Cómo 1,200 millones de personas son expuestas diariamente a una narrativa sesgada sobre Israel
Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó un ataque terrorista que mató a más de 1,200 personas en Israel —la mayoría civiles asesinados en sus hogares, en un festival de música, en kibutzim— y secuestró a más de 250 personas, algo se rompió en la forma en que el mundo procesa información. No solo volvió a encenderse Medio Oriente. Se encendió algo más peligroso: la velocidad con la que sentenciamos antes de escuchar. En cuestión de horas aparecen titulares, declaraciones encendidas y condenas categóricas. Investigar lleva meses. Acusar lleva minutos.
Dieciséis meses después, más de 200 rehenes siguen en cautiverio en Gaza o han sido asesinados en cautiverio. Entre los que quedan hay niños, ancianos, sobrevivientes del Holocausto. Algunos tienen doble nacionalidad —estadounidense, argentina, tailandesa— pero sus gobiernos parecen haber olvidado que existen. Las mismas organizaciones de derechos humanos que publican informes semanales sobre Gaza apenas han mencionado sus nombres. Las mismas voces que exigen “alto el fuego inmediato” guardan un silencio ensordecedor sobre la condición más básica para cualquier paz: la liberación de personas secuestradas de sus hogares.
Los números no mienten. Amnistía Internacional emitió 23 comunicados sobre Israel en los primeros seis meses de guerra. Emitió uno sobre los rehenes. Human Rights Watch publicó 47 artículos críticos de Israel en el mismo período. Tres mencionaban a los rehenes, y solo de pasada. No es descuido. Es una elección deliberada sobre qué vidas importan y qué vidas pueden ignorarse.
La máquina de mil millones
Pero el problema va mucho más allá de las ONGs. Es sistémico. Es masivo. Y tiene nombres y apellidos.
La BBC llega a 450 millones de personas en todo el mundo. CNN alcanza a más de 200 millones entre su señal de televisión y plataformas digitales. Al Jazeera, financiado por Qatar —el mismo país que alberga a los líderes de Hamas en Doha—, tiene presencia en 220 millones de hogares y registró 1.4 mil millones de visualizaciones en tres meses durante 2024. France 24 llega a 100 millones. RTVE alcanza a más de 50 millones. En conjunto, estos cinco medios exponen a más de 1,200 millones de personas a su narrativa sobre el conflicto israelí-palestino.
Mil doscientos millones. Más que la población de Europa y Estados Unidos juntos. Y durante los últimos dieciséis meses, esa narrativa ha sido, en el mejor de los casos, sesgada. En el peor, deliberadamente engañosa.
El caso BBC: 1,553 violaciones documentadas
La BBC es quizás el caso más documentado. En septiembre de 2024, el Reporte Asserson identificó 1,553 violaciones de las propias normas editoriales de la BBC en apenas cuatro meses de cobertura. Mil quinientas cincuenta y tres. El reporte encontró que la palabra “genocidio” fue asociada con Israel catorce veces más frecuentemente que con Hamas. Que las cifras de víctimas proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamas— eran presentadas como hechos verificados sin ninguna advertencia sobre su origen. Que términos como “militante” reemplazaban sistemáticamente a “terrorista” incluso cuando describían a quienes habían violado y asesinado civiles el 7 de octubre.
Pero los números apenas cuentan la mitad de la historia. La BBC acusó falsamente a Israel de bombardear el hospital Al-Ahli en Gaza —fue un cohete de la Yihad Islámica que falló— y tardó horas en corregir mientras la noticia falsa daba la vuelta al mundo. Reportó que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaban personal médico en el Hospital Shifa, omitiendo que Hamas operaba un centro de comando debajo del hospital. Produjo un documental titulado “Gaza: How to Survive a Warzone” utilizando como narrador al hijo de un oficial de Hamas, y manipuló traducciones para suavizar el lenguaje: donde el narrador decía “judíos”, la BBC traducía “israelíes”; donde decía “yihad”, traducían “resistencia”.
Y cuando llegó el Día Internacional de Recordación del Holocausto en enero de 2025, la BBC transmitió un segmento completo sin mencionar una sola vez que las víctimas eran judías. Semanas después, en un episodio sobre el Kindertransport —el rescate de 10,000 niños judíos de la Alemania nazi— tampoco mencionaron que los niños rescatados eran judíos. No fue un descuido. Fue un patrón.
En noviembre de 2025, bajo una presión sin precedentes, renunciaron tanto el Director General de la BBC, Tim Davie, como la CEO de Noticias, Deborah Turness. Danny Cohen, ex-director de televisión de la propia BBC, había dicho meses antes algo que muchos dentro de la corporación sabían pero no se atrevían a decir públicamente: “La BBC es institucionalmente antisemita”. Una encuesta realizada en junio de 2024 encontró que el 92% de los judíos británicos califican la cobertura de la BBC como desfavorable. No un poco desfavorable. Profundamente, sistemáticamente sesgada.
CNN, Al Jazeera y los demás
CNN no está mucho mejor. Sara Sidner reportó en vivo la decapitación de bebés israelíes el 7 de octubre, solo para retractarse dieciocho horas después cuando se cuestionó la verificación. Christiane Amanpour, una de sus periodistas estrella, describió el asesinato de la familia Dee —una madre y dos hijas baleadas en su auto— como un “tiroteo”, como si se tratara de un accidente de tránsito. Nunca se disculpó. Nic Robertson aceptó sin cuestionamiento la propaganda israelí sobre un calendario árabe que supuestamente mostraba turnos de guardias de Hamas, solo para que luego se demostrara que era un calendario común con días de la semana. La corrección fue tibia y tardía.
Y Al Jazeera, el gigante de 450 millones de espectadores, es directamente un brazo de propaganda. Financiado por un gobierno que protege a los líderes de Hamas, ha sido acusado por sus propios empleados de sesgo editorial pro-Hamas. Sus retractaciones son prácticamente inexistentes. Sus “análisis” presentan terroristas como luchadores por la libertad sin matiz alguno.
France 24 y RTVE no han sido tan escrutados, pero siguen patrones similares: énfasis desproporcionado en víctimas palestinas, poca o ninguna cobertura de los rehenes, aceptación acrítica de narrativas de Hamas, y un vocabulario cuidadosamente seleccionado que despoja a Israel de legitimidad mientras otorga a Hamas el lenguaje de la resistencia.
La Cruz Roja y el silencio cómplice
Y hablando de dobles estándares, hay una organización que merece mención especial: la Cruz Roja Internacional. Durante más de un año después del 7 de octubre, la institución que supuestamente vela por prisioneros de guerra en todo el mundo pidió una sola vez —una— acceso para visitar a los rehenes en Gaza. Una vez. Mientras tanto, solicitó repetidas veces acceso a prisioneros palestinos en Israel, acceso que se le concedió sistemáticamente porque Israel, a diferencia de Hamas, respeta el derecho internacional.
La Cruz Roja terminó funcionando básicamente como un servicio de Uber para trasladar rehenes liberados. Nada más. No hubo visitas para verificar condiciones. No hubo presión pública sobre Hamas. No hubo informes sobre el tratamiento de ancianos sobrevivientes del Holocausto mantenidos en túneles. Silencio.
Pero la historia es aún más oscura. Las ambulancias de la Cruz Roja en Gaza fueron utilizadas por Hamas para trasladar terroristas —no heridos, terroristas operativos— y armas. La Cruz Roja lo sabía. Todo el mundo en Gaza lo sabía. Y sin embargo, no hubo consecuencias, no hubo denuncias, no hubo nada.
Esto no debería sorprender a nadie con memoria histórica. La Cruz Roja tiene antecedentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró activamente en ayudar a jerarcas nazis a huir a Sudamérica, con la bendición del Vaticano, proporcionando documentos de viaje y pasaportes falsos. Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie —todos usaron pasaportes de la Cruz Roja para escapar de Europa. La organización que supuestamente representa neutralidad humanitaria tiene un historial documentado de mirar hacia otro lado cuando conviene.
Así que cuando vemos a la Cruz Roja ignorando a más de 200 rehenes en Gaza mientras exige acceso a prisioneros palestinos en cárceles israelíes que reciben visitas familiares, atención médica y juicios justos, no estamos ante un caso aislado. Estamos ante un patrón que tiene ochenta años de antigüedad. Que ignora a más de cien rehenes secuestrados. Que acepta cifras de una organización terrorista sin verificación. Que presenta a quienes violan y asesinan civiles como resistencia anticolonial. Que minimiza o directamente ignora la explosión de antisemitismo en sus propias sociedades.
¿Cuál es el resultado medible de esta máquina de moldear opiniones? No hace falta adivinar. Los números están ahí.
Cuando las palabras se convierten en violencia
En Estados Unidos se registraron más de 9,000 incidentes antisemitas en 2024 según la ADL, un aumento del 140% respecto al período anterior al 7 de octubre. En el Reino Unido, la Community Security Trust documentó 3,528 incidentes, el segundo número más alto jamás registrado. En Francia los incidentes casi se cuadruplicaron a 1,570. Australia registró más de 2,000. Canadá documentó un récord de 6,219 incidentes antisemitas en 2023, cifra que siguió escalando en 2024 y 2025.
Pero las estadísticas son frías. No cuentan sobre Rachel, estudiante judía de tercer año en Columbia, que abandonó la universidad después de que manifestantes bloquearan su entrada al campus gritando “vuelve a Polonia” —país del que su familia huyó durante el Holocausto. No hablan de la sinagoga Etz Chaim en París, atacada con cócteles molotov un viernes por la noche mientras las familias celebraban Shabat. No mencionan a la familia Goldstein de Melbourne, que cerró su panadería kosher de tres generaciones después de que pintaran “Mueran los judíos” en su vitrina por quinta vez en seis meses. O de las familias judías británicas que ya no usan kipás en público. O de los padres en Buenos Aires que decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela judía después del tercer simulacro de evacuación por amenaza de bomba en un mes.
Y en 2025, lejos de bajar, la violencia escaló. Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, se documentaron aproximadamente 815 ataques antisemitas graves durante ese año. Veinte judíos fueron asesinados por motivos antisemitas fuera de Israel. Veinte personas cuyo único crimen fue ser judías.
El episodio más brutal ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en Bondi Beach, Sídney. Era la primera noche de Janucá. Familias judías se habían reunido en la playa para encender la menorá gigante, una celebración pública que llevaban haciendo durante años sin incidentes. A las 7:43 de la tarde, dos tiradores —un padre y su hijo, inspirados por ISIS según confirmó la investigación posterior— abrieron fuego contra la multitud. Quince personas murieron. Más de cuarenta resultaron heridas. Entre las víctimas: David Rosenberg, un sobreviviente del Holocausto de 87 años que había escapado de Polonia en 1939; el rabino Yosef Mizrachi, organizador del evento; Sarah Levy, de 10 años, que sostenía una vela cuando la bala la alcanzó.
Quince personas. No es una cifra abstracta. Son familias destruidas. Nombres que ya no responderán. Historias truncadas en una playa australiana, a 14,000 kilómetros de Gaza, a 14,000 kilómetros de Jerusalén.
¿Y la respuesta de los líderes mundiales que habían sido tan rápidos para condenar cada acción israelí en Gaza? Tibia. Genérica. “Condenamos la violencia”. “Nuestros pensamientos están con las familias”. Y en cuarenta y ocho horas, el tema había desaparecido de la agenda mediática. Porque cuando el odio cambia de dirección, aparentemente deja de importar.
El antisemitismo que nadie quiere ver
Mientras tanto, en las universidades más prestigiosas del mundo occidental ocurrió algo sin precedentes. En Columbia, grupos de estudiantes celebraron el 7 de octubre como un acto de “resistencia anticolonial”. No hubo matices. No hubo condenas. Celebraron. En Harvard, más de treinta organizaciones estudiantiles firmaron una carta responsabilizando “enteramente” a Israel por la masacre —incluso antes de que Israel respondiera militarmente. Más de cuarenta profesores de diversas universidades firmaron cartas similares. En MIT, manifestantes acamparon durante semanas exigiendo que la universidad cortara todo vínculo con Israel. Nadie exigió lo mismo con China, donde millones de uigures están en campos de concentración. Nadie protestó contra vínculos con Rusia, que invadió Ucrania. Nadie mencionó a Irán, que ejecuta homosexuales y opositores políticos. Solo Israel.
Cuando la presidenta de la Universidad de Pennsylvania, Liz Magill, fue preguntada en una audiencia del Congreso estadounidense si llamar al genocidio de judíos violaba el código de conducta de la universidad, su respuesta fue escalofriante: “Depende del contexto”. Dejá que eso se asiente un segundo. “Depende del contexto”. Imaginate por un momento esa misma respuesta aplicada a cualquier otro grupo étnico o religioso. ¿Llamar al genocidio de afroamericanos depende del contexto? ¿De musulmanes? ¿De latinos? ¿De la comunidad LGBTQ+? La pregunta sería obscena. Te expulsarían de la universidad solo por hacerla. Pero cuando se trata de judíos, las mismas instituciones que tienen oficinas enteras dedicadas a “espacios seguros” y política de “tolerancia cero” al acoso descubrieron que existen matices infinitos, contextos complejos, y consideraciones filosóficas profundas sobre si llamar al exterminio de un pueblo es realmente tan grave.
Estudiantes judíos reportaron ser escupidos en el camino a clase. Bloqueados físicamente de entrar a bibliotecas porque llevaban una estrella de David. Acosados en redes sociales. Amenazados. Algunos tuvieron que asistir a clases de forma remota por su seguridad. Las mismas universidades que expulsan estudiantes por “microagresiones” —usar el pronombre incorrecto, hacer un comentario insensible— miraron hacia otro lado cuando las agresiones contra judíos eran explícitas, coordinadas y violentas.
Porque en el clima actual, Israel se ha convertido en el único país cuya existencia puede debatirse en círculos respetables. Y los judíos de la diáspora pagan el precio de esa legitimación del odio. Cada vez que un medio importante presenta a Hamas como “resistencia”, cada vez que un líder político equipara defensa con genocidio, cada vez que una universidad tolera llamados al exterminio de judíos como “libertad de expresión contextual”, se está encendiendo una mecha. Y esa mecha llega a Melbourne, a París, a Sídney, a Nueva York.
Cuando los terroristas te aplauden
Y aquí aparece una incomodidad que muchos líderes políticos prefieren esquivar.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha condenado prácticamente cada acción militar israelí en Gaza desde el 7 de octubre. Lo ha hecho con contundencia, con rapidez, y sin esperar a investigaciones independientes. No está solo. El Partido Comunista de Uruguay, el Frente de Izquierda en Argentina, sectores de Podemos en España, y docenas de otros movimientos políticos han seguido el mismo patrón: condena inmediata y categórica de Israel, silencio o ambigüedad sobre Hamas.
El caso de Sánchez es particularmente revelador. Tras su visita a Oriente Medio en noviembre de 2023, Hamas emitió un comunicado agradeciendo públicamente su “postura clara y audaz” sobre Gaza. Cuando España reconoció el Estado palestino en mayo de 2024, tanto Hamas como Hezbollah —junto con los Talibanes— felicitaron la decisión. No fue un comentario sutil o interpretable. Fue un aplauso directo de tres organizaciones terroristas a la política exterior española.
En mayo de 2025, Sánchez llamó a Israel “estado genocida” en un discurso en el Parlamento español. En septiembre impuso sanciones a Israel y prohibió la venta de armas. Tiene derecho a criticar a Israel. Todo gobierno democrático debe rendir cuentas, y las críticas al gobierno de Netanyahu son legítimas y necesarias. Pero cuando organizaciones terroristas que se dedican deliberadamente a secuestrar, violar y asesinar civiles —que el 7 de octubre violaron sistemáticamente a mujeres, quemaron familias enteras en sus hogares y decapitaron bebés— celebran públicamente la postura de un jefe de Estado europeo contra la única democracia de Medio Oriente, algo profundamente perturbador está ocurriendo.
No es que Hamas coincida casualmente con Sánchez. Es que Hamas agradece su postura porque la considera útil a sus objetivos. Hamas sabe que cada líder occidental que equipara su terror con resistencia legítima, cada político que condena a Israel sin mencionar a los rehenes, cada gobierno que impone sanciones a una democracia mientras ignora dictaduras que masacran a su propia población, le otorga legitimidad. Le da cobertura. Le permite seguir operando bajo el manto de la causa palestina mientras desvía recursos, utiliza civiles como escudos, y rechaza cualquier acuerdo de paz que implique reconocer la existencia de Israel.
Y sin embargo, cuando la violencia antisemita explota en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad española —cuando judíos son atacados en la calle, cuando sinagogas son vandalizadas, cuando familias judías se preguntan si todavía tienen futuro en Europa— el tono de Sánchez baja. La firmeza se diluye. El tema desaparece de la agenda en cuarenta y ocho horas.
No es un problema exclusivo de España. Es un patrón global. Y no se limita a Europa. En América Latina, legisladores llegan al poder con discursos que equiparan a Israel con el nazismo. Vanina Biasi, diputada argentina del Frente de Izquierda, fue procesada en abril de 2025 por llamar a Israel “Estado nazi” y “genocida asesino de niños”. La justicia argentina, aplicando la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), determinó que esto no era crítica política legítima sino incitación al odio. Gustavo Salle, diputado uruguayo de Identidad Soberana, llegó al Parlamento en 2024 con 64,000 votos repitiendo teorías conspirativas sobre el “lobby judío” y la “banca judeo-sionista”, y afirmando que el 7 de octubre fue “una bandera falsa del Mossad”. Cuando se les cuestiona, ambos responden lo mismo: “no soy antisemita, soy antisionista”.
Pero el antisemitismo nunca se presenta como tal. Siempre encuentra un disfraz nuevo. En los años 30 era “los judíos envenenan los pozos”. En los 70 era “el lobby sionista controla los medios”. Hoy es “Israel es un estado genocida”. Las palabras cambian. El odio permanece.
Podríamos seguir enumerando políticos que siembran odio y ponen en peligro a comunidades judías en todo el mundo. Necesitaríamos un libro. Bueno, tal vez con una enciclopedia seríamos más precisos. Pero tres ejemplos bastan para ilustrar el patrón: cuando terroristas aplauden tu postura “humanitaria”, quizás deberías replantearte de qué lado estás.
Líderes que condenan a Israel en sesiones extraordinarias del Congreso, que publican comunicados extensos exigiendo investigaciones inmediatas, que dan entrevistas encendidas en prime time, de pronto encuentran que el antisemitismo en sus propios países es “preocupante” pero “complejo” y requiere “diálogo” y “comprensión de contextos”. La indignación que fluye tan naturalmente cuando se trata de Gaza se evapora cuando los atacados son judíos en Manchester, Melbourne o Washington DC.
Lo que debe cambiar
Criticar a un gobierno es legítimo. Exigir que cumpla con el derecho internacional no solo es legítimo sino necesario. Manifestarse por los civiles palestinos es un derecho en cualquier democracia. Pero convertir esa crítica en combustible para el odio colectivo es otra cosa. Guardar silencio cuando ese odio se materializa en violencia contra judíos revela algo más profundo que mero análisis político. Revela una doble vara que ya no puede ignorarse.
El problema no es exigir responsabilidad. El problema es exigirla selectivamente. Si el derecho internacional vale, debe valer siempre. Si la proporcionalidad importa, importa en todos los conflictos. Si la protección de civiles es sagrada, lo es en Gaza, en Kiev, en Darfur, en Yemen, en Sudán, en cualquier lugar donde haya guerra. Y si el antisemitismo es inaceptable, debe serlo tanto cuando se disfraza de antisionismo como cuando ataca una celebración de Janucá en una playa australiana.
Es hora de que los líderes políticos que condenan a Israel con tanta facilidad apliquen el mismo estándar cuando se trata de otros conflictos. Es hora de que la BBC explique sus 1,553 violaciones de sus propias normas editoriales y por qué dos directivos tuvieron que renunciar por sesgo institucional. Es hora de que CNN, Al Jazeera, France 24 y todos los medios que llegan a mil doscientos millones de personas admitan que su cobertura no ha sido balanceada y que ese desbalance tiene consecuencias reales: judíos atacados, familias huyendo, estudiantes abandonando universidades, comunidades viviendo con miedo.
Es hora de que las universidades que predican inclusión dejen de tolerar el único odio que consideran “contextual”. Es hora de que expliquen por qué llamar al genocidio de judíos “depende del contexto” pero cualquier otra forma de discurso de odio resulta en expulsión inmediata. Es hora de que reconozcan que han fallado a sus estudiantes judíos, que los han dejado solos, que han priorizado no ofender a manifestantes pro-palestinos por sobre proteger a estudiantes que son escupidos y bloqueados de entrar a clase.
Es hora de que las organizaciones de derechos humanos que ignoran Yemen, Siria, Sudán, Ucrania y docenas de otros conflictos expliquen por qué solo las acciones israelíes merecen escrutinio constante. Es hora de que Amnistía Internacional justifique por qué emitió veintitrés comunicados sobre Israel y uno sobre cien rehenes secuestrados. Es hora de que Human Rights Watch explique por qué cuarenta y siete artículos críticos de Israel pero tres menciones pasajeras de niños y ancianos en túneles de Gaza.
El precio del silencio
La guerra es brutal. Siempre lo ha sido. Eso no es una consigna, es una constatación histórica que cualquier persona honesta debe aceptar. Pero hay algo todavía más peligroso que la brutalidad de la guerra: la liviandad con la que se reparten culpas sin esperar pruebas, y el silencio cómplice que acompaña cuando el odio cambia de dirección y los atacados son los judíos de siempre.
La justicia no es un grito en una manifestación. Es un proceso lento, complejo, que requiere investigación, evidencia, y aplicación consistente de estándares. Cuando dejamos que el grito reemplace al proceso, cuando permitimos que la indignación selectiva dicte nuestra moral, lo que se erosiona no es solo la reputación de un país. Es la credibilidad misma de las reglas que decimos defender. Es la seguridad de comunidades enteras que se preguntan si alguien dirá algo cuando sean ellas las atacadas. Es el fundamento mismo de la convivencia en democracias que dicen valorar la igualdad ante la ley pero aplican estándares diferentes dependiendo de quién es la víctima.
Ochenta años después de la liberación de Auschwitz, el mundo vuelve a enfrentar una pregunta incómoda que preferiríamos no tener que hacernos: ¿aprendimos algo, o solo memorizamos fechas para ceremonias oficiales mientras permitimos que el mismo odio resurja con nuevos disfraces?
Los mil doscientos millones de personas expuestas a narrativas sesgadas tienen derecho a información balanceada. Los estudiantes judíos tienen derecho a asistir a clase sin ser escupidos. Las familias judías tienen derecho a vivir en Europa sin preguntarse cada día si todavía tienen futuro ahí. Los cien rehenes en Gaza tienen derecho a que el mundo no los olvide.
No es mucho pedir. Es lo mínimo que una civilización que se dice justa debería garantizar. Y si no podemos garantizarlo, si seguimos aplicando dobles estándares, si seguimos guardando silencio selectivo, entonces no aprendimos nada. Y las próximas víctimas pagarán el precio de nuestra cobardía moral.
—
*Artículo producido mediante trabajo conjunto entre autor humano e inteligencia artificial.*
**Fuentes consultadas:** Anti-Defamation League (ADL), Community Security Trust UK, B’nai Brith Canadá, Reporte Asserson sobre la BBC, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, datos de audiencia de medios 2024-2025.
