Bajo su liderazgo, una agencia central de la ONU quedó involucrada en un escándalo que no admite eufemismos: empleados vinculados a la masacre del 7 de octubre fueron identificados, investigados y despedidos. Países congelaron financiación. Se activaron revisiones internas. No fue una simple acusación mediática. Existieron elementos suficientes para aplicar sanciones. Eso no es un desliz administrativo. Es una falla estructural en el corazón del sistema que usted dirige.
Durante años se denunció que Hamas utilizaba infraestructura civil para operar. Se habló de túneles, de armas ocultas, de infiltración en instalaciones vinculadas a organismos internacionales. Cuando el escándalo se volvió imposible de ignorar, la reacción no fue una transformación inmediata y profunda que blindara la agencia frente a cualquier penetración futura. Fue gestión política del daño. Eso, en el cargo que usted ocupa, no alcanza.
Mientras tanto, el tono hacia Israel ha sido duro, persistente y sin matices. Las condenas son claras. Las resoluciones se acumulan. El lenguaje no titubea.
Pero frente a un régimen que reconoce oficialmente más de tres mil muertos en apenas semanas de represión interna, el mensaje es protocolar. Organizaciones independientes elevan esa cifra. El propio Estado iraní admite miles. En un solo mes, la represión iraní alcanzó cifras que representan una porción significativa del total de muertes registradas en Gaza en más de dos años de guerra. No es agradable comparar tragedias humanas. Pero cuando se habla de coherencia moral, las magnitudes importan.
Si se exige el máximo estándar a una democracia en guerra contra una organización terrorista, debe exigirse con igual o mayor firmeza a un régimen que dispara contra sus propios ciudadanos. No se puede aplicar una severidad constante a un lado y enviar saludos cordiales al otro.
Imágenes tomadas por manifestantes dentro de Irán (UGC vía AP).
Ahí está la fractura.
No es diplomacia. Es doble vara.
No se trata de dictar aquí una sentencia judicial. Se trata de responsabilidad política. Cuando bajo su mando una agencia humanitaria pierde credibilidad por infiltraciones comprobadas y cuando el discurso institucional frente a regímenes represivos carece de la misma contundencia que frente a Israel, el liderazgo queda comprometido.
Un Secretario General no administra solo palabras. Administra legitimidad.
Y hoy esa legitimidad está dañada.
Por eso, António Guterres debe renunciar.
No por una consigna.
Sino porque la responsabilidad del cargo exige asumir las consecuencias cuando la coherencia se pierde.
