Hay un tribunal que sesiona todos los días en Montevideo y nunca cita a nadie a declarar. No tiene edificio, ni togas, ni siquiera un mazo. Funciona en un comunicado de prensa del Frente Amplio, en una nota de Brecha, en un editorial de la diaria escrito con la misma convicción con la que un cura del siglo XVI explicaba por qué la Tierra era el centro del universo. El veredicto ya está escrito antes de abrir la sesión: Israel es culpable de genocidio. Fin de la discusión, gracias por venir.
Mientras tanto, en La Haya —ese lugar aburrido donde todavía se toman el trabajo de escuchar pruebas antes de fallar— la Corte Internacional de Justicia sigue sin emitir esa sentencia. Detalle menor. Para el Partido Comunista, el PVP, Unidad Popular y buena parte del Frente Amplio, la Haya es como esa suegra que uno invita al asado por compromiso pero cuya opinión sobre el punto de la carne nadie va a esperar. Ellos ya decidieron el punto de la carne. Está quemada. Es genocidio. Andá a explicarles que el dolus specialis —la intención deliberada de destruir a un grupo, ese requisito jurídico incómodo que exige algo más que indignación en Twitter— sigue sin probarse en ningún tribunal con autoridad real. Te van a mirar como si les estuvieras hablando en arameo.
Lo gracioso —y acá el humor es puramente involuntario, de ellos, no mío— es que son los mismos sectores que se emocionan hasta las lágrimas hablando del debido proceso cuando se trata de un preso común, de un sindicalista, de cualquier causa que les caiga simpática. El garantismo es una religión portátil: se practica con devoción, excepto cuando el acusado es el Estado judío, en cuyo caso el juicio sumario pasa a ser no solo aceptable sino un acto de conciencia moral. Qué cómodo. Es como el vegetariano que hace una excepción con el asado de los domingos y te explica que en realidad no cuenta.
En los medios la cosa no mejora, empeora con estilo. Abrí una nota de Brecha sobre Gaza y buscá el condicional. Buena suerte. El condicional murió, lo enterraron hace rato, y en su funeral leyeron un panfleto. Antes uno podía distinguir el periodismo del editorialismo porque el primero decía “según fuentes” y el segundo decía “es evidente que”. Ahora todo es lo segundo, vestido con la ropa del primero. No hay guerra urbana contra una organización terrorista que se atrinchera deliberadamente detrás de civiles —eso complica el relato, exige párrafos largos y matices, y el matiz es enemigo del clic—. Hay una sola oración que se repite con la constancia de un jingle de supermercado, hasta que deja de ser una acusación y se convierte en un dato de la naturaleza, como que el sol sale por el este.
Y no hace falta irse muy lejos para ver el mecanismo funcionando en tiempo real. Esta misma semana, un tal Christian Mirza salió a las redes a increpar a Marcos Israel, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el imperdonable pecado de no sumarse al coro. “Ataca a los que condenan el genocidio”, escribió Mirza, como si aclarar que ningún tribunal competente ha determinado tal cosa fuera un acto de agresión y no, precisamente, la función que uno esperaría de quien dirige una institución de derechos humanos: no confundir el griterío con la evidencia. Para Mirza, el problema no es la ausencia de una sentencia judicial. El problema es que alguien se atreva a mencionarla.
Fíjense la estructura del reclamo: exige que se calle a un funcionario público por no acompañar una acusación no probada, y lo hace invocando la “responsabilidad” del cargo, es decir, pidiendo censura en nombre de los derechos humanos. Es el mismo truco de siempre, solo que aplicado con nombre propio: cuando el objetivo es Israel —el Estado, pero cada vez más notoriamente también cualquiera que lleve ese apellido o defienda a esa comunidad—, el debido proceso se vuelve optativo y el linchamiento se vuelve virtud cívica. Así que quede dicho con todas las letras: señor Mirza, esto no es indignación por Gaza. Esto es el manual de Goebbels aplicado a un funcionario uruguayo por el delito de pedir pruebas antes de condenar. Bienvenido al club.
Y ya que hablamos de medios estatales jugando de abogados de una causa, hay que nombrar a TV Ciudad. Ahí, el periodista Federico Gurcovich entrevistó al senador Andrés Ojeda y le preguntó, sin vueltas, si condenaba el “genocidio” en Gaza. Ojeda respondió lo que cualquier persona mínimamente informada del derecho internacional respondería: que no hay tal genocidio, al menos no uno declarado por un tribunal competente. La respuesta de Gurcovich fue de manual: “la ONU ya dijo que sí hay genocidio”. Como si un informe de un organismo político —con toda la carga de intereses, bloques de votación automática y relatores especiales obsesionados con un solo país del planeta que eso implica— fuera lo mismo que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. No lo es, y cualquier periodista que se precie de conocer la diferencia entre una recomendación política y un fallo judicial debería saberlo antes de replicarle a un entrevistado en vivo.
El detalle no es menor: TV Ciudad es un medio del Estado, propiedad de la Intendencia de Montevideo. No es un panfleto militante ni una cuenta anónima de Twitter. Es dinero público financiando el mismo ejercicio que venimos describiendo: el periodista que dejó de preguntar para pasar a sentenciar, que usa el prestigio prestado de un organismo internacional para cerrarle la boca a un legislador electo. Si esto lo hiciera un medio privado, sería una línea editorial discutible. Que lo haga un canal pagado por todos los montevideanos, oficialista y militante en el mismo movimiento, es otra cosa: es propaganda de Estado con la careta del periodismo público.
Y ahí está el verdadero problema, el que a estos sectores les cuesta tanto mirar de frente: no es que tengan una opinión dura sobre Israel. Tienen derecho. El problema es que se sientan en el estrado, dictan sentencia, y después se ofenden si alguien les señala que un juez no puede ser también fiscal, jurado y verdugo del mismo caso. Eso no es periodismo ni es política exterior. Es liturgia. Y como toda liturgia, no necesita pruebas, necesita repetición.
Así que no me vengan después con el asombro fingido, la mano en el pecho, el “cómo te atrevés a compararnos”. Porque cuando la condena llega antes que los hechos, cuando el relato se impone a fuerza de repetirlo mil veces en lugar de demostrarlo una sola vez, y cuando todo eso se aplica con una precisión quirúrgica a un solo país del planeta, el manual que están usando no lo inventaron ellos. Lo sacaron de un cajón viejo, de los años treinta, y lo están aplicando con una devoción que ni ellos mismos podrían explicar sin sonrojarse: simplificar al enemigo, repetir la mentira hasta que se vuelva verdad oficial, condenar sin necesidad de pruebas. Si van a tocar esa partitura con tanto fervor, no se hagan los sorprendidos cuando alguien, desde acá, los llama por su nombre: hijos de Goebbels.
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