Desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, España insiste en presentarse como una voz equilibrada entre la condena al terrorismo y la crítica a Israel. Sin embargo, las decisiones concretas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez han terminado generando una paradoja incómoda: mientras la condena a Hamas permanece en el terreno declarativo, las sanciones y la presión diplomática recaen principalmente sobre Israel.
Desde el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez ha intentado construir una posición diplomática que se presenta como equilibrada: condenar el terrorismo y, al mismo tiempo, denunciar las consecuencias humanitarias de la guerra en Gaza.
Sobre el papel suena razonable. En la práctica, ese equilibrio es difícil de encontrar.
El 7 de octubre marcó uno de los ataques más brutales contra población judía desde la Segunda Guerra Mundial. Milicianos de Hamas cruzaron la frontera desde Gaza, irrumpieron en comunidades israelíes, asesinaron civiles, secuestraron rehenes y dejaron escenas de violencia extrema que investigaciones posteriores documentaron con detalle: asesinatos deliberados de civiles, secuestros masivos y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
El gobierno español condenó los atentados. Sánchez habló de “masacre”, exigió la liberación de los rehenes y recordó en varias ocasiones que España había condenado el terrorismo de Hamas “desde el primer día”.
Hasta ahí, la posición parecía clara.
Pero en política internacional lo que define una estrategia no son las declaraciones iniciales, sino las decisiones que vienen después.
Con el avance de la guerra en Gaza, el discurso del presidente español empezó a cambiar de tono. Las críticas humanitarias dieron paso a acusaciones cada vez más graves contra Israel. Sánchez denunció lo que calificó como “indiscriminate killing”, habló del “exterminio de un pueblo indefenso” y terminó utilizando una palabra con un peso jurídico extraordinario: genocidio.
No es un término cualquiera. El concepto de genocidio pertenece al núcleo más grave del derecho internacional. No se usa como adjetivo político sin consecuencias.
La retórica fue acompañada por decisiones concretas. En septiembre de 2025, España anunció un embargo permanente de armas a Israel. También prohibió el uso de puertos y aeropuertos españoles para material militar destinado al Estado judío y restringió la entrada al país de personas vinculadas —según la interpretación oficial— con presuntos crímenes en Gaza.
Las reacciones no tardaron en llegar.
Hamas elogió públicamente el embargo español y lo calificó como una “notable contribución”. Meses después, durante una nueva escalada regional, el presidente iraní Masoud Pezeshkian también alabó la “conducta responsable” de España frente a lo que describió como “agresión sionista-americana”.
Cuando Hamas y Teherán celebran tu política exterior, conviene detenerse un momento.
No es habitual que organizaciones islamistas y gobiernos teocráticos feliciten a democracias europeas por sus decisiones internacionales.
En marzo de 2026, durante una escalada que involucró ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, Sánchez condenó los misiles iraníes y las acciones de Hezbollah. Pero en la misma intervención describió la situación como parte de una “espiral de violencia” y cuestionó el origen de la escalada atribuyéndolo a acciones de Washington y Jerusalén.
La fórmula de la “espiral de violencia” tiene una larga tradición diplomática. Sirve para describir conflictos complejos evitando señalar responsabilidades concretas.
El problema es que el conflicto entre Israel y Hamas no es simétrico.
Uno de los actores es una democracia —imperfecta, discutida y sometida a debate interno permanente—. El otro es una organización islamista cuyo objetivo declarado es la desaparición del Estado judío.
Ese dato suele desaparecer en el debate europeo.
El gobierno español rechaza cualquier acusación de antisemitismo y sostiene que su política responde exclusivamente a la defensa del derecho internacional y de la población civil palestina. No existen pruebas de hostilidad hacia el judaísmo ni hacia el derecho de autodeterminación del pueblo judío.
Pero la política exterior se mide por sus efectos, no por sus intenciones.
Cuando las sanciones, los embargos y la presión diplomática se concentran casi exclusivamente en Israel, mientras la condena a Hamas permanece en el terreno declarativo, el equilibrio empieza a parecer otra cosa.
Europa lleva años intentando construir una posición moralmente impecable frente al conflicto de Oriente Medio. El problema es que, en el intento de equilibrar todos los argumentos, termina generando una paradoja: la mayor presión política recae sobre el único Estado democrático involucrado en la guerra.
La diplomacia de la ambigüedad puede funcionar durante un tiempo.
Pero en conflictos donde uno de los actores proclama abiertamente la destrucción del otro, la ambigüedad rara vez permanece neutral.
Tarde o temprano, inclina la balanza.
