Uruguay vuelve a caminar sobre una cornisa conocida: el Estado promete seguridad, pero la receta elegida parece ser siempre la misma. Más poder para el aparato estatal, más restricciones para el ciudadano honesto y más zonas grises para quienes deberán ejecutar órdenes que luego nadie querrá asumir políticamente.
Por un lado, se insiste con el desarme civil, presentado con lenguaje prolijo, técnico y aparentemente razonable: control de armas, trazabilidad, regulación de municiones, entrega voluntaria, combate al tráfico. Nadie puede estar en contra de perseguir las armas ilegales ni de cortar el flujo de armamento hacia delincuentes. El problema empieza cuando la sospecha cae, una vez más, sobre el ciudadano que registra, declara, cumple trámites y vive dentro de la ley.
Porque el delincuente no se desarma por decreto. El homicida, el rapiñero, el sicario o el narcotraficante no hacen fila para entregar su arma en una oficina pública. Quien termina bajo el peso del trámite, el costo, el control y la amenaza administrativa es el ciudadano honesto. El que compró legalmente. El que figura en un registro. El que tiene domicilio conocido. El que puede ser inspeccionado, intimado, limitado y eventualmente desarmado.
Esa es la primera gran incoherencia: se combate la violencia criminal restringiendo al ciudadano legal.
Y mientras se le dice al civil que tener armas es un problema, el Estado anuncia blindados militares en barrios de Montevideo. Es decir: menos capacidad defensiva para la sociedad civil y más despliegue coercitivo para el poder estatal. El mensaje político es imposible de ignorar: el ciudadano debe confiar, obedecer y desarmarse; el Estado, en cambio, se blinda.
La segunda incoherencia es todavía más grave: si la seguridad pública es una función policial, ¿por qué llamar al Ejército?
La Ley Orgánica Policial no deja mucho lugar a la imaginación: el orden y la seguridad pública interna son competencia del Estado y su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. La Policía Nacional existe justamente para eso. No es un detalle menor. En una república democrática, las funciones no son intercambiables como si fueran vehículos en un garaje estatal.
El Ejército tiene otra naturaleza, otra formación, otra doctrina y otra historia. No fue concebido para patrullar barrios, identificar vecinos, intervenir en conflictos urbanos o actuar en escenarios de convivencia civil. Fue formado para la defensa nacional, para la lógica militar, para la disciplina vertical y para situaciones donde el concepto de enemigo pesa mucho más que el concepto de ciudadano.
Y Uruguay sabe demasiado bien lo que ocurre cuando se mezclan sin cuidado las funciones militares con la vida interna del país.
No hablamos de una discusión académica. Uruguay tiene militares y exmilitares procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. Existe Domingo Arena, precisamente, como símbolo incómodo de esa historia. Una cárcel creada para alojar a quienes terminaron respondiendo ante la Justicia por delitos cometidos desde el aparato represivo del Estado.
Por eso la pregunta no es exagerada: ¿qué se pretende cuando se vuelve a llamar a los militares para tareas que la ley y la democracia asignan a la Policía?
El gobierno podrá decir que se trata solo de vehículos. Que no son militares en la calle. Que habrá mando policial. Que es apoyo logístico. Pero la experiencia enseña que las zonas grises son el lugar favorito de los abusos. Si un blindado militar entra a un barrio, si lo conduce personal militar, si participa en un operativo de seguridad pública, si hay persecuciones, detenciones, enfrentamientos o uso de fuerza, la frontera entre “apoyo logístico” y “militarización” se vuelve cada vez más difícil de explicar.
Y cuando algo salga mal —porque en estos escenarios siempre algo puede salir mal—, ¿quién asumirá la responsabilidad?
¿El ministro? ¿El mando político? ¿El jerarca que diseñó el operativo? ¿O el soldado que recibió la orden, manejó el vehículo, bajó en el barrio, actuó bajo presión y luego terminó sentado ante un fiscal?
Ese es el punto más perverso de esta decisión: el poder político obtiene la foto de autoridad, el discurso de firmeza y la sensación de control; pero el riesgo penal queda depositado en quienes ejecutan en la calle. Hoy se los llama para “defender el orden”. Mañana, si hay denuncias por abuso, apremios, detenciones indebidas o violaciones a los derechos humanos, se los dejará solos frente a los tribunales.
Después vendrá la frase de siempre: “se investigará hasta las últimas consecuencias”. Traducción: la decisión fue política, pero el costo judicial será individual.
Así se fabrica una trampa perfecta. Se convoca a militares para hacer una tarea que no es naturalmente militar; se los coloca en barrios tensos, con criminalidad real, con armas ilegales reales, con presión pública real; pero sin una discusión legislativa profunda, sin reglas públicas claras, sin garantías suficientes y sin asumir de antemano la responsabilidad institucional completa.
Y mientras tanto, al ciudadano civil se lo mira con sospecha por tener un arma legal.
El resultado es una ecuación peligrosa: civiles honestos más controlados, delincuentes probablemente igual de armados, policías debilitados en su función natural y militares empujados a una tarea que puede terminar llenando juzgados de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Si esa es la estrategia, convendría ir pensando no solo en más patrulleros o más blindados. Convendría ir pensando también en ampliar Domingo Arena, porque el Estado uruguayo parece dispuesto a repetir el viejo error de usar a los militares en problemas internos y luego sorprenderse cuando la historia, los tribunales y los organismos de derechos humanos pasan la factura.
La seguridad pública necesita autoridad, sí. Necesita Policía fuerte, profesional, equipada y respaldada. Necesita jueces, fiscales, inteligencia criminal, fronteras controladas y cárceles que no sean oficinas del delito. Necesita cortar el tráfico de armas ilegales y municiones. Necesita enfrentar al narcotráfico con decisión.
Pero no necesita desarmar al ciudadano honesto mientras se militariza el barrio.
Esa no es una política de seguridad. Es una señal de desconfianza hacia la sociedad civil y una peligrosa concentración de poder en manos del Estado.
Uruguay debe combatir al delito. Pero debe hacerlo sin confundir al ciudadano legal con el delincuente, sin transformar al soldado en policía improvisado y sin olvidar que la historia nacional ya mostró qué ocurre cuando las Fuerzas Armadas son arrastradas a tareas internas bajo discursos de orden, emergencia y mano dura.
La seguridad no puede construirse sacrificando garantías. Y mucho menos puede construirse desarmando a los honestos mientras se blinda al Estado.
