El 8 de octubre de 2024, un día después del primer aniversario de la masacre de Hamás en el sur de Israel, dos militantes de la Organització Juvenil Socialista le arrojaron pintura roja a Pilar Rahola mientras daba una conferencia en La Garriga, cerca de Barcelona. Ella se limpió y terminó de hablar. Los dos quedaron encausados por daños, amenazas y trato degradante, con el agravante de antisemitismo. En febrero de este año respondieron denunciándola a ella por incitación al odio y complicidad con un genocidio, y su abogado explicó que las opiniones de Rahola formaban parte de una campaña “financiada por el sionismo internacional”.
Hoy, 22 de septiembre, se conoció que Rahola ganó. La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona archivó la denuncia sin encontrar delito alguno, en un decreto fechado el 27 de agosto que se le notificó a su defensa este lunes 21. En ese decreto, la fiscal concluye que en ninguna de sus palabras hay un llamamiento a la violencia o a la discriminación, y que la acusación de complicidad con un genocidio no tiene encaje posible. Para llegar a esa conclusión aplicó el mismo criterio con el que el Tribunal Supremo había archivado denuncias contra Ada Colau e Ione Belarra por calificar a Israel de Estado genocida.
El expediente llevaba su nombre, pero lo que ponía en el banquillo era algo bastante más amplio que una periodista catalana. Rahola fue denunciada por sostener en público que Israel tiene derecho a existir y a defenderse después de que en un solo día le asesinaran a cerca de mil doscientas personas y le secuestraran a doscientas cincuenta y una. También por recordar que ningún tribunal con jurisdicción ha declarado que Israel esté cometiendo un genocidio. Quien diga eso mismo en una clase, en una radio o en una sobremesa, en Barcelona o en Buenos Aires, estaba incluido en la denuncia aunque su nombre no figurara.
Rahola tiene un abogado penalista de primera línea, columnas en varios medios y un nombre que la protege. Un docente o un estudiante que repita lo que ella dice no tiene nada de eso, y para ellos no hace falta que la denuncia prospere. Alcanza con saber que existe la posibilidad. Durante meses, los titulares informaron que una de las voces más conocidas en defensa de Israel en España estaba investigada por complicidad con un genocidio. El archivo llegó después. La advertencia ya había llegado a quien tenía que llegar.
Rahola sabe de cerca lo que significa que el poder castigue las palabras. Su tío abuelo, Carles Rahola, periodista de Girona, fue fusilado por el franquismo en 1939 por lo que había publicado. La diferencia entre aquella España y esta es que hoy una fiscal puede leer treinta páginas de jurisprudencia y concluir que opinar no es delito, y concluirlo tanto para Colau y Belarra como para Rahola. Por eso defenderla no exige estar de acuerdo con ella. Lo que protege el archivo es el derecho a disentir, y ese derecho es el mismo para quien acusa a Israel y para quien lo defiende.
Lo que molesta de Rahola no es lo que sus críticos le reprochan, que tienen todo el derecho a reprocharle. Molesta que insista en hechos que buena parte del debate público prefiere dejar de lado. El 7 de octubre ocurrió y fue una masacre planificada, dirigida sobre todo contra civiles. Hubo rehenes cuyas familias pasaron meses sin saber si estaban vivos. La palabra genocidio, repetida hasta el cansancio, no tiene respaldo en ninguna sentencia. Decir eso en Cataluña tiene un costo social que ella paga desde hace años, y la denuncia buscaba agregarle un costo penal.
Una sociedad libre no se mide por cómo trata a quienes repiten la opinión dominante, que nunca necesitaron protección. Se mide por lo que les pasa a quienes la contradicen, incluso cuando se equivocan, y con más razón cuando dicen la verdad. Esta vez no funcionó, pero la maniobra está a disposición de cualquiera que quiera repetirla.
Esa noche en La Garriga, con la ropa manchada, Rahola terminó la charla. La denuncia buscaba que la próxima vez nadie se animara a empezarla.
