Hay una frase que en el Uruguay político se dice como si no costara nada decirla: “en Gaza hay un genocidio”. La dicen senadores, la dice el presidente del partido de gobierno, la dice el secretario general de la central sindical más poderosa del país. La dicen con la misma tranquilidad con la que se anuncia el clima. Y ahí está el problema, porque una acusación de genocidio no es un dato meteorológico. Es la imputación más grave que existe en el derecho internacional, reservada —cuando se prueba— para Ruanda, para Srebrenica, para la Alemania nazi. Tratarla como una obviedad conversacional no es coraje político. Es otra cosa, y esa otra cosa merece nombre propio.
Acusar es decir “creo que este gobierno cometió crímenes y debe responder por ellos”. Es legítimo, es debatible, es lo que hace cualquier oposición seria en cualquier democracia. Condenar es otra cosa: es hablar como si el juicio ya hubiera terminado, como si la Corte Penal Internacional fuera un trámite pendiente en lugar de un proceso abierto, como si repetir la palabra con suficiente convicción alcanzara para volverla un hecho consumado. Cuatro dirigentes uruguayos cruzaron esa línea, cada uno a su manera, y vale la pena mirarlos uno por uno antes de sacar conclusiones sobre el conjunto.
Daniel Caggiani, senador del MPP, es el más difícil de clasificar. En junio de 2025 fue categórico: “en Israel hay un gobierno genocida y tiene una práctica de exterminio de la población en Gaza”. Tres meses después matizó: citó el informe de una comisión de la ONU y habló de hechos que “podrían identificarse” como genocidio, ya no de una certeza propia. Esa oscilación es, sin querer, la más honesta de las cuatro voces que vamos a repasar, porque admite lo que los otros tres se niegan a admitir: que “genocidio” sigue siendo una posición sobre un proceso judicial en curso, no un veredicto que un senador tenga autoridad para dictar desde Montevideo. Pero la duda de un mes no borra la sentencia del otro. Caggiani firmó las dos.
Óscar Andrade no tiene esa ambigüedad. Es el primer senador que el Partido Comunista logró llevar al Parlamento uruguayo —un dato que no es anecdótico, porque habla de la magnitud del espacio que ocupa dentro de su fuerza política— y lo dijo sin vueltas en el propio recinto del Senado: “yo denuncio un genocidio en Gaza, de manera clara, en lo personal”. Agregó que veía “todos los componentes que hacen a una limpieza étnica”. No hay grieta ahí, no hay matiz posterior. Hay una sentencia, firmada con nombre y apellido, desde una banca de la Cámara Alta.
Fernando Pereira eligió un camino distinto para llegar al mismo lugar. Cuando un periodista le preguntó, en una entrevista radial, si creía que Israel tenía “una intención de exterminio sobre el pueblo palestino”, el presidente del Frente Amplio no dudó: “Sí, lo creo”. No es una frase aislada en un discurso propio: es una respuesta directa, bajo presión, que deja fijada su posición sin margen para la reinterpretación. Como presidente del Frente Amplio, no es una opinión que quede flotando entre sus votantes: es una posición que baja desde la conducción del partido de gobierno. Hay que decirlo también, porque la honestidad lo exige: Pereira rechaza explícitamente “desde el río hasta el mar” y defiende la existencia de dos Estados. Ese matiz lo distingue de los otros tres. No lo excusa.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT e integrante de la dirección del Partido Comunista, es el que llega más lejos con las palabras. En un acto multitudinario del 12 de agosto de 2025, denunció al gobierno de Israel como “una versión cuasi nazifascista de la extrema derecha”. Meses después, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales respaldaron una denuncia penal contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan por “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”, y reclamaron que Uruguay colabore con las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant. Abdala encabezó la conferencia de prensa donde se anunció. Como Pereira, deslinda al pueblo israelí del Estado que lo gobierna. Pero la palabra “nazifascista” aplicada a un gobierno israelí no es un adjetivo cualquiera: es la inversión moral más antigua del repertorio antisemita, convertir a la víctima histórica en el nuevo verdugo. Y esa palabra, viniendo del hombre que conduce a la central sindical con más peso político y económico del país, no se queda en un comunicado. Circula.
Los cuatro condenaron el 7 de octubre. Hay que decirlo, porque omitirlo sería tan deshonesto como lo que les estamos señalando. Pero condenar una masacre una vez no es lo mismo que sostener esa condena con la misma insistencia con la que se sostiene la acusación contra Israel. Ninguno de los cuatro volvió sobre Hamas con la frecuencia, la centralidad ni el vocabulario jurídico que reservó para Netanyahu. Ninguno le exigió a Hamas rendición de cuentas con el mismo lenguaje de tribunal internacional. La proporción entre la indignación dedicada a un gobierno elegido y la indignación dedicada a una organización que ejecuta rehenes y gobierna Gaza sin haber convocado una elección desde 2006 no es un detalle menor: es la medida exacta de hacia dónde apunta, en los hechos, la sentencia.
Y hay algo más que estos cuatro dirigentes prefieren no mencionar cuando hablan de nazifascismo: Netanyahu llegó al poder en una democracia donde más de un millón y medio de ciudadanos árabes tienen derecho a voto, y donde árabes —cristianos y musulmanes— ocupan bancas, ministerios y cargos judiciales. Si una parte de ellos elige no votar, es asunto suyo; lo que importa es que el sistema no se lo impide, y eso ya los separa de cualquier régimen al que se pretenda comparar con el nazismo. Nadie imagina a un judío como ministro en el gabinete de Hitler, por más votos que hubiera reunido, porque el nazismo no tenía ningún mecanismo capaz de tolerar eso: la exclusión no era un defecto del sistema, era el sistema. Un país que permite que la minoría a la que supuestamente persigue vote, se presente, gane y gobierne, está describiendo exactamente lo contrario de lo que esa palabra significa. Usarla de todos modos no es un error de vocabulario. Es una elección.
Nada de esto necesita que Caggiani, Andrade, Pereira o Abdala odien a los judíos. Ese es, precisamente, el dato que vuelve esto más serio y no menos: no hace falta antisemitismo consciente para que un discurso funcione con la misma mecánica que el antisemitismo históricamente utilizó. El Museo del Holocausto de Washington describe la propaganda nazi como un mecanismo con una función precisa: definir al enemigo, presentarlo como amenaza colectiva, construir una atmósfera donde el odio —o al menos la indiferencia frente a él— resulte razonable. Goebbels no inventó nada de eso. Heredó siglos de prejuicio antijudío y una falsificación rusa de comienzos del siglo XX, los Protocolos de los Sabios de Sión, que él sabía falsa pero consideraba útil por su “verdad interna”. Lo que hizo fue industrializar la repetición con la tecnología de su época. Hoy la tecnología cambió. El mecanismo sigue siendo reconocible: un enemigo simple, una explicación que no exige pruebas, y la repetición como sustituto de la demostración.
Alcanza con la autoridad, la repetición y la certeza. Y autoridad es justamente lo que tienen estos cuatro: dos bancas en el Senado, la presidencia del partido de gobierno, la conducción de la central sindical más poderosa del país. Cuando alguien así fija una palabra, esa palabra deja de flotar en el debate público y se convierte en marco. Se repite en asambleas, se cita en redes, se transforma en la forma correcta de hablar del tema para miles de personas que jamás leyeron un informe de la ONU ni conocen la diferencia entre crimen de guerra y genocidio.
Hay alguien en el Uruguay que no necesita ninguno de los matices que acabamos de concederles a estos cuatro. Gustavo Salle definió a Maldonado, un departamento con una importante población judía, como “un territorio ocupado por el sionismo” y “un apéndice del gobierno” de Israel. Cataloga al sionismo, junto a la masonería, el jesuitismo y el narcotráfico, como una de las “cuatro organizaciones nefastas” que operan sobre el país. Habla de “banqueros sionistas masónicos” y de una “hegemonía imperial anglosajona sionista masónica” manejando los hilos del poder real. No es vocabulario nuevo: es el vocabulario centenario de la conspiración judía reempaquetado con nombres actuales. Salle no rechaza “desde el río hasta el mar”. No deslinda a nadie de nada. No es un neonazi —un neonazi reivindica una ideología del siglo XX que adoptó después de que terminara. Salle es más viejo que eso: repite mecanismos de propaganda antijudía que son anteriores al nazismo, que el nazismo perfeccionó, y que sobrevivieron a su derrota. Nadie lo toma en serio en el Parlamento. Lo consideran un payaso, y tienen razón en despreciarlo por eso.
Pero ahí está el punto que estos cuatro dirigentes no van a querer leer. Salle dice, sin filtro, que existe una entidad judía global —financiera, masónica, todopoderosa— manejando los hilos desde las sombras. Ellos dicen, con vocabulario más presentable, que un gobierno judío es la versión moderna del nazismo, que su ejército comete genocidio, que su existencia misma debe juzgarse ante tribunales internacionales mientras el grupo que masacró a sus civiles el 7 de octubre recibe, en el mejor de los casos, una condena de trámite. Salle lo grita vulgar. Ellos lo dicen con vocabulario jurídico y desde un cargo institucional. La arquitectura es la misma: un enemigo colectivo, una amenaza existencial, una certeza que no necesita pruebas porque se sostiene con la sola repetición.
Vale mencionar, porque la honestidad también exige nombrar lo que no ocurrió: el presidente Yamandú Orsi nunca se sumó a este tipo de declaraciones. No hay una sola condena suya que use “genocidio”, “exterminio” o “nazifascismo” para referirse a Israel. Eso no lo convierte en aliado de nadie ni resuelve las tensiones internas de su propio frente, pero marca una distancia real: mientras el presidente del partido y dos de sus senadores hablaban como fiscales de un tribunal que no existe, quien ocupa la primera magistratura eligió no sumarse. La distinción importa porque muestra que la deriva de estos cuatro no era la única opción disponible dentro del propio Frente Amplio. Fue una elección de cada uno de ellos, no un destino obligado por pertenecer a esa fuerza política.
Ninguno de los cuatro es Salle. Pero tampoco son inocentes por no serlo. Son inteligentes, llegaron a esas bancas y a esas direcciones por algo, y nadie llega ahí repitiendo palabras sin saber lo que esas palabras cargan. Lo que hacen —quizás sin proponérselo, lo cual no los exime— es tomar el discurso más marginal y más despreciado del sistema político uruguayo, limpiarlo de su vulgaridad, sacarle el nombre de la conspiración masónica y dejarle solamente el veredicto. Salle grita algo que todos ningunean. Ellos lo dicen desde una banca, desde la presidencia de un partido, desde la conducción de un sindicato, y de repente nadie lo ningunea más. Ese es el verdadero peligro: no que un payaso hable de sionismo y masonería. Que cuatro personas que sí importan terminen, sin firmar el mismo libreto, recitando el mismo texto —y que, para variar, seamos nosotros quienes todavía tengamos que explicar por qué eso está mal.
