La democracia que le abre la puerta a quien la quiere cerrar
Ofer Cassif está en Uruguay estos días, difundiendo la misma acusación que viene repitiendo desde su banca en la Knéset. Y me parece que el personaje amerita algo más que indignación: amerita entender qué es exactamente lo que representa, y por qué su caso toca una fibra que va mucho más allá de Israel.
Cassif es diputado israelí, judío, marxista y comunista declarado, y antisionista sin ninguna ambigüedad. No cuestiona una política de gobierno ni un primer ministro: cuestiona que Israel exista como el Estado del pueblo judío. No pide la fórmula clásica de dos Estados, que al menos deja en pie un Israel judío junto a una Palestina independiente. Pide otra cosa: que Israel deje de ser lo que es y se convierta en un Estado binacional judeo-árabe, con plena igualdad indiferenciada entre ambos pueblos dentro del mismo territorio y el mismo aparato estatal.
Y lo pide desde adentro, usando su banca para respaldar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la acusación de genocidio contra su propio país, y calificando con esa misma palabra la campaña militar israelí en Gaza. En enero de 2024, un grupo de diputados impulsó su expulsión de la Knéset. La votación reunió 85 votos a favor y 11 en contra, pero la ley exige una mayoría especial de 90: le faltaron cinco. Conservó la banca. La Comisión de Ética lo sancionó más de una vez por sus declaraciones durante la guerra, con suspensiones de 45 días y de dos meses en momentos distintos, pero nunca logró sacarlo del sistema. El mismo diseño institucional pensado para proteger la disidencia legítima terminó protegiendo también a quien niega la legitimidad del Estado al que pertenece esa institución.
Uno podría pensar que es un caso único. No lo es del todo, y las diferencias con otros casos parecidos son justamente las que terminan explicando por qué Cassif es un fenómeno distinto.
El Sinn Féin gana bancas en Westminster desde hace más de un siglo y jamás las ocupa: se niega a jurar lealtad a la corona británica, requisito para asumir como diputado, porque considera a ese parlamento una institución extranjera. Cobra asignaciones, mantiene oficinas, pero nunca se sienta en la Cámara de los Comunes. Es un rechazo real y sostenido. Pero no exige que el Reino Unido deje de ser el Reino Unido: exige separarse de él.
En España, dirigentes independentistas catalanes como Oriol Junqueras fueron electos diputados al Congreso en plena causa judicial por el intento de secesión de 2017, y juraron una Constitución cuya integridad territorial rechazan en los hechos. Tampoco ahí hay una exigencia de que España deje de ser España: hay una exigencia de separación territorial.
En Turquía, decenas de legisladores del HDP kurdo fueron encarcelados y despojados de sus bancas por presunta cercanía con el PKK, organización que Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos consideran terrorista. El HDP niega el vínculo, así que ni siquiera es una posición declarada abiertamente como la de Cassif, sino una disputa sobre hechos. Aun así, el patrón de fondo —un Estado que ve en sus propios legisladores una amenaza a su integridad— es reconocible.
Y está el caso que la ciencia política cita más seguido cuando habla de democracias que terminan alimentando a quienes las quieren muertas: el Parlamento de la Alemania de los años veinte, donde convivían partidos abiertamente antisistema, entre ellos el nazismo, que terminó destruyendo la democracia usando sus propios mecanismos constitucionales. Ahí también hay que ser precisos: ni nazis ni comunistas alemanes pedían que Alemania dejara de ser una nación alemana. Pedían reemplazar el régimen democrático por una dictadura, fascista en un caso, de partido único en el otro, pero el país seguía siendo, en su composición nacional, el mismo país.
Cassif es otra cosa. El Sinn Féin quiere irse. Cataluña quiere separarse. El HDP es acusado de apoyar una insurgencia separatista. Los antisistema de Weimar querían otro régimen, no otra nación. Cassif no quiere ninguna de esas cosas: quiere quedarse, seguir siendo diputado de Israel, y que Israel deje de ser el Estado del pueblo judío para convertirse en otra cosa, definida en los términos de quien hoy lo combate desde adentro.
A esa demanda nadie le exige reciprocidad. Nadie plantea, como condición de paz, que un futuro Estado palestino deje de ser árabe y se convierta en un territorio compartido judeo-árabe. Esa misma propuesta, invertida, sonaría con razón como una provocación inadmisible. Imaginate que el Vaticano cediera la Plaza de San Pedro para levantar una mezquita en nombre de la convivencia interreligiosa, o que se propusiera construir el Tercer Templo judío junto a la mezquita de Al-Aqsa, para que ambas religiones compartan el lugar más disputado del planeta en paz y en armonía. Sería hermoso. También sería, como toda esta clase de fantasías, un cuento de Walt Disney: bello en la pantalla, imposible en Jerusalén.
Hay un ejercicio todavía más simple para entender lo que digo, uno que cualquier uruguayo puede hacer sin necesidad de viajar hasta la Knéset. Vayan a una charla de Cassif y, por un rato, vean la realidad a través de sus ojos: un Israel que oprime, que comete genocidio, que no tiene derecho a existir tal como es. Ahora imaginen a un israelí sentado en una charla de Gustavo Salle, diputado por Canelones, viendo al Uruguay que Salle describe. Los dos son legisladores en ejercicio, con banca y voto en su parlamento. Los dos tienen discursos que, escuchados desde afuera, con distancia, solo pueden calificarse de una manera: mentira, delirio, distorsión de la realidad, llámenlo como quieran. La diferencia es que a uno lo tomamos en serio y al otro no. Y esa asimetría, en sí misma, ya dice algo.
Uruguay tiene su propia historia con esto, y me parece justo traerla a colación justamente ahora que Cassif visita el país. En julio de 1941 el Parlamento uruguayo le quitó los fueros al diputado colorado Alejandro Kayel, que dirigía el diario Libertad, financiado desde Alemania y dedicado a la propaganda antijudía. Fue una expulsión justa: un legislador que usaba su banca para amplificar la misma ideología que en esos años mandaba judíos a las cámaras de gas no merecía protección institucional.
El mismo Parlamento también expulsó, en 1986, al senador Germán Araújo, acusado de incitar disturbios callejeros por sus audiciones en CX30 tras la sanción de la Ley de Caducidad. Tuve el gusto de conocerlo en CX30, y años después compartimos lugar de trabajo en CX36. La primera vez que voté, a mis 18 años, lo voté a él. Por eso no lo digo solo como lectura histórica: aquella expulsión fue injusta, una maniobra de quienes querían silenciar una voz incómoda en un momento de transición democrática todavía frágil, sin el debido proceso que un caso así exige.
Cito los dos casos, uno justo y el otro no, por una razón puntual: para que a nadie se le ocurra decir que una votación de expulsión fallida es un mecanismo excepcional o inexistente en la práctica democrática. En Uruguay, un país mucho más chico y con una institucionalidad mucho más frágil que la de Israel, el Parlamento sí ejerció esa potestad, para bien y para mal. Que la Knéset no haya logrado expulsar a Cassif no es un tecnicismo curioso. Es una decisión política real, tomada por un cuerpo con plena capacidad de hacerlo, que eligió no hacerlo.
Y ahí Cassif se traiciona a sí mismo. Dice que “Israel nació como un estado cuya base es la supremacía judía y esa no es una democracia”. Pero él está sentado en esa Knéset, junto a otros diez diputados árabes elegidos con voz y voto. ¿Cómo se explica eso? O Cassif miente, o es diputado… Y todos sabemos que es diputado.
Queda la pregunta incómoda, la misma que atraviesa cada uno de estos casos: cuánta apertura puede tolerar una democracia amenazada existencialmente antes de que esa apertura se convierta en la herramienta de su propia erosión. Cassif tiene su banca hoy porque a Israel, con todo lo que arriesga, le faltaron cinco votos para sacarlo. Habrá que ver, con los años, si esos cinco votos terminan siendo prueba de fortaleza institucional o de una vulnerabilidad que todavía no terminamos de medir.
