Hay una pregunta que casi nadie se anima a hacer en voz alta cuando se habla del fracaso de Oslo, y es la más simple de todas: ¿qué pasa cuando la parte que tiene que construir un Estado decide, en cambio, poner precio a la sangre?
Conviene empezar por un dato que la mayoría de las coberturas internacionales prefiere no tocar. “Palestina” no nombró, hasta bien entrado el siglo XX, a una nación árabe. Nombraba una región geográfica bajo mandato británico donde vivía, entre otros, el Yishuv judío — con sus diarios, sus bancos, sus equipos de fútbol llamados Palestina. La identidad nacional palestina moderna, tal como la conocemos hoy, se terminó de forjar recién en la década de 1960, mucho después de que Jordania anexara Cisjordania y Egipto administrara Gaza sin que a ninguno de los dos se le ocurriera fundar ahí un Estado árabe. En casi veinte años de control egipcio y jordano, nadie reclamó esa soberanía para sus habitantes.
Fue Israel, no un país árabe hermano, quien terminó abriéndole a esa identidad naciente la puerta de un autogobierno real. En 1993 hizo algo que ningún otro actor de la región había estado dispuesto a hacer con un movimiento que hasta entonces se dedicaba a secuestrar aviones y masacrar atletas olímpicos: le entregó territorio, le entregó autonomía administrativa, y le entregó dinero. Mucho dinero, girado por el propio Estado judío y por la comunidad internacional, con un objetivo explícito y nada ambiguo: que la Autoridad Palestina construyera escuelas, hospitales, un aparato estatal digno de ese nombre para la gente de Cisjordania. La apuesta era simple y, vista en retrospectiva, casi ingenua. Si a la dirigencia palestina se le daban las herramientas de un Estado, terminaría comportándose como tal.
No pasó eso. Pasó lo contrario.
En vez de construir instituciones que rindieran cuentas, la Autoridad Palestina construyó una nómina. Y esa nómina no premia al maestro, ni al médico, ni al funcionario que hace bien su trabajo: premia al que mata. El programa de estipendios para presos y familias de “mártires” — lo que la crítica internacional bautizó, sin demasiada sutileza pero con bastante precisión, como pay-for-slay — no es un desvío puntual ni un exceso burocrático aislado. Es una escala salarial. Cuanto más larga la condena, más alto el pago mensual; cuanto más muertos deja un atentado, mayor la recompensa. Y acá está el dato que debería doler más que ningún otro: no hay dos cajas separadas, una limpia para hospitales y otra sucia para el terrorismo. Es una sola caja. Parte de esa plata que Israel giraba para levantar Cisjordania es la misma que terminó pagando el Fondo de Mártires. El vecino que ofreció los fondos para construir el Estado terminó financiando, sin quererlo, el sistema que premia matarlo.
Durante años Washington intentó cortar ese circuito por la vía del bolsillo. La Taylor Force Act, sancionada en 2018 y bautizada con el nombre de un veterano del ejército estadounidense asesinado en Tel Aviv por un terrorista cuya familia después cobró del Fondo de Mártires, condicionó la ayuda económica de Estados Unidos a la Autoridad Palestina al cese de esos pagos. La ley funcionó, en el sentido de que le costó a Ramala más de 200 millones de dólares en asistencia. No funcionó en el sentido que importaba: el sistema no se desmontó, se disfrazó.
En febrero de 2025 Mahmud Abás firmó un decreto que, en el papel, transfería los pagos a un nuevo organismo con un criterio supuestamente basado en la necesidad y no en la condena. Fue presentado como el fin del pay-for-slay. Fue, en los hechos, un cambio de membrete. El propio arquitecto de la campaña que impulsó la Taylor Force Act advirtió en su momento que el decreto de Abás era ambiguo y no cerraba ni el Club de Prisioneros ni el Fondo de Mártires, y la evidencia posterior le dio la razón con una contundencia incómoda. El propio gobierno israelí calculó que la Autoridad Palestina pagó 156 millones de dólares en beneficios a terroristas y sus familias durante 2025, y un informe del Departamento de Estado estadounidense fue más allá: encontró que la cifra real superó los 200 millones de dólares ese mismo año, la prueba de que la promesa de reforma no se cumplió.
Lo más revelador no es el número. Es quién lo terminó admitiendo. En febrero de 2026, exactamente un año después de que Abás dijera haber revocado los decretos que sostenían el sistema, el propio ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Estephan Salameh, reconoció ante el Congreso estadounidense que los pagos nunca se habían detenido. Con sus propias palabras: que a pesar de “un esfuerzo enorme, casi imposible”, el organismo seguía sosteniendo esas transferencias a presos y familias de mártires — como si estuviera describiendo un problema de gestión, un dolor de cabeza administrativo, y no una elección moral tomada con plata ajena. No fue una filtración de inteligencia israelí. Lo dijo el propio ministro, sentado, con corbata, ante un comité del Congreso.
Ahí está el problema de fondo, y no es contable. Es moral y es institucional al mismo tiempo, y por eso Oslo no podía sobrevivirlo. Israel entregó territorio y presupuesto a cambio de una promesa de renuncia a la violencia y reconocimiento mutuo. La contraparte tomó ese territorio, tomó esa plata, y organizó con ella un incentivo económico para seguir matando judíos. No hay ingeniería diplomática que resista eso. No hay garante internacional, ni ronda de negociación, ni cumbre con nombre de balneario que pueda sostener un proceso de paz cuando uno de los firmantes cotiza en bolsa la muerte del otro.
Se puede discutir durante décadas si Oslo fracasó por los asentamientos, por el asesinato de Rabin, por Camp David, por Arafat, por Netanyahu, por la segunda Intifada. Todo eso es cierto y todo eso pesó. Pero hay una causa que antecede a todas las demás, que un pueblo joven en su identidad nacional tuvo la chance real de convertirse en un Estado con la propia billetera del vecino que decía combatir, y prefirió convertir esa billetera en una pensión para asesinos. En algún cajón de Ramala debe existir, todavía, la planilla con la escala de pagos: tantos años de condena, tantos muertos, tanto dinero. En algún otro cajón de Cisjordania hay un maestro que nunca vio un aumento. Nadie, hasta el día de hoy, se tomó el trabajo de cerrar el primer cajón. El segundo sigue esperando.
