Dos militares estadounidenses murieron en un ataque iraní con misiles balísticos y drones contra una base aérea en Jordania. Otro sigue desaparecido. Cuatro más fueron hospitalizados y ya recibieron el alta.
Con estas muertes ya son dieciséis los integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos caídos desde el comienzo de la actual ofensiva contra Irán. Nueve murieron por acción enemiga y siete en accidentes durante las operaciones. La distinción importa para contar los hechos con precisión. No cambia en nada el costo político y humano de una guerra que Washington conduce por etapas.
Esta guerra no comenzó el 28 de febrero. Sus raíces están en 1979, cuando la Revolución Islámica llevó al poder al ayatolá Ruhollah Jomeini y convirtió la destrucción de Israel, el “pequeño Satán”, y la confrontación con Estados Unidos, el “gran Satán”, en pilares del nuevo régimen. Desde entonces, Teherán la sostuvo con terrorismo, milicias y secuestros, con atentados contra tropas estadounidenses y con un proyecto expansionista que nunca dejó de amenazar el orden occidental. El 28 de febrero, Estados Unidos respondió, con casi medio siglo de retraso, a una guerra que Irán había declarado mucho antes.
Unos días antes de las últimas muertes, Donald Trump había explicado qué ocurriría si Irán lograba asesinarlo. Afirmó que dejó instrucciones para bombardear al país a una escala nunca vista y aseguró que mil misiles estaban apuntados contra la República Islámica, con miles más preparados para seguirlos. La orden, según sus propias palabras, era diezmar y destruir amplias zonas de Irán.
Después murieron soldados estadounidenses. La respuesta llegó en cuotas: nuevos ataques, pausas y una negociación que Washington se niega a dar por terminada.
La comparación se impone sola. Para la vida de Trump, mil misiles. Para las vidas de los hombres que él mandó a combatir, bombardeos limitados y una puerta diplomática siempre entreabierta.
El asesinato de un presidente estadounidense ordenado por una potencia extranjera sería un golpe extraordinario contra el país y la continuidad de sus instituciones. Nadie lo discute — y sin embargo quienes visten el uniforme también representan a Estados Unidos, y sus vidas no pueden reducirse al costo aceptable de una negociación interminable.
No son empleados prescindibles de una inmobiliaria, números en una planilla ni metros cuadrados que se ajustan para cerrar mejor el precio de una torre en Manhattan. Son ciudadanos enviados a combatir por su presidente. Ya están muriendo por decisiones tomadas en la Casa Blanca.
Estados Unidos ha respondido. Sus fuerzas golpean defensas antiaéreas, centros de mando y posiciones de la Guardia Revolucionaria. Decenas de miles de militares están desplegados en Medio Oriente, con una capacidad de destrucción que ninguna potencia de la región puede igualar.
Poder tiene, y de sobra. Lo administra con dudas.
Trump bombardea para llevar a Irán a la mesa, reduce la presión cuando cree ver una salida diplomática y presenta cada pausa como el comienzo de una solución. Cuando el régimen vuelve a lanzar misiles o drones, comienza otra ronda de represalias. Se golpean nuevos objetivos, pero la guerra sigue sin una definición clara de victoria.
La prudencia militar protege a los civiles, reduce las bajas propias y evita errores capaces de incendiar toda la región. Pero esa misma prudencia deja de ser una virtud en cuanto le regala al enemigo el tiempo que necesita: mover armas, reparar instalaciones, preparar el siguiente ataque.
La Casa Blanca tampoco ha explicado con precisión qué pretende conseguir. Sus declaraciones mezclan el programa nuclear, los arsenales de misiles y drones, la seguridad del estrecho de Ormuz y el debilitamiento de la Guardia Revolucionaria. Sigue sin aclararse si Trump busca la rendición del régimen, su caída o la firma de otro acuerdo que pueda presentar como una victoria.
Cada meta exige una estrategia distinta. Mientras el presidente no elija una, los bombardeos seguirán pareciendo episodios de una guerra que nadie sabe cómo termina.
Winston Churchill asumió como primer ministro en mayo de 1940, cuando Gran Bretaña todavía no tenía los medios para derrotar rápido a Alemania. Aun así, dejó claro desde el primer día que el objetivo era la victoria, por largo que fuera el camino. Irán no es la Alemania nazi; la enseñanza es más simple: no se entra en una guerra sin decidir que se la quiere ganar.
Estados Unidos ya está en guerra. Sus aviones bombardean territorio iraní y sus barcos operan en las aguas de la región. Sus soldados, mientras tanto, defienden bases que los misiles y los drones ya alcanzaron. Repetir la palabra negociación no cambia esa realidad.
Dosificar la fuerza puede evitar una escalada inmediata, pero también puede estirar el conflicto durante meses. Cada pausa le da al régimen tiempo para mover armamento, reconstruir lo destruido y buscar el próximo blanco estadounidense.
La respuesta necesaria debe concentrarse en lo que le permite al régimen sostener la guerra: su aparato nuclear militar, sus arsenales de misiles y la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria. El pueblo persa lleva décadas sometido por la República Islámica y no tiene por qué pagar colectivamente los crímenes de quienes lo gobiernan.
El régimen reprime a su propia gente, financia el terrorismo y usa a sus Fuerzas Armadas para golpear intereses estadounidenses. La población iraní es, también, víctima de ese mismo poder.
Cualquier ofensiva debe respetar las leyes de la guerra y distinguir los objetivos militares de los civiles. A la vez, necesita la intensidad suficiente para impedir que Teherán conserve durante meses los medios con los que responde y mata.
Una guerra lenta no se vuelve más humana por durar más. Solo deja más tiempo para que otro misil alcance una base, y para que otra familia reciba la noticia de que su hijo no vuelve.
Tal vez Estados Unidos todavía no tenga en la región todos los medios para lanzar una ofensiva definitiva. Puede haber límites logísticos, escasez de municiones o temor al caos que dejaría una caída repentina del régimen. Si esas limitaciones existen, Trump debería explicarlas con claridad.
Pero si los recursos están disponibles y el presidente insiste en las amenazas graduales, la conducción política pasa a ocupar el centro del problema. La responsabilidad ya no recaería sobre los generales ni sobre las dificultades del campo de batalla, sino sobre un mandatario que se resiste a definir cómo pretende terminar una guerra que Estados Unidos demoró casi medio siglo en responder.
Trump conoce el lenguaje de la negociación inmobiliaria. Sabe subir una oferta, bajarla, y vender cada movimiento como una victoria. Esa habilidad sirve para comprar una torre en Manhattan. En una guerra, cada nueva ronda de regateo se paga con sangre.
Los ataques ordenados después de las muertes en Jordania constituyen una represalia, pero están muy lejos de la respuesta devastadora que Trump prometió si la víctima fuera él. Irán también atacó a sus soldados. Dieciséis de ellos ya no volverán a sus hogares.
Mil misiles lanzados por venganza serían un espectáculo irresponsable. Estados Unidos necesita concentrar la fuerza suficiente para destruir cuanto antes la capacidad del régimen de seguir atacando, en vez de administrarla por etapas mientras espera una negociación que puede volver a fracasar.
¿Cuántos soldados más deben morir antes de que Trump explique qué significa ganar esta guerra? ¿Cuántos ataúdes tendrán que llegar a Estados Unidos antes de que las amenazas dejen de formar parte del regateo y se conviertan en una estrategia para terminar el conflicto?
Churchill no prometió una guerra fácil ni una victoria inmediata. Prometió que su país seguiría luchando hasta conseguirla.
Trump habla de mil misiles cuando imagina un ataque contra su propia vida, pero administra con pinzas una guerra que ya cuesta la vida de sus soldados. Un presidente puede negociar acuerdos, condiciones y plazos. La sangre de los hombres y mujeres que envió a combatir debería quedar fuera de cualquier regateo.
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