Ayer por la mañana encendí el televisor y presencié una escena que rozaba el absurdo. En el plató de Televisión Española, la presentadora estrella intentaba convencernos de que la imputación por organización criminal a un expresidente del Gobierno era, en realidad, un malentendido mediático. Silvia Intxaurrondo soltó ante los micrófonos una frase que merece quedar registrada como el monumento definitivo al equilibrismo político: para que haya un influenciador tiene que haber un influenciado, y no aparece. Es asombroso ver cómo se desmorona el rigor periodístico cuando la lealtad a unas siglas pesa más que la realidad judicial. En ese momento, el canal del Estado dejó de pertenecer a los ciudadanos que lo financian y pasó a operar abiertamente como el gabinete de crisis de un partido acorralado. El secuestro de las instituciones públicas ocurre así, con naturalidad y frente a millones de espectadores, intentando salvar un relato político antes de que empiece el telediario nocturno.
Lejos de la desesperación de los platós oficialistas, el auto dictado por la Audiencia Nacional utiliza un lenguaje gélido, técnico e inapelable. El juez José Luis Calama no trabaja con suposiciones de prensa ni con denuncias vacías. La investigación judicial sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. El sumario detalla transferencias cruzadas de casi dos millones de euros e ingresos directos a través de consultoras como el Gate Center y Thinking Heads, además de desvíos monetarios hacia Whathefav, la empresa administrada por las propias hijas del exmandatario. El entramado financiero incluye la creación de sociedades opacas en los Emiratos Árabes para triangular y ocultar comisiones ilícitas de operaciones de alto valor como el oro y el petróleo. El epicentro de esta red conecta directamente con el rescate público de cincuenta y tres millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Lo que el Gobierno defendió como una ayuda estratégica nacional aparece hoy en los informes de la policía como un mecanismo para lavar fondos de la corrupción venezolana. Para desgracia del relato de Moncloa, el caso no nace de una campaña local; explota por alertas bancarias y órdenes de cooperación enviadas por las fiscalías de Suiza y Francia.
La contradicción de fondo es tan profunda que resulta obscena. Mientras los tribunales europeos aportan documentos y pruebas materiales sobre una red internacional de lavado de activos, la corporación estatal de televisión se dedica a camuflar los datos señalando supuestas conspiraciones ideológicas. El peligro real de este escándalo trasciende la cita judicial de Zapatero fijada para el próximo 2 de junio. La verdadera alarma radica en constatar cómo las herramientas de información pública han sido colonizadas para ejercer el papel de abogados defensores de una facción política. Cuando el micrófono público se usa para convencer al ciudadano de que no existe el delito porque no se identifica al influenciado, el periodismo institucional se convierte en burda consigna de partido. Se utilizan los recursos de todos los españoles para intentar maquillar el dinero de Dubái y Caracas de quienes alguna vez gobernaron la nación. La paradoja es perfecta: la retórica gubernamental exalta el valor de los servicios públicos mientras utiliza sus canales oficiales para encubrir la corrupción privada de sus mentores. Al final, al espectador se le impone una doble estafa, despojado de la verdad en los sumarios y privado de la realidad en sus propias pantallas.
