Óscar Andrade ha encontrado finalmente el modelo que Uruguay necesitaba. No estaba en Finlandia, ni en Nueva Zelanda, ni en alguna democracia aburrida donde los gobiernos pierden elecciones, los periodistas preguntan cosas incómodas y los opositores tienen la pésima costumbre de seguir en libertad.

Estaba en China.

En una conferencia de prensa realizada en la Intendencia de Montevideo, durante una actividad por los 105 años del Partido Comunista Chino y con el presidente del Frente Amplio sentado a su lado, el dirigente comunista describió al régimen como una revolución triunfante. Mientras se exhibían imágenes promocionales de los logros de China, Andrade sostuvo que el país logró desafiar la división internacional del trabajo, sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema y alcanzar el liderazgo tecnológico gracias a una planificación estratégica de largo plazo y a la conducción del Partido Comunista.

Negar la transformación económica china de las últimas décadas sería necio. Presentarla como demostración histórica de las virtudes del comunismo, omitiendo con precisión quirúrgica todo lo que estropea el folleto turístico, es otra cosa: es propaganda con forma de análisis.

China no es una democracia con rasgos autoritarios ni una socialdemocracia asiática con malos modales. Su propia Constitución la define como un Estado socialista gobernado por una “dictadura democrática popular” y consagra el liderazgo del Partido Comunista como rasgo esencial del sistema. No es una lectura de la CIA ni una traducción malintencionada del neoliberalismo: es la definición oficial que el régimen hace de sí mismo.

Una democracia tan perfeccionada que ya no necesita alternancia, oposición capaz de disputar el poder ni ciudadanos con la mala costumbre de echar gobiernos. El Partido interpreta al pueblo, gobierna en su nombre y se asegura de que el pueblo no tenga la imprudencia de interpretar otra cosa.

A Andrade y a sus seguidores les va a encantar responder con el dato del Banco Mundial: durante cuatro décadas, China sacó a cerca de 800 millones de personas de la pobreza. Es cierto. Nadie lo discute. Atribuírselo al comunismo como sistema es la misma pirueta que hacía la derecha vernácula con Pinochet: “Sí, pero mirá los números macro”.

Cuando los indicadores macroeconómicos le daban argumentos a la dictadura chilena, a nadie en su sano juicio dentro de la izquierda uruguaya se le ocurrió celebrar el producto bruto de Pinochet como prueba de que la tortura, la censura y los desaparecidos eran daños colaterales de una administración eficiente. Allí sabían distinguir entre resultado económico y legitimidad política. Con Beijing, el manual se les traspapela justo a ellos.

Además, el gran despegue económico chino no ocurrió durante el apogeo del maoísmo, sino después de la muerte de Mao, cuando las reformas iniciadas en 1978 abrieron la economía al comercio exterior, la inversión, la iniciativa empresarial y los mecanismos de mercado.

El Partido conservó el monopolio político, la censura y la represión, pero abrazó la acumulación de capital con una pasión que habría provocado un infarto en más de un camarada de 1960.

Por eso resulta llamativo escuchar a Andrade presentar la experiencia china como una victoria histórica del comunismo. China no prosperó profundizando indefinidamente el Gran Salto Adelante. Prosperó cuando dejó de aplicar buena parte de las recetas que habían llevado al país al desastre.

El Partido Comunista llegó al poder después de una guerra civil y Mao Zedong proclamó la República Popular China el 1.º de octubre de 1949. Menos de una década después lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña de industrialización acelerada y colectivización que desembocó en una de las hambrunas más mortíferas de la historia moderna.

Las estimaciones académicas sitúan alrededor de 30 millones de muertes durante aquella catástrofe, aunque algunas investigaciones elevan considerablemente la cifra. No fue simplemente una mala cosecha ni una fatalidad climática, sino una crisis provocada y agravada por la colectivización forzosa, las requisas de alimentos, las estadísticas falsas y un sistema donde advertir que la política estaba fracasando podía ser más peligroso que dejar morir de hambre a una provincia entera.

Las dictaduras tienen esa ventaja administrativa: pueden planificar la industria, la agricultura, la prensa, la memoria y, llegado el caso, la cantidad de muertos que conviene no contar.

Y el combo que Andrade ofrece tiene algo de dropshipping ideológico: el mismo relato prefabricado, la misma calidad de fábrica y el mismo envío demorado treinta y cinco años, comprado quién sabe si en Temu. Barato, genérico y con la letra chica que nadie lee al dorso del paquete: censura, reeducación y partido único.

Andrade no elogia a China por lo que realmente es: una potencia autoritaria, capitalista en buena parte de su funcionamiento económico y comunista en la estética, el control político y la liturgia oficial. La elogia por lo que necesita que sea: la prueba de que el modelo funciona siempre que uno le quite la parte molesta de la libertad.

La operación consiste en admirar el resultado, borrar el método, aplaudir los rascacielos y no preguntar qué ocurre con los abogados que defienden disidentes, los periodistas que investigan al poder o los ciudadanos que intentan organizar una oposición.

Uruguay no necesita que nadie le enseñe geopolítica tomando como modelo a un régimen que cercenó las libertades de Hong Kong, amenaza a Taiwán con la delicadeza de un rottweiler hambriento e internó masivamente a uigures y otras minorías musulmanas en establecimientos que Beijing presentó como centros de “educación y formación profesional”.

Uruguay necesita legisladores que midan con una sola vara a cualquier régimen que suprima las libertades. Las dictaduras no son de izquierda ni de derecha: son dictaduras. Pueden estatizar las fábricas o entregarlas a empresarios, citar a Marx o encomendarse al mercado, levantar el puño o saludar desde un balcón cubierto de medallas. El sistema económico es secundario frente a lo esencial: cuando un gobierno encarcela opositores, censura la prensa, prohíbe la alternancia y convierte al Estado en propiedad de un partido, la discusión ideológica terminó. Lo que queda es una dictadura.

Nadie debería comprenderlo mejor que el Frente Amplio. En Montevideo gobierna desde 1990 porque los ciudadanos renovaron su confianza elección tras elección. A nivel nacional ganó tres elecciones consecutivas, perdió la siguiente, entregó el poder como manda la Constitución y, cinco años después, volvió a ganar y volvió a recibirlo de la misma manera.

Eso demuestra algo que no está en discusión: el Frente Amplio es una fuerza democrática, acepta las reglas, respeta el resultado de las urnas y entiende que el poder no pertenece a ningún partido, sino que los ciudadanos lo conceden por un período determinado.

Lo que aquí se interpela es que el Partido Comunista, integrante de esa fuerza democrática, continúe razonando con categorías de hace medio siglo, como si nunca se hubiera enterado de que cayó el Muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética y China se convirtió, junto con Estados Unidos, en una de las mayores potencias capitalistas del planeta. Beijing conservó el partido único, la censura y la represión, pero adoptó el mercado, la inversión extranjera y la acumulación privada con un entusiasmo que habría escandalizado a sus viejos camaradas.

Hay, además, algo particularmente doloroso. El Partido Comunista fue el partido más perseguido por la dictadura uruguaya. Sus militantes fueron encarcelados injustamente, torturados, asesinados y desaparecidos. Pagaron con el cuerpo por sostener sus ideas, organizarse políticamente y negarse a callar frente a un régimen que había decidido que pensar distinto era un delito.

Por eso la defensa de Andrade no constituye solamente una contradicción ideológica. Cuando presenta como ejemplo a un Estado que persigue opositores, encarcela disidentes y elimina toda posibilidad real de alternancia, desprecia la lección más profunda que dejaron sus propios compañeros: ningún resultado económico justifica una dictadura.

En el mundo que propone Andrade, lo importante es fabricar smartphones, construir trenes bala y enviar naves al espacio. La libertad puede esperar; los presos políticos son una nota al pie y la dictadura, apenas una incomodidad semántica. Así, Andrade termina pisoteando la memoria de los comunistas uruguayos que sufrieron lo que hoy sufren los opositores chinos.

Mientras tanto, China mantiene desde hace décadas vínculos estrechos de cooperación con el Estado de Israel. Ambos países sostienen una amplia relación tecnológica y económica, financian proyectos conjuntos y colaboran en ciencia, agricultura, agua, salud, infraestructura, propiedad intelectual, energías limpias e investigación industrial. También desarrollaron parques tecnológicos y programas académicos destinados a incorporar conocimiento israelí al crecimiento chino.

La contradicción es evidente: Andrade impulsa que Uruguay cierre vínculos de cooperación con Israel mientras su admirada China los amplía y los considera estratégicos para su desarrollo.

El problema de Andrade es que, antes de ponerse de acuerdo con China, debería ponerse de acuerdo con Andrade.