Desde hace meses se repite una palabra como si fuera una verdad revelada: genocidio. Se la escucha en discursos políticos, en titulares internacionales y en comunicados de organismos que se presentan como neutrales. Sin embargo, cuando se abandona el terreno de la consigna y se entra en el de los datos, el relato empieza a crujir.
Las cifras que se utilizan para sostener esa acusación no provienen de observadores independientes ni de organismos imparciales. Provienen del Ministerio de Salud de Gaza, un organismo que responde directamente a Hamás, el grupo terrorista que gobierna la Franja desde 2007 tras un golpe de Estado en el que eliminó físicamente a toda oposición. Esas cifras, repetidas sin contexto por medios internacionales y funcionarios de la ONU, hablan de unos 75.000 muertos desde el inicio de la guerra.
Ese número, presentado de forma aislada, busca provocar impacto emocional. Pero el problema aparece cuando el propio entorno de Hamás empieza a admitir lo que rara vez se dice en voz alta. En las últimas semanas, el movimiento anunció el pago de pensiones a unas 50.000 viudas de combatientes caídos. El dato no es menor. Implica, como mínimo, decenas de miles de terroristas muertos en combate. Aun siendo conservadores, incluso sumando márgenes razonables, la proporción es clara: más de 60.000 de los fallecidos serían combatientes.
Eso deja una cifra estimada de menos de 15.000 civiles muertos en más de dos años de una guerra urbana, librada en uno de los territorios más densamente poblados del planeta, con un grupo terrorista que utiliza sistemáticamente a su propia población como escudo humano. No se trata de negar víctimas civiles —cada una es una tragedia—, sino de poner los números en su contexto real.
La acusación de genocidio no resiste ese análisis. Ni desde el punto de vista jurídico, ni histórico, ni estadístico. Las guerras urbanas modernas, incluso aquellas libradas por potencias occidentales, suelen mostrar proporciones mucho más altas de víctimas civiles. Aquí ocurre lo contrario, y aun así se insiste en una narrativa que ignora los datos que la contradicen.
Campo de refugiados en Gaza. (Comida israelí)
La paradoja es evidente: cuanto más se repiten las cifras de Hamás sin analizarlas, más se debilita el relato que pretenden sostener. Pero el objetivo no es describir la realidad, sino imponer una interpretación moral prefabricada, donde Israel ocupa el lugar del mal absoluto y el terrorismo islamista queda diluido bajo la etiqueta de “resistencia”.
Esa distorsión no es inocente. Alimenta un clima de odio, legitima el antisemitismo contemporáneo y convierte a las víctimas del 7 de octubre en un detalle incómodo que conviene olvidar. Pensar exige algo más que repetir consignas. Exige mirar los números, incluso cuando no dicen lo que algunos necesitan que digan.
