Karim Khan y el colapso de la autoridad moral de la CPI
Hay una frase que los anglosajones usan con precisión quirúrgica: do as I say, not as I do. Haz lo que digo, no lo que hago. Es la definición más exacta de la hipocresía institucional, y pocas veces en la historia reciente ha tenido una encarnación tan perfecta como la que ofrece hoy Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
El 8 de junio, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI — el órgano ejecutivo del tribunal — suspendió a Khan con efecto inmediato. El motivo: “conducta indebida grave” y “grave falta al deber”. Una investigación de 18 meses determinó que el fiscal había mantenido conductas sexuales no consentidas con una asistente de unos treinta años que trabajaba directamente bajo su supervisión. Una segunda mujer declaró que años antes, cuando era becaria no remunerada con veintitantos años, Khan la presionó de manera reiterada para mantener relaciones sexuales. El 19 de junio, el Colegio de Abogados Británico — la Bar Standards Board — lo suspendió también del ejercicio de la abogacía en Inglaterra y Gales. El 24 de julio, los 125 países miembros de la CPI votarán en Nueva York sobre su destitución definitiva. Se necesitan 63 votos a favor.
Khan ha negado todo de manera categórica. Sus abogados anunciaron que impugnarán las decisiones. Es su derecho. Pero hay algo que ninguna impugnación puede borrar, y no tiene que ver con su culpabilidad o inocencia en el plano penal.
Tiene que ver con la arquitectura del poder.
La CPI no es un tribunal como los demás. No tiene ejército, no tiene policía, no puede obligar a nadie a comparecer si los Estados no cooperan. Su única moneda real es la autoridad moral. Es un tribunal que existe porque el mundo acordó que hay crímenes tan graves — crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio — que ningún cargo político o militar puede blindar a quien los comete. La fuerza de esa idea no descansa en los artículos del Estatuto de Roma. Descansa en la credibilidad de quienes lo invocan.
Y ahí está el problema.
Karim Khan es el hombre que en mayo de 2024 solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de usar el hambre como arma de guerra y de otros crímenes contra la población civil de Gaza. Lo hizo investido de la autoridad moral más alta que el derecho internacional puede conferirle. Se presentó ante el mundo como el fiscal de la humanidad, el guardián imparcial de los derechos más fundamentales, el hombre cuya misión es proteger a los vulnerables del abuso de quienes tienen poder sobre ellos.
Mientras tanto, según la investigación que acaba de concluir, en su propio despacho hacía exactamente lo contrario. Usaba su posición — la posición más poderosa de la fiscalía más poderosa del mundo en materia de derechos humanos — para presionar sexualmente a mujeres jóvenes que dependían laboralmente de él. Una asistente de treinta años. Una becaria no remunerada con veintitantos. Personas que no podían resistirse fácilmente porque él controlaba sus carreras, sus referencias, su futuro profesional.
El mecanismo es idéntico al que él condena en otros: el abuso de la asimetría de poder. La diferencia está en la escala y en el escenario. Pero la lógica es la misma: yo tengo poder sobre ti, y voy a usarlo para obtener lo que quiero, aunque tú no quieras dármelo.
Esto no convierte en inocentes a los acusados por la CPI. Un cirujano capaz de salvar vidas en el quirófano puede ser, al salir, una persona moralmente reprobable. Sus operaciones no se vuelven fallidas por eso. Del mismo modo, los crímenes que la CPI investiga en distintas partes del mundo no desaparecen porque su fiscal jefe sea un hipócrita. El derecho internacional no se sostiene sobre la virtud personal de los funcionarios, sino sobre los principios que los estados acordaron respetar.
Pero la CPI no opera solo en el plano jurídico. Opera también — y fundamentalmente — en el plano político y moral. Cuando emite una orden de arresto contra un jefe de gobierno en ejercicio, sabe perfectamente que la fuerza de esa orden no es coercitiva sino simbólica. Le dice al mundo: este hombre está del lado equivocado de la historia. Y el mundo le cree o no le cree en función de quién lo dice y desde dónde lo dice.
Karim Khan lo decía desde el lugar más alto. Y desde ese lugar, según sus propios colegas, hacía lo que condenaba.
Eso no es una debilidad administrativa. Es una crisis de legitimidad. Y la CPI, que ya arrastraba cuestionamientos serios sobre su selectividad política — por qué investiga a unos y no a otros, por qué algunas guerras importan más que otras — llega al 24 de julio con una herida que ninguna votación va a cerrar del todo. Puede destituir a Khan con 63 votos y nombrar a alguien nuevo. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es más incómoda que la persona de Khan: ¿puede una institución que no fue capaz de ver lo que ocurría en su propio despacho reclamar autoridad moral sobre el resto del mundo?
La respuesta, por ahora, la tiene que construir la propia CPI. Y el tiempo que le queda para construirla se mide en semanas.
