Durante años, el mapa de riesgo de Israel tuvo un solo nombre subrayado en rojo: Irán. Ese subrayado se mueve, y lo hace hacia un país que, oficialmente, es aliado de Occidente.
El Comité Nagel, el panel de defensa que asesora al gobierno israelí, lo puso por escrito a comienzos de 2025: Israel debía prepararse para una eventual confrontación directa con Turquía, porque una Siria alineada con Ankara “podría evolucionar hacia algo incluso más peligroso que la amenaza iraní”. Lo dijo el organismo que diseña la doctrina de defensa del Estado. Desde entonces la frase se volvió costumbre en la prensa israelí: “Turquía es el nuevo Irán”, repite Naftali Bennett cada vez que tiene un micrófono cerca.
La lógica detrás del giro es militar, no ideológica. Irán, tras la cadena de golpes recibidos, quedó con su inteligencia degradada, sus milicias regionales desangradas y su programa nuclear bajo un apagón de verificación tan severo que ni el OIEA sabe con certeza qué queda en pie. Pueden faltar semanas para el material fisible o pueden faltar años — ni las agencias de inteligencia se ponen de acuerdo. Esa incertidumbre, paradójicamente, bajó a Teherán en la escala de urgencia inmediata: Israel y Estados Unidos asumen que pueden seguir golpeando el programa cuando haga falta.
Turquía no ofrece esa comodidad. Es la fuerza terrestre convencional más numerosa de la OTAN después de Estados Unidos —más de 350.000 efectivos activos, por delante de Francia, Reino Unido o Alemania—, tiene industria militar propia (los drones Bayraktar ya pelearon guerras ajenas en medio mundo) y, desde la caída de Assad, expandió su presencia en el norte de Siria hasta pisarle el patio trasero a Israel.
El 18 de agosto, cazas israelíes atacaron la base aérea de Abu al-Duhur alegando movimiento militar turco en la zona; Washington revisó la inteligencia que le pasó Israel y no encontró sustento. Dos días después, el ministro de Defensa israelí Israel Katz acusó a Erdogan de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas en Siria” y advirtió que Israel “no permitirá que nadie amenace su seguridad”. Al día siguiente, Ankara pidió a Interpol una alerta roja contra Netanyahu, y la Oficina del Primer Ministro israelí respondió llamando a Erdogan “dictador antisemita” que “da cobijo a los terroristas de Hamás”. Erdogan ya había fijado el precedente que preocupa a Jerusalén, invocando sus propias intervenciones en Nagorno-Karabaj y Libia: “Así como entramos en Karabaj, así como entramos en Libia, haremos lo mismo con ellos”. Netanyahu lo había resumido semanas antes: “Difícilmente pasa un día sin que Erdogan pida la destrucción del Estado de Israel”.
Ahí aparece la primera gran incomodidad de esta historia. Turquía es miembro pleno de la Alianza Atlántica, con voz y voto en cada decisión de la OTAN, mientras le da refugio político a la dirigencia de Hamás y presiona con tropas la frontera de un país que Occidente dice defender. La OTAN no le dio la espalda a Israel — nunca tuvo esa obligación, Israel no es miembro —, pero sí alberga adentro suyo una contradicción que no resuelve.
Y esa contradicción no se queda en el Mediterráneo oriental. Cuando la caída de Assad le cortó a Irán el corredor terrestre que alimentaba a Hezbolá, Teherán tuvo que reconstruir sus rutas de suministro por Turquía y el Mediterráneo, y Ankara pasó de ser espacio de tránsito marginal a nodo crítico. Hoy Hezbolá ya no depende de un solo padrino: sigue alineado con Irán, pero reconstruye financiamiento, tránsito y cobertura política a través de Turquía, que se consolidó en la Siria post-Assad como el canal habilitante que reemplaza al iraní. El circuito es concreto, no especulativo: hasta el arresto de Maduro, petróleo iraní se contrabandeaba a Venezuela a cambio de oro, ese oro llegaba a la Fuerza Quds para financiar a Hezbolá, y de ahí se contrabandeaba a Turquía, donde se vendía en el mercado negro para convertirlo en efectivo limpio. Turquía no compite con el eje iraní. Lo hereda, pieza por pieza, y en el camino se queda con el rol de garante que antes tenía Teherán en el Líbano.
Ese lugar —punta de lanza de la confrontación con Israel— no lo inventó Turquía. Antes lo ocupó Irán durante cuatro décadas, financiando milicias hasta el colapso actual. Antes de Irán fue Egipto, bajo Nasser, el que encarnó el liderazgo del mundo árabe enfrentado a Israel. El patrón viene de 1948: Israel luchó su guerra de independencia principalmente contra Egipto, Jordania y Siria. Con Egipto y Jordania firmó la paz. Con Siria nunca — el armisticio de 1973 nunca se convirtió en tratado, y ambos países siguen técnicamente en guerra, aunque esta misma semana Damasco y Jerusalén retomaron conversaciones mediadas por Estados Unidos, en parte para evitar que la rivalidad entre Israel y Turquía se derrame sobre territorio sirio. El cargo rota. La función no: siempre hay un Estado dispuesto a tomar la posta mientras el resto del bloque islámico mira desde una cómoda retaguardia.
Quien dirige esa función no es “el Islam”. Es, como en cualquier estructura de poder real, un núcleo reducido de liderazgos que deciden, financian y movilizan, mientras detrás queda una masa que no decide nada. Pero vale la pena mirar quiénes son, puntualmente, esos liderazgos: de la lista completa de países que ocuparon el rol de enemigo activo de Israel —Egipto, Jordania, Siria, Irán, Turquía— ninguno es hoy una democracia donde el pueblo pueda sacar al que gobierna con su propio voto. Irán filtra a sus candidatos antes de que lleguen a una boleta. Egipto y Siria reprimen cualquier oposición real. Jordania es una monarquía donde el poder ejecutivo no se vota. Turquía, que hasta hace poco tenía competencia electoral genuina, se cierra en vivo: Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul que le ganó a los candidatos de Erdogan cuatro veces en las urnas y era su rival con más chances para 2028, está preso desde marzo de 2025 con cargos que buena parte de la prensa internacional considera fabricados — le anularon el título universitario 32 años después de recibirlo, específicamente para inhabilitarlo como candidato.
El contraste con Israel es directo. Ehud Olmert, primer ministro entre 2006 y 2009, terminó preso por soborno tras un fallo de la Corte Suprema. Benjamin Netanyahu, primer ministro en funciones, es juzgado en un tribunal civil ordinario por tres causas de corrupción — el primer jefe de gobierno israelí que se sienta como imputado mientras gobierna. Casi todos los primeros ministros israelíes desde 1996 fueron investigados. En ningún caso el poder blindó al investigado, y en ningún caso el opositor que ganó una elección terminó preso por ganarla. Es lo contrario de lo que le pasó a İmamoğlu.
El horizonte simbólico que sostiene a ese núcleo dirigente viene de mucho antes que Erdogan. El Estado Islámico dedicó producciones enteras a reclamar el “retorno” de Al-Ándalus —”oh Andalus querida, oh Andalus expoliada, ¿qué musulmán sincero no ha hecho voto de recuperarte?”, declamaba uno de sus videos—, y otro de 2015 prometía, después de Mosul y Sinjar, ir por “París, Roma y Al Andalus”. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, lo dijo sin vueltas hace una década: España integra los objetivos estratégicos de la yihad global. El año pasado, un predicador radicado en Estados Unidos, Iyad Hilal, actualizó el relato en un sermón que circuló por YouTube: comparó la pérdida de España en 1492 con la creación del Estado de Israel en 1948, dos capítulos de la misma “tragedia” que, según él, el islamismo todavía tiene pendiente redimir.
Y España, en ese tablero, no es un espectador neutral. Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno español y fundador de Podemos, cobró personalmente entre 1.400 y 2.800 euros mensuales durante 2016 de 360 Global Media, la productora que operaba en España la señal de la televisión estatal iraní Hispan TV, por dirigir y presentar el programa Fort Apache — facturas que un juez de la Audiencia Nacional requirió como prueba en una causa judicial. Iglesias no lo negó: lo justificó en público. En una charla de 2013 respondió a quienes le preguntaban por qué un dirigente de izquierda aceptaba financiamiento de una teocracia con esta frase: “La geopolítica es así, y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política”. Un informe policial de la UDEF llegó a calcular en cerca de un millón de euros anuales el aporte iraní al “funcionamiento, realce, publicidad y mantenimiento” de Podemos, aunque ese informe fue rechazado en los tribunales por falta de firma y nunca sirvió como prueba de financiación ilegal. Lo que sí quedó firme es que el propio Tribunal Supremo, al rechazarle a Iglesias una demanda por difamación, dejó asentado entre los hechos probados “la financiación por parte de Irán reconocida por el propio Sr.” Iglesias.
Hay, sin embargo, un límite estructural que ese proyecto nunca logró superar: el islamismo político nunca fue capaz de sostener una victoria sin devorarse a sí mismo. La fractura entre sunitas y chiitas nació en el año 632, en la guerra civil por la sucesión de Mahoma, y sigue abierta 1.400 años después. La guerra Irán-Irak dejó cerca de un millón de muertos entre musulmanes. Siria, desde 2011, lleva más de 600.000. El propio Estado Islámico eligió su primer nombre —Estado Islámico de Irak y Siria— pensando en países gobernados por chiitas, a los que consideraba herejes antes que enemigos externos.
Turquía, hoy, es la cara visible de un cargo que otros ocuparon antes y que otros van a ocupar después. La diferencia esta vez es que quien lo ocupa no es un régimen aislado y débil como el Irán de 2026: es la segunda fuerza terrestre de la OTAN, con un asiento en la mesa que decide la seguridad de Occidente, heredando además las rutas y los contactos que Irán y Hezbolá construyeron durante décadas, del Líbano a Venezuela. Y puertas adentro, encarcela a quien le gana en las urnas.
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