La Unión Europea estudia prohibir la importación de productos elaborados en comunidades israelíes de Judea y Samaria, territorio que buena parte de la comunidad internacional denomina Cisjordania.
La medida pretende perjudicar económicamente a los llamados “colonos”. El problema es que en esas empresas también trabajan miles de palestinos.
Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas, 17.600 palestinos estaban empleados en comunidades israelíes de Judea y Samaria durante el primer trimestre de 2026. El dato no procede de Israel, sino del organismo estadístico oficial palestino.
Aunque la institución no publica por separado el salario promedio de esos 17.600 trabajadores, informa que los palestinos empleados por israelíes perciben unos 92 dólares diarios. Además, el salario mínimo aplicable a quienes trabajan legalmente en empresas israelíes de Judea y Samaria se sitúa entre 85 y 98 dólares por jornada.
La comparación regional es elocuente. Según datos oficiales jordanos, el salario promedio del sector privado ronda los 23 dólares diarios. Un palestino empleado por una empresa israelí puede ganar cerca de cuatro veces más.
En Líbano, donde también vive una importante comunidad palestina, el panorama es aún peor: pobreza extendida, empleo informal y restricciones para ejercer numerosas profesiones.
Si se toma como referencia un ingreso diario de 92 dólares, los salarios de los 17.600 trabajadores representarían alrededor de 1,6 millones de dólares por jornada laboral y más de 35 millones mensuales destinados, en gran medida, a hogares palestinos.
El boicot no eliminaría automáticamente toda esa masa salarial. Algunas empresas podrían encontrar otros mercados. Pero esos son los puestos de trabajo y los ingresos que Bruselas está dispuesta a poner en riesgo.
Europa anunciará que castigó a los judíos de Judea y Samaria. Las familias palestinas que pierdan sus empleos sabrán quién terminó pagando la cuenta.
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