Erdogan pidió esta semana que Interpol emita una orden de arresto internacional contra Netanyahu. El cargo: genocidio. La respuesta desde Jerusalén llegó rápido, y fue quirúrgica: llamaron a Erdogan “dictador antisemita que masacró kurdos”. Una frase. Ahí quedó, flotando entre un cruce de comunicados que buena parte del mundo va a leer como un round más de un pleito diplomático ruidoso.
No lo es. Al menos no debería serlo, si alguien se toma el trabajo de mirar los números.
Porque la acusación de Erdogan tiene un problema de origen que no es retórico: es aritmético. El hombre que exige que un tribunal internacional juzgue a Netanyahu por genocidio gobierna un país que jamás, en 110 años, se sentó frente a un tribunal a responder por lo que hizo con los kurdos. Ni por lo que hizo, antes, con los armenios.
Conviene empezar por ahí, porque el orden no es casual.
En 1915 el Imperio Otomano llevó adelante lo que hoy reconocen la mayoría de los parlamentos del mundo como el primer genocidio sistemático del siglo XX: 1.500.000 armenios muertos. La República turca que heredó las cenizas de ese imperio se negó a reconocerlo entonces y se sigue negando ahora, con embajadas que trabajan activamente para que ningún país amigo use la palabra “genocidio” en un comunicado oficial.
Ese capítulo, lejos de cerrarse, tuvo continuación.
Veintidós años más tarde, en 1937, el flamante Estado turco —ya no otomano, ya “moderno”, ya bajo Mustafá Kemal— giró la mirada hacia Dersim, una región kurda alevi en el este de Anatolia. Un detalle que pocas crónicas sobre Dersim mencionan y que aquí vale subrayar: buena parte de esa población había dado refugio a armenios que huían de la masacre de 1915. El Estado turco no solo no había saldado cuentas con su propio pasado genocida; volvió, dos décadas después, a buscar a quienes habían protegido a las víctimas del primero.
Entre 30.000 y 40.000 soldados entraron a Dersim con una orden que el Consejo de Ministros había firmado en secreto: aniquilar la resistencia, deportar al resto. Las cifras oficiales turcas hablan de 13.000 muertos. Los testimonios locales, los de quienes sobrevivieron para contarlo, hablan de 40.000. Esa brecha no es un desacuerdo entre historiadores; es el mismo mecanismo de negación que Ankara aplicó con los armenios, corriendo la coma para que la palabra genocidio nunca encuentre asidero legal.
Tampoco fue un exceso puntual de una época particularmente dura. Fue método, repetido cada vez que hizo falta. Dos años antes de Dersim, en 1925, Turquía ya había aplastado la rebelión del Jeque Said con idéntica lógica de tierra arrasada. Desde 1984 libra contra el PKK una guerra que acumula, según los conteos más conservadores, entre 40.000 y 60.000 muertos. En los años noventa, en el sudeste del país, el ejército arrasó más de 3.000 aldeas kurdas y generó, según las estimaciones, entre 1.000.000 y 3.000.000 de desplazados internos: gente que salió caminando de su pueblo sabiendo que no había pueblo al que volver.
La cuenta total ronda entre 60.000 y más de 100.000 kurdos muertos a manos del Estado turco en un siglo. Eso no describe una guerra. Describe un exterminio administrado por etapas.
Y continúa hoy. Turquía ocupa militarmente entre 8.000 y casi 10.000 km² del norte de Siria —la región que el mundo conoce como Rojava— sostenida por milicias proxy que operan bajo el rótulo de Ejército Nacional Sirio. En Afrín, entre 2018 y 2019, esas milicias desplazaron a cientos de miles de kurdos de sus propias casas para repoblarlas con familias árabes sirias trasladadas desde otras zonas del conflicto. Tiene nombre y no es metafórico: limpieza étnica, documentada, reciente.
El Kurdistán histórico —unos 400.000 km² repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria— nunca tuvo Estado propio. La porción iraquí de ese territorio fragmentado terminó absorbiendo, a lo largo de las décadas, a más de 2.000.000 de desplazados y refugiados kurdos huidos de las otras tres esquinas. Cuarenta millones de personas, la minoría etnolingüística más grande del planeta sin Estado, y el país con mayor responsabilidad histórica en esa condición es, hoy, el mismo que redacta acusaciones de genocidio contra terceros.
Una aclaración necesaria, porque en este tipo de comparaciones siempre acecha la tentación de mezclarlo todo: el caso palestino tiene su propia complejidad histórica, distinta a la kurda, y merece tratamiento propio. Basta un dato para marcar la diferencia: casi 2.000.000 de árabes son hoy ciudadanos israelíes, con representación en la Knéset y en el Poder Judicial. Ningún kurdo tiene equivalente en ningún parlamento de Ankara, en ningún siglo de la historia turca. El contraste no necesita forzarse.
Y cada vez que llego a este punto me hago la misma pregunta, y me respondo lo mismo de siempre: ¿qué hace Turquía dentro de la OTAN? La respuesta no tiene que ver con valores compartidos ni con historial democrático. Tiene que ver con miedo. Europa prefiere tener a Turquía adentro, aunque eso signifique tragarse este historial completo, antes que tenerla afuera como enemiga con el segundo ejército más grande de la alianza y la llave del Bósforo en la mano.
Volvamos entonces a la foto de esta semana. Erdogan pide una orden de arresto internacional. Exige que un tribunal juzgue genocidio. Y tiene razón en algo, sin proponérselo: en algún momento, en algún lugar, alguien va a tener que responder por Dersim, por el Jeque Said, por Afrín, por las 3.000 aldeas quemadas. Lo único que Erdogan no puede prever es quién va a estar sentado en ese banquillo el día que ese tribunal exista de verdad.
Porque no va a ser Netanyahu.
Va a ser él.
