rebajó a Khoudary de “asesora de investigación” a simple “freelancer”, y guardó silencio durante un mes, pese a los pedidos de organizaciones como UN Watch y de un exfuncionario de Human Rights Watch que exigían su despido. Cuando finalmente habló, lo hizo con una frase genérica sobre el derecho a la expresión pacífica que ni siquiera mencionaba su nombre.
Algo parecido, pero de otra magnitud, ocurrió con la agencia hermana de la ONU en el terreno, la UNRWA. En enero de 2024, tras recibir de Israel información sobre doce empleados presuntamente implicados en el 7 de octubre, la agencia despidió a diez —los otros dos ya estaban muertos. En abril, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la propia ONU concluyó que nueve de diecinueve investigados podrían haber participado en los ataques. En junio de 2026 la UNRWA despidió a setenta trabajadores más por presuntos vínculos con Hamás, y ese mismo mes un informe del Inspector General de USAID identificó a más de cien empleados actuales o exempleados con esos vínculos, entre ellos Hafez Mousa Mohammed Mousa, director de una escuela de la UNRWA e integrante señalado del Batallón Este de Jabaliya, que coordinó comunicaciones con Hamás durante la masacre.
Amnistía no investigó nada de esto. Lo defendió. El 26 de enero de 2024, el mismo día en que quince países suspendieron el financiamiento a la UNRWA, Amnistía calificó la medida de “cruel” e “inhumana”. Su entonces secretaria general, Agnès Callamard, dijo que era “particularmente indignante” tomar esa decisión por acusaciones que involucraban a “solamente doce empleados sobre un total de treinta mil”. Le escribió además una carta a los líderes de la Unión Europea pidiendo que no cortaran los fondos, invocando el riesgo de genocidio contra los palestinos como argumento para seguir financiando a una agencia bajo sospecha de estar infiltrada por la organización armada que gobierna el territorio. Cuando el Reino Unido restituyó el dinero, Amnistía UK lo celebró. Cuando Estados Unidos mantuvo el bloqueo en 2025, ya con la investigación de USAID en marcha, Amnistía USA lo llamó “cruel e inconcionable”. En ningún momento dedicó un comunicado a examinar si esas denuncias eran ciertas.
Y esto se puede contar en números. Entre enero de 2014 y agosto de 2026, revisando los comunicados de prensa de Amnesty International, aparecen 93 centrados en denunciar actuaciones de Israel contra 18 centrados en Hamás u otros grupos armados palestinos: una relación de 5,17 a 1. Desde que Amnistía adoptó formalmente, en diciembre de 2024, la tesis de que Israel comete genocidio, publicó cuatro comunicados sobre crímenes de Hamás. En tres de esos cuatro reaparece la acusación de genocidio contra Israel, aunque el tema del comunicado sea otro. El del 21 de agosto es el ejemplo más claro: la investigación es sobre palestinos fusilados por Hamás, y aun así arranca y termina hablando del genocidio israelí.
Hay una objeción fácil que conviene desarmar antes de que la haga otro. Amnistía nunca llama “terrorista” a Hamás por voz propia; cuando la palabra aparece en sus textos, se la atribuye siempre a Israel, a Estados Unidos o a las FDI, entre comillas. Pero esto no es un trato especial para Hamás: Amnistía tiene una postura institucional declarada, publicada por su propia oficina en Estados Unidos ya en 2008, según la cual las palabras “terror” y “terrorista” sirven para que los estados disimulen su propia violencia. No se le encuentra usando ese término por cuenta propia ni siquiera contra el Estado Islámico. Es una política de vocabulario aplicada parejo.
Eso, sin embargo, no la absuelve. La deja peor parada. Porque la misma organización que se niega, por principio, a usar la palabra más liviana —”terrorista”— no tiene ningún reparo en usar la más grave que existe en el derecho internacional. “Genocidio” no es una acusación: es la conclusión de un tribunal, y Amnistía la adoptó como posición propia en diciembre de 2024 sin que ningún tribunal la hubiera determinado, y la sostiene contra un solo país. La ONU tampoco declaró a Hamás organización terrorista —Martin Griffiths, su responsable de Asuntos Humanitarios, lo dijo sin vueltas en Sky News— y esa ausencia es la excusa que usan gobiernos como el uruguayo, donde ni el Parlamento ni el Ejecutivo lo hacen porque la ONU tampoco lo hizo. El mismo cuidado institucional que ahí se respeta —no me adelanto sin que un organismo internacional lo respalde— se abandona apenas se trata de Israel: buena parte de esos mismos sectores condena genocidio sin esperar sentencia, sin instancia, sin nada, y cuando necesitan apoyo para saltarse ese paso, se lo da Amnistía.
Ahí está el mecanismo, y no hace falta adornarlo: para nombrar lo liviano, silencio por principio. Para condenar lo gravísimo, ninguna cautela. Es como si alguien hubiera descubierto la cura del Alzheimer, pero se hubiera olvidado de publicarlo.
