Hay una frase que se repite cada invierno en Uruguay, y que ya empieza a sonar a chiste de mal gusto: “vivir en la calle no es una opción”. La dijo Lacalle Pou. La repitió Orsi. La van a seguir diciendo, probablemente, los próximos cinco presidentes, mientras afuera, literalmente afuera, en la vereda, alguien se está muriendo de frío esperando que el sistema político termine de discutir.
Porque de eso se trata, en el fondo. De discutir. De armar comisiones, presentar proyectos, rechazarlos, volver a presentarlos, dividir bancadas, hacer declaraciones a la prensa, sacarse fotos en la Torre Ejecutiva anunciando “estrategias nacionales” con 42 medidas. Mientras tanto, la cifra real, la que importa, es esta: en 2024 fueron 11.251 personas las que tuvieron que recurrir a refugios para no dormir a la intemperie. En 2025 fueron 13.597. Los cupos disponibles son 8.000. Hagan la cuenta. Sobran más de cinco mil personas que el sistema, hoy, no tiene dónde poner.
Y no hablamos de un país cualquiera. Hablamos de Uruguay, el país que durante décadas se vendió a sí mismo y al mundo como la “Suiza de América Latina”, el ejemplo de estabilidad institucional y bienestar social de la región. El propio Orsi lo reconoció sin vueltas cuando presentó la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle: en la última década, la población en situación de calle se triplicó. Y en los últimos dos años, creció un 20 por ciento más. La Suiza de América Latina tiene, hoy, un problema de magnitud nacional declarado por su propio gobierno.
Para entender de qué tamaño es realmente el problema conviene mirar primero la región. Y lo primero que hay que decir es incómodo: nadie sabe con precisión cuánta gente vive en la calle en América Latina, porque casi ningún país mide bien. Especialistas reunidos en distintas jornadas académicas coincidieron en que la ausencia de estadísticas sistemáticas no es un detalle técnico, sino una forma de violencia institucional en sí misma, porque no medir es no reconocer, y no reconocer es no actuar. El telón de fondo regional lo pone la CEPAL: un tercio de la población latinoamericana vive en la pobreza, y la pobreza extrema llegó al 12,5 por ciento, unos 78 millones de personas, una cifra que no se veía desde hace veinte años. Esa es la cantera de donde sale, todos los días, gente nueva hacia la calle.
En Argentina, el país de la región donde más se mide este fenómeno, la brecha entre lo que dice el Estado y lo que dicen las organizaciones sociales es alarmante. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires contabilizó, hacia noviembre de 2025, poco más de cinco mil personas entre la vía pública y los centros de acogida. Organizaciones como el CELS y Proyecto 7, con métodos propios, llegaron a casi doce mil solo unos meses antes. Es más del doble. Y esa brecha entre el dato oficial y el dato real estimado por quienes trabajan todos los días con esta población es, lamentablemente, un patrón que se repite en toda Latinoamérica. Cuando un gobierno mide menos de lo que hay, lo que está haciendo, en los hechos, es decidir cuánta gente le importa atender.
Volvamos a Uruguay, que es donde está el corazón de esta nota. Porque ahí sí hay un dato que ningún otro país de la región tiene, y que cambia completamente el enfoque del problema. El propio gobierno reconoció que más del 60 por ciento de las personas en situación de calle pasaron por instituciones de privación de libertad, y que una proporción muy alta convive con problemas serios de adicciones y de salud mental. Esto no es un detalle. Esto es, probablemente, el dato más importante de toda esta historia, porque significa que hablar de “la población en situación de calle” como si fuera un bloque homogéneo es, sencillamente, no entender el problema.
Hay, en los hechos, dos poblaciones completamente distintas conviviendo bajo la misma etiqueta administrativa. Por un lado, gente que las circunstancias de la vida (un desalojo, la pérdida de un trabajo, una ruptura familiar) empujaron a la calle, y que con un techo, un acompañamiento y una oportunidad laboral, así sea barriendo o limpiando baños, puede reconstruir su vida. Por otro lado, un núcleo de personas con patologías psiquiátricas graves o consumo problemático severo, muchas veces ambas cosas combinadas, para quienes ni el refugio más cálido ni la mejor voluntad alcanzan, porque su capacidad de decidir por sí mismas está, en los hechos, comprometida.
Tratar a estas dos poblaciones con la misma herramienta es, directamente, no tratar a ninguna de las dos. Y acá es donde entra el tema que le da nombre a esta nota: la internación compulsiva.
Lo que muy pocos uruguayos saben, y mucho menos en la región, es que Uruguay ya tiene, desde 2017, un marco legal de salud mental (la Ley 19.529) que reconoce el derecho a la atención sin límites de tiempo de cobertura, con un enfoque centrado en los derechos humanos y con el objetivo declarado de cerrar definitivamente los viejos manicomios. Ya tiene, desde 2023, una ley de adicciones (la 20.176) que permite que una persona, en pleno uso de sus facultades, deje establecida una voluntad anticipada de recibir tratamiento, una voluntad que no podrá revocar después si los profesionales constatan riesgo de vida para ella o para terceros. Y ya tiene, vigente desde el 25 de agosto de 2024, una modificación a la ley 18.787 que habilita la hospitalización involuntaria de personas en situación de calle cuya capacidad de juicio esté afectada por salud mental o consumo de sustancias.
Es decir: la herramienta existe. La ley está. El “qué hacer” ya fue respondido por el propio sistema político uruguayo, en papel, hace casi dos años.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la escala. En las primeras semanas de aplicación de la ley, en agosto y septiembre de 2024, se registraron apenas dieciséis casos en todo el país, entre Montevideo, Treinta y Tres y Durazno. De esos dieciséis, seis quedaron internados, tres se fueron y siete fueron dados de alta. Un mes después, el propio ministro de Desarrollo Social informó que solo el 40 por ciento de esas personas se mantenía dentro del sistema de atención.
Dieciséis casos. Frente a más de cinco mil personas que, según cálculos de quienes trabajan en el territorio, no tienen cupo en ningún refugio. La herramienta funciona, en lo micro, razonablemente bien: permitió, por ejemplo, trasladar a una mujer de 62 años en situación de calle, o a un hombre de 76 con deterioro cognitivo y problemas de consumo de alcohol, a centros donde pudieron ser atendidos. Pero en lo macro, frente al tamaño real del fenómeno, dieciséis casos es estadísticamente insignificante. Es la prueba de que Uruguay no tiene un problema de leyes. Tiene un problema de aplicación, de recursos, de prioridad política real y no discursiva.
Y aquí aparece la responsabilidad del sistema político en su conjunto, sin distinción de colores. La modificación de la ley de internación compulsiva fue resistida durante más de una década. En 2013, bajo el gobierno de Mujica, un proyecto similar naufragó porque buena parte del Frente Amplio estaba en contra. En 2021 y al inicio del trámite de 2024, la oposición de entonces, otra vez liderada por el Frente Amplio, volvió a rechazarla, alegando que “vulneraba derechos” y que el verdadero problema era la falta de recursos presupuestales para que el sistema de salud cumpliera con lo que ya tenía entre sus competencias. Recién en mayo de 2024, ya bajo un gobierno del Partido Nacional, la ley se aprobó con 74 votos a favor y nueve en contra, con el Frente Amplio dividido.
Una de las legisladoras que en esa sesión defendió la posición crítica fue Ana Olivera, del Partido Comunista, integrante del Frente Amplio, quien llegó a decir en sala que el proyecto solo la autorizaba a hacer lo que ya estaba autorizada a hacer. La frase, dicha desde la oposición, suena razonable. Pero Ana Olivera no era una activista de base discutiendo por primera vez el tema. Fue intendenta de Montevideo entre 2010 y 2015. Fue subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social durante ambos gobiernos de Tabaré Vázquez. Tuvo, durante más de una década, el poder ejecutivo real para implementar exactamente lo que después, desde la banca, exigía que otros hicieran. Y hoy, con el Frente Amplio en el gobierno desde 2025, la propia administración de Orsi mantiene y aplica la misma ley que aquel sector resistió durante años.
No se trata de un caso aislado ni de una cuestión partidaria. Se trata de un patrón: cuando a un partido le toca gestionar el problema desde el llano de la oposición, lo usa como bandera. Cuando le toca gestionarlo desde el gobierno, termina aceptando que la herramienta es necesaria. Y mientras los partidos van y vienen entre la bandera y la gestión, la cifra real sigue creciendo: de 11.251 a 13.597 personas en un solo año.
Vale la pena saber de dónde salió esa ley, porque no nació en un escritorio ministerial ni en un laboratorio de ideas partidario. El proyecto lo impulsó el colectivo Madres del Cerro, liderado por Gabriela Jost, un grupo de familiares de personas con adicciones que durante años golpeó puertas en el Parlamento pidiendo una herramienta legal para poder ayudar a sus hijos aunque ellos mismos no quisieran. La diputada colorada Nivia Reich fue quien le dio forma legislativa a ese reclamo. El camino fue largo: un intento similar había naufragado en 2013 bajo el gobierno de Mujica, y el propio proyecto de Reich no consiguió los votos del Frente Amplio ni del Partido Independiente en 2021. Recién se aprobó en mayo de 2024 y entró en vigencia el 25 de agosto de ese año.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, y esto no admite más discusión teórica, es salir hoy mismo a la calle, recoger a quien está a la intemperie y darle un techo, sin condiciones previas, sobre todo en los meses de frío extremo. Esa es la política de baja barrera, universal, inmediata, para toda la población de calle sin distinción.
Dentro de esa población, hay que aplicar, sin demora y sin más debates legislativos (la ley ya existe), la internación para quienes presenten un cuadro de salud mental o consumo que afecte su capacidad de juicio y represente un riesgo para sí mismos o para terceros. Esa internación debe tener un horizonte de duración indeterminada, sujeta a revisión periódica, nunca un cajón cerrado y olvidado, pero tampoco una salida automática a los pocos días porque “no hay cupo para mantenerla”. Y debe hacerse, como ya lo contempla la normativa vigente, dentro de un marco estricto de derechos humanos: la dignidad, el acompañamiento clínico y la mejor vida posible no son un obstáculo para esta política, son su condición de validez.
Para el resto, para la inmensa mayoría que está en la calle por circunstancias de la vida y no por patología, la respuesta tiene que ser otra: vivienda con acompañamiento, oportunidades reales de trabajo, así sea el más humilde, y seguimiento sostenido en el tiempo. El propio gobierno habla de reconvertir refugios en viviendas para unas tres mil personas antes de 2028. Es un horizonte correcto. La pregunta es si, para entonces, el número de personas en calle ya no será de trece mil, sino de veinte mil.
Y hay un derecho humano más que casi nunca se nombra en esta discusión, y que también hay que poner sobre la mesa con la misma firmeza: el derecho de cualquier vecino, en cualquier barrio, rico o pobre, a caminar por su calle con tranquilidad, sin tener que cuidarse de quien, descompensado y sin tratamiento, pueda representar un riesgo. Cuidar a quien está en la calle y cuidar a quien camina por la calle no son objetivos enfrentados. Son, en realidad, la misma obligación del Estado, vista desde dos costados de la misma vereda.
El sistema político uruguayo ya escribió, en papel, casi todo lo que hace falta. Lo que falta es la voluntad de aplicarlo a la escala del problema real, y no a la escala de lo que cabe en un comunicado de prensa.
