El miércoles 20 de mayo de 2026, el Congreso ofreció una de esas escenas que se olvidan rápido si uno solo se queda con la superficie. Desde la tribuna, Pedro Sánchez defendió con un cerrado respaldo político a su antecesor: “Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”. Frente a él, Santiago Abascal desplegaba su habitual contraataque. Ambos son buenos oradores, se manejan bien frente al micrófono y saben cómo hablarle a su propia gente. Pero los aplausos de las bancadas duran poco. Fuera de ese teatro de pasillo, el clima es completamente distinto. La verdadera crisis en España no se mide en la audacia de una réplica parlamentaria, sino en los folios acumulados en los despachos de la Audiencia Nacional. Ahí la retórica de partido pierde su valor. El problema real del Gobierno no es lo que dice la oposición; es la incomodidad de los datos que van saliendo a la luz.
La situación de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez José Luis Calama sitúa como pieza central de una trama de influencias, muestra cómo se van desdibujando los límites del poder. Aquella gestión iniciada en 2015 bajo el paraguas humanitario de la mediación en Caracas terminó derivando, según los informes de la UDEF, en un canal de gestiones comerciales. El acceso directo al régimen venezolano permitió intermediar en operaciones de crudo y asegurar rutas exclusivas para la aerolínea Plus Ultra. El momento más delicado llegó en marzo de 2021, cuando el Ejecutivo aprobó un rescate de 53 millones de euros de fondos públicos para una compañía aérea casi marginal y con pérdidas previas. Tras los recientes registros en sus oficinas de Madrid, la causa detalla transferencias de consultoras vinculadas al chavismo como el Gate Center (352.980 euros) y Thinking Heads (681.318 euros) bajo contratos que la justicia investiga como simulados. El expresidente afronta ahora una imputación penal por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El caso de Zapatero no es un hecho aislado, sino que conecta con la propia base política sobre la que se construyó el actual Gobierno. En 2016, Pedro Sánchez recorrió las agrupaciones de España en un Peugeot 407 para recuperar el control de su partido. Los hombres que lo acompañaron en ese trayecto, el círculo de máxima lealtad bautizado como «La Banda del Peugeot», transitan hoy por los tribunales. José Luis Ábalos y su asesor Koldo García afrontan peticiones fiscales de entre 24 y 30 años de prisión por el desvío de dinero público en contratos de mascarillas. Santos Cerdán, actual estratega de la Moncloa, aparece mencionado de forma recurrente en las investigaciones. El cerco roza el ámbito estrictamente privado del mandatario. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, mientras que un juzgado de Badajoz instruye una causa penal contra su hermano, David Sánchez, por malversación y fraude fiscal. Con la condena firme del Tribunal Supremo al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el escándalo del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el argumento de la persecución política se debilita. En democracia una investigación puede ser un contratiempo; cuando casi todo el entorno íntimo y político está bajo la lupa penal, el asunto cambia de naturaleza.
Ante los intentos del oficialismo de encuadrar el caso en una campaña de desprestigio, las instituciones del Estado han fijado posiciones claras. El Rey Felipe VI, en la entrega de despachos a los nuevos jueces, recordó que sin una justicia independiente no existe una comunidad política democrática, subrayando que la igualdad ante la ley es una condición indispensable. Pero el revés definitivo a la defense de la Moncloa no llegó desde las filas de la oposición, sino del propio socialismo histórico. El lunes 25 de mayo, Felipe González rompió filas públicamente pidiendo elecciones generales para este año y calificando la mediación de Zapatero en Caracas como una burla y una máscara para blanquear una dictadura mientras se hacían negocios. Al ser consultado por la ingeniería financiera de la trama, González dejó caer que no veía a Zapatero con capacidad para montar una estructura de ese calibre. No negó el entramado; sugirió que el expresidente era solo la fachada de una maquinaria manejada por profesionales.
La contradicción de fondo queda a la vista: mientras Pedro Sánchez utiliza la tribuna pública para blindar políticamente a un imputado, el referente histórico de su partido expone que ese mismo hombre actuaba como un agente comercial de un régimen autoritario. Es verdad que la presunción de inocencia es un derecho sagrado, un pilar indispensable que protege a cualquiera hasta que un tribunal demuestre lo contrario. Sin embargo, la aritmética de la sospecha tiene sus propios límites racionales y transformarla en un escudo corporativo desde el poder es un ejercicio que daña las reglas democráticas. Es un acto de ceguera voluntaria ignorar lo que ocurre cuando el cerco se cierra de forma tan concéntrica. Que un socio político caiga puede ser una crisis transitoria; que lo hagan tu mentor, tus amigos más cercanos, tu hermano y hasta tu propia esposa sitúa el problema en otra dimensión. Cuando todo el mapa afectivo, familiar y operativo de un presidente termina de manera siemultánea en la mira de la justicia independiente, la coartada de la persecución partidista se disuelve por su propio peso. No es un ataque de los rivales; es la fría acumulación de los hechos. Al final, cuando los autos judiciales pesan más que las palabras bien coordinadas, el teatro político se apaga y lo que queda es la incómoda estampa de un poder acorralado por sus propios desmanes.
