El gobierno vuelve a poner sobre la mesa una idea conocida: avanzar sobre la tenencia civil de armas. Esta vez no se presenta de frente, sino envuelta en palabras más amables: “política de armas”, “trazabilidad”, “entrega voluntaria”, “control”, “regulación”. Pero detrás de esos términos técnicos puede esconderse siempre el mismo resultado: hacerle cada vez más difícil, más caro y más burocrático al ciudadano común el ejercicio legal de un derecho.
La primera distinción debería ser obvia. No es lo mismo una persona registrada, que compra un arma en una armería habilitada, presenta documentación, se somete a controles y queda identificada ante el Estado, que un delincuente que consigue armas robadas, de contrabando o en mercados clandestinos.
Confundir esas dos realidades es castigar al que cumple por lo que hace el que delinque.
El discurso oficial suele repetir que hay que reducir la circulación de armas para bajar la violencia. La pregunta seria es otra: ¿qué armas? ¿Las armas legales, registradas, con nombre, documento y domicilio? ¿O las armas que circulan en bocas de droga, bandas criminales, rapiñas, ajustes de cuentas y redes ilegales?
Porque si el problema es la delincuencia armada, la política pública debería apuntar a la delincuencia armada. No al vecino que hizo los trámites, pagó lo que tenía que pagar y quedó dentro del sistema.
Resulta casi ridículo imaginar que el rapiñero, el sicario o el integrante de una organización criminal dependen de una armería registrada para abastecerse. El delincuente no pide permiso, no presenta certificados, no espera autorizaciones y no entrega voluntariamente el arma que usa para delinquir.
El desarme civil, aunque se lo presente como gradual o voluntario, implica una degradación de la libertad individual. El ciudadano deja de ser tratado como una persona responsable y pasa a ser tratado como un riesgo potencial. La sospecha se invierte: quien posee un arma legal ya no aparece como alguien habilitado por la ley, sino como alguien que debe justificarse una y otra vez frente al Estado.
Esa lógica es peligrosa. Convierte la seguridad pública en una excusa para ampliar el poder estatal sobre los particulares.
Además, el desarme del ciudadano honesto puede producir el efecto contrario al que se promete. Donde el delincuente sabe que la víctima está indefensa, su ventaja aumenta. Donde el ciudadano responsable es empujado a la indefensión, el Estado no reduce la violencia: modifica la relación de fuerzas a favor del agresor.
Un país más seguro no se construye debilitando al ciudadano cumplidor. Se construye persiguiendo de verdad el tráfico, el contrabando, el mercado negro, el robo de armas y las redes que abastecen a la delincuencia.
El Estado uruguayo tiene herramientas mucho más razonables que hostigar al tenedor legal. Puede digitalizar registros, cruzar datos entre organismos, controlar fronteras, investigar desvíos de arsenales oficiales, rastrear municiones, perseguir compradores ilegales, endurecer penas contra el tráfico y profesionalizar la inteligencia policial.
Claro que eso exige trabajo serio. Exige investigación, coordinación y resultados. Es mucho más fácil cargar el peso sobre quien ya está registrado que desarticular una red criminal.
Y en este punto aparece una contradicción moral enorme.
Uruguay todavía arrastra la sombra del caso del arsenal de Saúl Feldman, uno de los mayores arsenales clandestinos encontrados en las últimas décadas. Más de 700 armas, material militar, explosivos, dudas sobre su procedencia, posibles conexiones, investigación internacional, un policía muerto y un expediente que, para una parte importante de la ciudadanía, nunca dejó una explicación plenamente satisfactoria.
En aquel caso actuó como juez Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia. El fiscal Ricardo Perciballe pidió el archivo luego de que no se pudiera probar una red terrorista ni tráfico de armas. Esa podrá ser la conclusión formal del expediente. Pero políticamente la pregunta sigue en pie: ¿con qué autoridad moral se le exige hoy más y más confianza al ciudadano legal, cuando el Estado no logró explicar de forma convincente semejante arsenal clandestino?
Ahí está el fondo del problema.
El camino correcto es desarmar al delincuente.
Desarmar al contrabandista. Desarmar al narcotráfico. Desarmar a las bandas. Desarmar a quienes roban armas, trafican armas, alquilan armas o las usan para someter barrios enteros.
Confundir eso con perseguir al ciudadano legal no es una política de seguridad. Es una señal de fracaso.
Un gobierno que realmente quiera proteger la vida debe dejar de mirar al ciudadano honesto como si fuera el problema. Debe mirar con seriedad los circuitos ilegales que dice combatir.
La libertad no se defiende entregando cada vez más potestades al Estado. Tampoco aceptando que la seguridad sea usada como pretexto para restringir derechos. La libertad se defiende con responsabilidad, con instituciones fuertes y con una regla básica: el que cumple la ley no debe pagar por el que la viola.
Por eso, cualquier reforma sobre armas debería partir de una línea roja clara: más control sobre el crimen, sí; más persecución al ciudadano legal, no. Trazabilidad contra el tráfico, sí; desarme civil encubierto, no. Castigo al porte ilegal, sí; burocracia absurda contra el tenedor legítimo, no. Seguridad pública, sí; indefensión ciudadana, no.
El Estado no puede pedirle al ciudadano que renuncie a su defensa mientras no logra impedir que arsenales clandestinos aparezcan en casas particulares, que armas circulen por redes ilegales y que la delincuencia actúe con creciente poder de fuego.
