La burocracia sindical uruguaya ha decidido tomarse un descanso de las tareas de defender el salario de los trabajadores para asumir una función mucho más rimbombante: erigirse como el tribunal supremo de la moral global. El PIT-CNT, flanqueado por su habitual coro de organizaciones satélites, ha presentado una denuncia penal contra el uruguayo-israelí Roni Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel. Con la soltura de quien pontifica en un café de asamblea, estos actores no acusan; ellos ya han dictaminado. Han resuelto, con esa infalibilidad que se autoperciben, que Israel es culpable.
Es un espectáculo digno de estudio ver cómo la vanguardia iluminada de la izquierda vernácula termina adoptando las mismas estructuras narrativas que Joseph Goebbels diseñó en la Alemania de la década de 1930. Esa obsesión por asociar al judío con el arquetipo del opresor o del explotador no es una novedad; es un refrito de la peor propaganda del siglo pasado. Al operar bajo este sesgo, estos pretendidos faros de la humanidad terminan actuando como los herederos involuntarios de aquel libreto, convencidos de pertenecer a una casta superior con el derecho divino de señalar con el dedo.
Mención especial en este circo merece el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Hoy mimetizado con la retórica del diputado Gustavo Salle —al punto de que parecieran compartir la misma trinchera —, este dirigente encarna una de las contradicciones más grotescas del escenario nacional. Confeso admirador de Nicolás Maduro, Abdala padece de un fervor tan desbordante que llega a experimentar un clímax ideológico prematuro —un éxtasis de fascinación incontrolable— cada vez que contempla la figura de Vladimir Putin, a quien venera como si fuera la reencarnación de Iósif Stalin en pleno siglo XXI. Este representante del resentimiento puro golpea hoy los mostradores de la Fiscalía exigiendo justicia internacional, olvidando convenientemente que hace no mucho tiempo, luego de provocar un accidente de tránsito donde la prueba de espirometría le dio positivo —acaso lo único verdaderamente positivo que se le puede marcar a Marcelo Abdala—, esa misma Justicia despachó su caso enviándolo a realizar trabajo comunitario.
Mientras este coro de mandaderos se abraza a las consignas de Hamás y califica a Kaplan como el “portavoz de un plan genocida”, la realidad local les devuelve una bofetada. La Justicia uruguaya, ya de por sí saturada, ahora debe perder el tiempo examinando una puesta en escena que busca trasladar el conflicto de Medio Oriente a las oficinas de Montevideo. Quizás la Fiscalía tendría mejor uso de su tiempo si investigara los agujeros financieros en las cajas de ciertos sindicatos o los hilos que el Partido Comunista mueve en la trastienda del poder. Esos son problemas reales, no las fantasías de jurisdicción universal de un puñado de dirigentes que no representan a nadie.
Causa un estupor particular ver a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos sumándose a una comparsa que fomenta la hostilidad hacia la colectividad judía local. Olvidan, de forma selectiva, que mientras llevan adelante la legítima búsqueda de sus familiares desaparecidos, ignoran deliberadamente que entre las víctimas de la dictadura también hubo torturados y desaparecidos integrantes de la colectividad judía; una colectividad que derramó su sangre para defender la democracia. Su indignación tiene un filtro ideológico, y su memoria es a la carta.
Vale la pena refrescarle la memoria a estos campeones del humanismo: en el año 2016, en Paysandú, el integrante de la colectividad judía David Fremd fue asesinado a puñaladas por la espalda al grito de «Allahu Akbar». En aquel momento, ante un crimen de odio explícito en suelo oriental, el PIT-CNT y sus acólitos miraron para el costado con un silencio sepulcral. No hubo conferencias de prensa urgentes, ni proclamas encendidas, ni rasgaduras de vestiduras.
Carecen de vergüenza. Quienes callaron ante la sangre derramada en su propio territorio hoy pretenden dar cátedra de derecho internacional y exigirle a la Fiscalía que actúe como su brazo ejecutor. La jugada es burda, pero el peligro es real: bajo el disfraz de la defensa de los derechos humanos, lo único que logran estos trasnochados es sembrar el prejuicio y la persecución. Para los directores de esta murga, la realidad siempre ha sido un detalle menor cuando se trata de alimentar el relato.
¿Cuánto falta para que Abdala nos hable de los Protocolos de Sion?
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