Cuando el diario español El País tituló que una comisión de la ONU acusaba a Israel de matar deliberadamente niños palestinos para ejecutar un supuesto plan genocida, millones de lectores recibieron una impresión muy concreta: Israel habría sido prácticamente condenado por la comunidad internacional.
Sin embargo, una vez más, la distancia entre el titular y la realidad resulta considerable.
La cuestión no es si Israel debe ser investigado. Todo Estado democrático está sujeto al escrutinio internacional y a la crítica pública. La cuestión es otra: ¿se está informando o se está construyendo un relato?
Porque cuando se examina el origen de la acusación, las fuentes utilizadas y el estado real de los procedimientos judiciales internacionales, aparecen preguntas que rara vez ocupan los titulares.
Una comisión no es un tribunal
Lo primero que debe aclararse es algo elemental.
La comisión citada por numerosos medios no es un tribunal internacional.
No es la Corte Internacional de Justicia.
No es el Tribunal Penal Internacional.
No puede condenar.
No puede emitir sentencias.
No puede establecer responsabilidades penales.
Se trata de una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar informes y recomendaciones.
Sus integrantes pueden emitir opiniones, formular acusaciones y presentar interpretaciones de los hechos. Pero sus conclusiones no constituyen una sentencia judicial.
La diferencia es esencial.
En cualquier democracia, una acusación no equivale a una condena.
Sin embargo, gran parte de la cobertura mediática elimina deliberadamente esa diferencia y presenta una hipótesis como si fuera una verdad ya demostrada.
El genocidio no es una consigna política
La palabra genocidio posee una enorme carga emocional.
Precisamente por eso debe utilizarse con extrema cautela.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio exige demostrar algo muy específico: la intención deliberada de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
No basta con demostrar que existe una guerra.
No basta con demostrar que existen víctimas civiles.
No basta con demostrar que pueden haberse cometido errores o incluso crímenes de guerra.
El genocidio exige demostrar una voluntad deliberada de exterminio.
Y esa intención específica es precisamente el elemento más difícil de probar.
Por eso resulta llamativo que muchos medios presenten como una certeza lo que todavía sigue siendo objeto de controversia jurídica internacional.
Lo que todavía no existe
Hasta el momento de escribir estas líneas, ningún tribunal internacional ha emitido una sentencia firme declarando a Israel culpable del delito de genocidio.
La Corte Internacional de Justicia continúa analizando la demanda presentada por Sudáfrica.
Las medidas provisionales emitidas por dicha Corte no constituyen una condena.
No establecen culpabilidad.
No declaran que exista genocidio.
Simplemente permiten que el proceso continúe mientras se examinan los argumentos de las partes.
Sin embargo, una parte importante de la prensa parece haber decidido adelantarse a los jueces.
¿Quién acusa a quién?
La comisión que elaboró el informe fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Y aquí surge otra cuestión incómoda.
A lo largo de los años, ese Consejo ha contado entre sus integrantes a gobiernos frecuentemente cuestionados por organismos internacionales por restricciones a las libertades fundamentales, persecución de opositores políticos y graves denuncias en materia de derechos humanos.
La pregunta no es si esos países tienen derecho a participar.
La pregunta es si resulta razonable aceptar sin cuestionamientos la autoridad moral absoluta de un organismo cuya composición ha sido objeto de críticas recurrentes incluso dentro del propio sistema internacional.
La credibilidad de una institución depende también de la credibilidad de quienes la integran.
El problema de las fuentes
Existe además una cuestión metodológica que rara vez aparece en los titulares.
Gran parte de las cifras utilizadas por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación provienen originalmente del Ministerio de Salud de Gaza.
Y el Ministerio de Salud de Gaza opera bajo la administración de Hamas.
Este dato no puede ser ignorado.
No significa automáticamente que todas las cifras sean falsas.
Tampoco significa que toda información proveniente de Gaza carezca de valor.
Pero sí significa que una parte considerable de la información utilizada para formular acusaciones extraordinarias proviene de una de las partes involucradas directamente en la guerra.
En cualquier investigación seria, esta circunstancia exigiría una verificación rigurosa e independiente.
Sin embargo, muchas veces los datos son reproducidos como si procedieran de una fuente neutral e imparcial.
El antecedente de Hamas
La credibilidad de una fuente también depende de su historial.
Hamas no es una organización humanitaria.
No es una organización neutral.
No es un observador independiente.
Es una organización islamista armada considerada terrorista por numerosas democracias occidentales.
El 7 de octubre de 2023 perpetró el mayor ataque contra la población judía desde el Holocausto.
Civiles fueron asesinados en sus hogares.
Familias enteras fueron exterminadas.
Personas fueron secuestradas.
Niños fueron tomados como rehenes.
Numerosas investigaciones posteriores documentaron denuncias de violencia sexual y otras atrocidades.
Nada de esto convierte automáticamente en falsa toda información proveniente de Gaza.
Pero sí obliga a someter dicha información a un nivel extraordinario de escrutinio.
Sorprendentemente, eso es precisamente lo que muchas veces no ocurre.
La pregunta que nadie quiere responder
Existe un hecho particularmente incómodo para quienes sostienen que Israel desarrolla una política genocida contra la población palestina.
En 2024, en plena guerra contra Hamas y varios meses después de la masacre del 7 de octubre de 2023, Israel coordinó junto con organismos internacionales una campaña masiva de vacunación contra la poliomielitis en Gaza.
La operación requirió el ingreso de cientos de miles de vacunas.
Requirió coordinación logística.
Requirió corredores humanitarios.
Requirió pausas operativas.
Y tuvo como objetivo proteger a cientos de miles de niños gazatíes contra una enfermedad potencialmente mortal.
Este hecho rara vez aparece en los informes, en los titulares o en las acusaciones que presentan a Israel como un Estado empeñado en destruir deliberadamente a la población palestina.
La pregunta es inevitable.
Si Israel pretende exterminar a los niños palestinos, ¿por qué coordinar una campaña destinada precisamente a salvar sus vidas?
Si el objetivo fuera la destrucción deliberada de la población palestina, ¿por qué facilitar el ingreso de vacunas?
¿Por qué colaborar con organismos internacionales para inmunizar a cientos de miles de menores?
¿Por qué invertir recursos militares y logísticos en proteger a quienes supuestamente se desea exterminar?
Los defensores de la tesis genocida rara vez ofrecen una respuesta convincente a esta contradicción.
La acusación de genocidio exige demostrar intención.
Y resulta difícil conciliar la idea de una política de exterminio infantil con la coordinación de una campaña sanitaria destinada precisamente a preservar la vida de esos mismos niños.
La responsabilidad que desaparece
Existe además otra cuestión llamativa.
Buena parte de la cobertura mediática parece atribuir toda responsabilidad exclusivamente a Israel.
Sin embargo, rara vez se analiza la conducta de Hamas.
¿Qué ocurre cuando una organización armada opera desde zonas densamente pobladas?
¿Qué ocurre cuando almacena armamento cerca de infraestructura civil?
¿Qué ocurre cuando utiliza hospitales, escuelas o edificios públicos para actividades militares?
¿Qué ocurre cuando sus combatientes se mezclan deliberadamente con la población civil?
Estas preguntas son centrales para comprender cualquier conflicto moderno.
Pero con frecuencia desaparecen del análisis periodístico.
La responsabilidad de Hamas parece evaporarse.
La de Israel permanece.
Del periodismo al activismo
La función del periodismo debería consistir en aportar contexto, complejidad y hechos verificables.
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, parte de la prensa internacional parece haber adoptado una función diferente.
La acusación se convierte en condena.
La hipótesis se convierte en certeza.
La investigación se convierte en sentencia.
Y quien plantea preguntas es acusado de justificar crímenes.
No se trata de defender automáticamente cada decisión del gobierno israelí.
No se trata de negar el sufrimiento de la población civil palestina.
No se trata de ignorar las tragedias humanas de esta guerra.
Se trata de algo mucho más básico.
Se trata de defender la diferencia entre información y propaganda.
La verdadera discusión
La verdadera discusión no es si Israel debe ser investigado.
Debe ser investigado como cualquier otro Estado.
La verdadera discusión es si las acusaciones más graves que pueden formularse contra una nación están siendo presentadas como hechos probados antes de que exista una sentencia judicial que las confirme.
Porque una cosa es investigar.
Otra es acusar.
Y otra muy distinta es condenar.
Cuando esas tres etapas se confunden deliberadamente, la búsqueda de la verdad deja paso a la construcción de relatos.
Y cuando los relatos sustituyen a los hechos, el periodismo deja de ser un instrumento de conocimiento para convertirse en un actor más del conflicto.
La pregunta que cada lector debe hacerse es sencilla:
¿Estamos ante una verdad demostrada?
¿O estamos ante una acusación política presentada como si ya hubiera sido juzgada?
La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo evidente.
