En varios países occidentales —democracias que nadie consideraría autoritarias— los Estados están avanzando sobre la regulación de redes sociales e internet. Australia endurece el acceso de menores. Reino Unido impone nuevas obligaciones a las plataformas. España impulsa marcos más exigentes dentro de Europa. No es China. No es Rusia. No es Irán. Y justamente por eso el tema incomoda más.
Durante mucho tiempo internet pareció el único espacio donde el Estado llegaba tarde o llegaba poco. Un territorio caótico, sí, pero también libre. Desordenado, pero abierto. Hoy la sensación es distinta. Los gobiernos hablan de límites, de responsabilidad, de control.
Las razones no son absurdas. Protección de menores. Salud mental. Desinformación. Radicalización. Manipulación algorítmica. Todo eso existe. Negarlo sería ingenuo.
Pero hay algo que me queda dando vueltas. Cuando el Estado regula internet, no está regulando un electrodoméstico. Está interviniendo en el lugar donde circula la palabra. Y la palabra no es un detalle técnico. Es el núcleo del espacio público.
Ahora bien, lo que más me interesa no es solo la ley en sí, sino cómo se aplica. El Estado legisla. Las plataformas ejecutan. Y muchas veces, quien decide primero es un sistema automatizado. No un juez. No un funcionario. No alguien con quien uno pueda discutir cara a cara. Un modelo entrenado para detectar riesgos.
Y ahí empieza otro problema. La inteligencia artificial no entiende intención como la entiende un ser humano. Puede reconocer patrones, palabras, combinaciones sospechosas. Pero distinguir entre denunciar algo y promoverlo, entre caricaturizar una idea y defenderla, no siempre es tan sencillo.
A veces el filtro es amplio. Demasiado amplio. Y no necesariamente porque haya mala fe, sino porque el margen de error suele resolverse hacia el lado “seguro”. Es más fácil bloquear de más que dejar pasar algo que pueda generar un problema legal o reputacional.
Entonces la sensación cambia. Ya no es solo el Estado regulando. Es una combinación extraña: Estado, empresa privada y algoritmo. Nunca antes el espacio público estuvo mediado por algo así.
No estoy diciendo que deba existir un internet sin ningún tipo de reglas. Eso sería un romanticismo poco realista. El caos absoluto tampoco garantiza libertad. Las estafas, la explotación, las campañas coordinadas de manipulación son reales.
Pero tampoco me resulta cómodo pensar que el criterio último pueda quedar en manos de sistemas opacos que no explican cómo deciden.
Y acá aparece algo que me parece más profundo que la discusión política tradicional. Durante años discutimos si el poder estaba en los gobiernos o en las corporaciones tecnológicas. Ahora el poder parece distribuido en una arquitectura que mezcla ambas cosas, mediadas por tecnología.
No es izquierda contra derecha. De hecho, cuando uno mira con un poco de distancia, descubre que distintos sectores políticos, en contextos distintos, han mostrado disposición a intervenir en la vida personal cuando creen que hay un bien superior en juego. Seguridad. Moral. Protección. Orden público. El impulso regulatorio no tiene un solo color.
La pregunta entonces cambia. ¿Cómo se establecen límites sin invadir innecesariamente la autonomía individual? ¿Cómo se protege sin convertir la protección en tutela permanente? ¿Cómo se auditan algoritmos que toman decisiones sobre la expresión humana? ¿Quién controla al que controla?
No tengo respuestas cerradas. Y sinceramente desconfío de quien las tenga demasiado claras.
Tal vez estemos atravesando una etapa inevitable. Cada revolución comunicacional tuvo su fase de expansión caótica y su fase de institucionalización. La imprenta, la radio, la televisión. Internet no iba a ser la excepción.
Pero hay una diferencia: nunca antes el filtro fue un sistema automatizado que decide millones de veces por minuto. Eso cambia la conversación.
No porque la inteligencia artificial sea maligna. No lo es. Es una herramienta poderosa y útil en muchísimos ámbitos. Pero una herramienta que clasifica probabilidades no equivale a un juicio humano. Y cuando hablamos de palabra pública, de intención, de contexto, los matices importan.
Quizá dentro de algunos años este momento nos parezca simplemente un ajuste necesario. O quizá estemos construyendo una forma de control más sofisticada, menos visible y más difícil de discutir que las anteriores.
No lo sé.
Lo que sí sé es que el debate merece más profundidad que consignas automáticas. No alcanza con decir “regulen todo” ni con decir “no regulen nada”.
Estamos redefiniendo la arquitectura del espacio público digital. Y eso, nos guste o no, toca nuestra vida privada. Porque el espacio digital ya no es algo externo. Está en casa. Está en el bolsillo. Está en nuestras conversaciones cotidianas.
Quizás la discusión más importante no sea si regular o no, sino cómo garantizar que cualquier regulación —y cualquier tecnología que la ejecute— tenga límites claros, transparencia, posibilidad de revisión humana y responsabilidad institucional.
Tal vez la pregunta final no sea cuánto control es aceptable, sino cuánto estamos dispuestos a delegar sin darnos cuenta. Ese equilibrio todavía no está escrito. Y probablemente se esté definiendo ahora mismo, mientras seguimos conectados.
*Artículo producido mediante trabajo conjunto entre autor humano e inteligencia artificial.
