El abogado de Honenu solicita al Tribunal Supremo respuestas sobre por qué los activistas de izquierda recibieron 48.000 NIS en compensación, mientras que los activistas de derecha recibieron mucho menos después de sufrir el mismo trato.
El abogado Menashe Yado, de la organización de asistencia jurídica Honenu, ha presentado una petición ante la Corte Suprema de Israel en nombre de varios activistas de derecha, buscando revocar un acuerdo de compensación alcanzado con 13 manifestantes de izquierda que fueron sometidos a registros al desnudo durante las manifestaciones.
Según la petición, el Estado acordó pagar a los manifestantes un total de 624.000 NIS, y cada individuo recibió 48.000 NIS.
Los peticionarios argumentan que en casos similares que involucran a activistas de derecha, las indemnizaciones normalmente han ascendido a sólo unos 10.000 NIS. Yado señaló que esta disparidad constituye una discriminación injustificada.
La petición afirma que Honenu ha representado a manifestantes sometidos a registros invasivos durante años, y que las sentencias judiciales y los acuerdos de conciliación en casos comparables generalmente otorgan alrededor de 10.000 NIS, y en casos excepcionales sólo alcanzan unos 15.000 NIS.
Según los peticionarios, no hay justificación para conceder indemnizaciones significativamente mayores a los manifestantes de izquierda, mientras que los manifestantes de derecha y de otros sectores reciben sumas sustancialmente menores en circunstancias similares. Piden al tribunal que emita una orden judicial provisional que congele la implementación del acuerdo en espera de una decisión sobre la petición.
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“No hay absolutamente ninguna justificación, y es indignante, que los manifestantes de izquierda reciban compensaciones tres o cuatro veces superiores a las cantidades establecidas por la jurisprudencia, mientras que los manifestantes de derecha -o los manifestantes de otros sectores- reciban sólo una cuarta parte de esa cantidad”, afirma la petición.
La petición alega además que “se trata de un trato desigual, que con el debido respeto surge de la identificación y parcialidad de funcionarios que se supone deben actuar de acuerdo con principios civiles e igualitarios, pero que en la práctica actuaron para tomar una decisión inadecuada, discriminatoria y dolorosa, que los peticionarios buscan detener mediante una medida cautelar y hacer que sea revisada, con el supuesto de que finalmente será revocada”.
Yado también señaló que el acuerdo “despoja a la Fiscalía del Estado de los principios que se supone debe defender, incluida la obligación de proteger la capacidad operativa de la policía, el interés de proteger el erario público o el presupuesto policial en particular, y el valor supremo de la igualdad ha sido borrado de los libros”.
“No menos significativo es el daño a la confianza del público en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y la preservación de la coherencia y previsibilidad de los fallos judiciales, todo por el bien de la protesta y el objetivo supuestamente noble de derrocar al gobierno de derecha y disuadir a la policía de enfrentar manifestaciones agresivas de izquierda contra el Primer Ministro”.
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